Aunque en un informe reciente la casa evaluadora de credito Moody's basó una alerta al mercado en sólo las expresiones de tres legisladores populares sobre la deseabilidad de una reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el Ejecutivo no se ha quedado atrás en las señales que ha dado al mercado de que estaría buscando una reestructuración de la deuda a la primer oportunidad que tengan.

En una nota circulada ayer, la agencia Reuters enfoca en que el Gobierno de Puerto Rico ha contratado los servicios de una empresa, que no fue identificada, compuesta por exempleados del Fondo Monetario Internacional (FMI) con miras a llevar su nivel de divulgación de información de finanzas a la par con los estándares de países soberanos en problemas financieros, como Argentina y Grecia.

En reacción a esta nota, una fuente de NotiCel con conocimiento de los movimientos del FMI indicó que esta contratación podría responder a que, ante la improbabilidad de que se pueda hacer la emisión de bonos de sobre $2,000 millones basada en la 'crudita', el Gobierno haya iniciado un examen profundo de los gastos públicos para 'hacer escenarios de cantidad de financiamiento requerido durante periodo de reestructuración'.

'[Q]uieren precisar la necesidad de 'cash' o líneas de crédito para todas las entidades públicas en conjunto', precisó. 'Pueden estar evaluando la magnitud de financiamiento requerido en función de la brecha y la duración de esa deficiencia de 'cash' para ver bajo qué estructura (síndico o Banco Gubernamental de Fomento intervenido) allegan fondos', añadió.

La nota cita a inversionistas que ven la movida como una saludable para que Puerto Rico se ajuste a los estándares más altos de divulgación financiera del mercado internacional, en vez de pasar fichas con la regulación más laxa en el mercado de Estados Unidos. La movida ocurre después de que el Ejecutivo tratara de establecer la 'quiebra criolla' y cuando hay ante el Congreso una petición de enmienda a la Ley de Quiebras federal para que aplique a las dependencias del gobierno aquí. Además, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no ha publicado el Índice de Actividad Económica (IAE) desde diciembre de 2014. El IAE venía reflejando una baja consecutiva en los últimos dos años.

Mientras esto ocurre, miembros del Ejecutivo en conjunto con la Legislatura están tratando de contrarrestar el impacto negativo que esto está teniendo en la futura emisión de bonos de $2,900 millones, que hará el Gobierno a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), transacción con la que la administración García Padilla ha cimentado sus esperanzas de darle liquidez al BGF.

Del lado del Ejecutivo, primero salió la presidenta del BGF y exsecretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, a decirle a los inversionistas que tanto ella como el Primer Mandatario rechazaban la Resolución Concurrente de los representantes populares Manuel Natal Albelo, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres, que pretende hacer un Referéndum Especial, con la intención de entre otras cosas enmendar la parte de la Constitución que le da prioridad al pago de intereses y amortización de la deuda pública, de ocurrir una insuficiencia en los recursos del Estado.

Luego, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, manifestó el lunes que el Ejecutivo no va a dar paso a una reestructuración de la deuda pública por los bonos de obligaciones generales (GOs), atendiendo así las preocupaciones levantadas en el mercado por Moody's.

Dicha agencia evaluadora de crédito expuso en un análisis privado publicado recientemente, que los funcionarios electos en Puerto Rico parecen inclinarse en 'erosionar' los pagos a los acreedores del Gobierno Central y de las corporaciones públicas, ante el prologando estancamiento económico y la rápida acumulación de la deuda pública. Además, recuerdan se aprobó una ley para reestructurar la deuda de las corporaciones públicas, aunque luego fue declarada inconstitucional por el juez federal Francisco Besosa. La determinación ha sido impugnada por el Gobierno ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, José Rafael Nadal Power, aseguró que quizás se han malinterpretado algunas expresiones hechas desde la Legislatura para reestructurar la deuda pública, y opinó que es poco viable que se acoja la propuesta hecha desde la Cámara de Representantes para hacer dicho Referéndum Especial.

En entrevista con NotiCel, Nadal Power dijo que lo único que ve viable es llegar a un consentimiento con los acreedores para hacer modificaciones a los acuerdos iniciales, que sean de beneficio mutuo.

El Senador por el distrito de San Juan fue enfático que en ningún momento en el Senado se ha pretendido hacer ajustes en los acuerdos a espaldas de los bonistas y de manera unilateral. De ocurrir eso, aseveró que entonces habría una razón para justificar que sedesalentara el interés del mercado en la próxima emisión de AFI, como reportó Reuters.

A su vez, Vega Ramos, Natal Albelo y Torres, mediante declaraciones escritas defendieron su medida, la que entienden no se distancia de las gestiones que está haciendo el Ejecutivo mediante la apelación a la invalidación de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, y la unión que han hecho con el comisionado residente Pedro Pierluisi, para que el Congreso de Estados Unidos apruebe unas enmiendas a la Ley de Quiebra Federal, con el fin de que Puerto Rico pueda acogerse a las disposiciones del Capítulo 9.

Del mismo modo, los legisladores populares resaltaron que no son los únicos hablando de la reestructuración de la deuda pública, y aquilataron el último análisis publicado por Moody's, entidad que entiende ha continuado con un 'trato negativo' hacia Puerto Rico a pesar de los ajustes realizado por el Gobierno para mejorar su situación fiscal.

'Nadie, nadie, propone que Puerto Rico desatienda sus obligaciones con nuestros acreedores. Lo que estamos diciendo, como tantos otros, es que llegó la hora de discutir la forma y manera razonable de renegociar esa deuda para bien tanto de Puerto Rico como de sus acreedores', sentenciaron.

'El Gobierno de Puerto Rico está obligado a proteger el mejor interés del Pueblo de Puerto Rico. Esa es la razón de su existencia. Nuestra propuesta, que puede analizarse junto a las otras, es una respuesta que procura mitigar la indefensión en que hoy se encuentra Puerto Rico frente a los intereses de Wall Street', agregaron.

*Modificado para añadir dato del IAE.