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Se complica lío por alquiler de edificios de tribunales (documento)

Cecort Realty Development demandó a la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la jueza Isabel Llompart, en su carácter personal y oficial en el Tribunal Federal por haber cancelado los contratos de arrendamiento donde están las oficinas del Tribunal de Apelaciones y de la OAT.

Cecort demandó en el Tribunal Federal tras alegar que no puede radicar la demanda en los tribunales de Puerto Rico porque el caso lo enfrenta de lleno contra la directora de la OAT, quien administra los tribunales y quienes ya han prejuzgado el mismo.

'Sus acciones tomadas so color de la ley estatal, son tan increíblemente arbitrarias y caprichosas que están privando y privarán al demandante de sus intereses patrimoniales protegidos por la Constitución de Estados Unidos a menos que este Tribunal intervenga', sostuvo.

Hace más de diez años, el demandante construyó dos edificios para la OAT diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de la Rama Judicial a un costo de más de $80 millones para albergar el Tribunal de Apelaciones y las oficinas de la OAT. El demandante y la OAT entraron en un tipo único de contrato de arrendamiento de ambos edificios por un plazo total de 30 años. El Tribunal de Apelaciones comenzó a ocupar las oficinas en el 2003 y la OAT en el 2005.

El contrato de arrendamiento no prevé la cancelación unilateral del mismo antes de la expiración de su respectivo término sino que se puede hacer luego de los primeros 10 años. Si no se hace, la OAT tiene que esperar al final de los segundos 10 años. En todo caso, tenía que informar con 360 dias de anticipación que no continuaría con el arrendamiento. La OAT no informó en el 2013 que quería terminar el arrendamiento.

'Usando un vago estatuto' la OAT pidió a Cecort que le devolviera una parte de la renta que había recibido durante los últimos diez años basándose en un informe de la Oficina del Contralor escrito hace dos anos. En ese informe, el Contralor consideró que el monto del alquiler era 'excesivo.' Irónicamente, ese informe había sido impugnado y criticado por la OAT.

La renta mensual por el alquiler del edificio del Tribunal de Apelaciones es de $422,603 y por el de la OAT son $585,596. La renta incluye las áreas comunes.

La OAT se comunicó con el demandante para tratar de renegociar el contrato y bajar la renta mensual. El demandante dijo que le tenían que pagar ciertos gastos que incurrió en la construcción de los edificios.

El 15 de diciembre de 2014, el demandante le hizo una oferta a la OAT para reducir la renta de ambos edificios por un 24% y transar una demanda por $1.4 millones que la OAT había interpuesto en los tribunales para solicitar la devolución de cierto dinero de la renta. La OAT no aceptó, entre otras cosas porque no quería pagar $125 mensuales por cada estacionamiento. La OAT solicitó una reducción de 26%.

El presidente de Cecort solicito una reunión con la OAT para hacer una contraoferta pero no le contestaron. En enero, se enteró por la prensa que se había firmado un contrato de arrendamiento para alquilar un edificio público para la OAT y el Tribunal de Apelaciones.

La OAT 'unilateral y arbitrariamente' canceló los contratos de arrendamiento, a pesar de que ambos contratos aún no han expirado y no hay causa para la terminación de los mismos. 'El demandado simplemente anunció que había arrendado un nuevo edificio de una entidad gubernamental para albergar al Tribunal de Apelaciones y sus propias oficinas, y abruptamente canceló los contratos de arrendamiento y terminó las negociaciones celebradas de buena fe por el demandante para reducir la renta futura. Por otra parte, el acusado ha dejado de pagar el alquiler actual en su totalidad, mientras que sigue contando con el uso de las instalaciones', dice la demanda.

Cecort alega que las acciones de la OAT le han causado un daño irreparable porque no podrá pagar las deudas que tiene por las construcciones.

En la demanda, Cecort solicita que le prohíba a la OAT solicitar la devolución de ciertos pagos, que se le impida cancelar el contrato y que se le paguen los gastos legales.

Demanda contra tribunales por edificios de Apelativo y OAT - NotiCel_11742

La jueza administradora de los tribunales, Isabel Llompart Zeno. (Josian Bruno/Archivo NotiCel)
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