El gobernador Alejandro García Padilla parece haber olvidado su promesa al país en la pasada contienda electoral, y es que las medidas promulgadas por su administración en materia fiscal y económica distan de lo establecido en la Plataforma de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), organismo político que preside.

La distancia entre las medidas y la plataforma es tan amplia que durante una vista pública de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, varios alcaldes populares admitieron al portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Larry Seilhamer, que la Ley de Transformación al Sistema Contributivo se distanciaba de la Plataforma de Gobierno del PPD.

Pese a esto, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, quien participó de dicha vista manifestó NotiCel que, 'es importante mencionar que los programas de Gobierno se hacen basados en una percepción de una realidad que tiene en ese momento dado el candidato o la candidata a la Gobernación. Recordando que los candidatos no tienen toda la información interna de la operación del Gobierno… En esa dirección, los Programas de Gobierno no están escritos en piedra. Puede haber alguna variante en términos de alguna necesidad que tiene el pueblo en un momento dado, y especialmente en esta crisis económica la cual estamos atravesando. El Gobernador quizás con la buena intención está tratando de resolverla de una forma que nosotros pues no coincidimos'.

Tras una revisión a la Plataforma, este diario digital encontró una serie de incongruencias que trascienden el referido proyecto de Reforma Contributiva.

Pero quizás la mayor contraposición queda plasmada en las admisiones del secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, y del director de la Oficina y de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, de que los ingresos adicionales que obtendrán con el cambio del sistema tributario a uno enfocado principalmente en un Impuesto al Valor Añadido (IVA) serían destinados a satisfacer los aumentos al pago del servicio de la deuda ($655 millones) y las aportaciones adicionales a los sistemas de retiro ($140 millones).

Son múltiples los sectores que han señalado que el IVA traería efectos adversos en los ciudadanos, los municipios y los negocios. Más aun, el propio Ejecutivo admite el efecto regresivo del impuesto en los sectores desventajados económicamente, por lo que trabajan en el diseño de un mecanismo de reembolso parcial a ciertos ciudadanos por lo gastado en el IVA.

Sin embargo, la Plataforma del PPD establece que 'las estrategias para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado no pueden ser a expensas de arriesgar ni el bienestar ni el desarrollo de nuestra gente'.

'Mientras más recursos se utilicen para pagar deuda, menos recursos estarán disponibles para mejorar los servicios básicos de nuestra gente', se añade.

En ese sentido, Hernández Torres, reiteró que está en desacuerdo de establecer un IVA con una tasa de 16%, y que lo que se recaude se vaya a utilizar para prácticamente pagar la deuda con los bonistas y no se reserva nada para impulsar el desarrollo económico.

'De qué vale que el pueblo de Puerto Rico tenga que pagar 16% más en las transacciones que hace, para satisfacer un ego, y, una obligación obviamente que tenemos con los acreedores, cuando se pueden buscar otras alternativas y no penalizar al pueblo trabajador?', inquirió.

Son varios los sectores que le han propuesto al Primer Mandatario que reestructure parte de la deuda pública, para que no se afecten las operaciones del Gobierno ni a los ciudadanos, algo con lo que coincide Hernández Torres.

En esa línea, Hernández Torres, planteó que de haber un impago por parte del Gobierno como han advertido la firma de servicios financieros, Janney Capital Markets, y el exgobernador Aníbal Acevedo Vila, el gobierno de Estados Unidos debe también asumir responsabilidad.

'El puertorriqueño y el gobierno de Puerto Rico quieren pagar, pero que le den el oxígeno suficiente para encaminar esta economía. Todos los años cuando vamos a trabajar un presupuesto, la presión de los bonistas es latente. El Gobernador sin duda ha tratado de hacer asuntos que simpáticamente y políticamente no son favorables, tratando de lidiar con esta situación, pero caramba, yo creo que ya está bueno de que los bonistas le den un respiro al gobierno de Puerto Rico para encaminar esta economía y echarla para adelante', determinó.

A su vez, los representantes populares Manuel Natal Albelo, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres radicaron una Resolución Concurrente (RKC0050) que busca obtener una autorización para hacer un Referéndum Especial, en aras de consultarle al pueblo si se enmienda la Constitución para entre otras cosas eliminar la prioridad sobre el pago de intereses y amortización de la deuda pública frente a otras responsabilidades, de ocurrir una insuficiencia en los recursos económicos del Estado.

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y exsecretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, rechazó la propuesta de los tres representantes populares.

'El BGF se opone enérgicamente a cualquier enmienda constitucional que menoscabe las tradicionales protecciones constitucionales conferidas a los tenedores de la deuda de Puerto Rico. El gobernador Alejandro García Padilla también ha expresado públicamente que se opone a cualquier enmienda de esa naturaleza. La prioridad del BGF a corto plazo es fortalecer las finanzas del gobierno central y la liquidez del BGF', sentenció Acosta Febo.

De otro lado, aunque la Plataforma del PPD no es categórica en favorecer alguna estructura de impuesto al consumo en particular, si señala que entre las metas estaba fiscalizar el Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU), sin atropellar a las pequeñas y medianas empresas.

Pero también expone que el PPD iba a 'luchar contra la evasión contributiva y la ampliación de su base para aumentar los recaudos… Reclutaremos fiscales especializados en evasión contributiva y reclutaremos auditores adicionales y otro personal de apoyo en el Departamento de Hacienda. De esta forma aumentaremos las gestiones de fiscalización para reducir la evasión contributiva. Por otra parte, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y otras agencias tienen que trabajar integradamente para identificar e intervenir con el evasor, a todos los niveles'.

Asimismo, García Padilla a través de la Plataforma del PPD prometió velar por la autonomía municipal.

'El Partido Popular Democrático reafirma su compromiso de fortalecer y ampliar los preceptos de la autonomía municipal. Como nuevo enfoque en la administración pública del País y para crear un modelo de gobernabilidad de avanzada, nos comprometemos con una descentralización de algunas de las funciones del gobierno central hacia los gobiernos municipales, una regionalización del poder decisional y de la prestación de servicios para promover la eficiencia y la agilidad en el servicio a la ciudadanía', se abunda en la Plataforma.

No obstante, esto queda en entredicho cuando el proyecto de Reforma Contributiva pretende prohibir a los municipios cobrar el IVU Municipal de 1%.

Hay alcaldes populares que pidieron tener el control del cobro del IVUdebido a que desconfían del Departamento de Hacienda y entienden que pueden lograr una mejor captación, pero el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, sostuvo que las mismas dudas sobre el cumplimiento con la transferencia de los fondos recaudados las tiene el Gobierno Central si los ayuntamientos llevan a cabo dichas funciones.

Sin embargo, Hernández Torres, rechazó que los municipios incumplan con dichas transferencias al Gobierno Central.

Más allá de la tímida gestión del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, para evaluar los créditos contributivos, el Ejecutivo ignoró las recomendaciones de la firma de consultores de KPMG que propuso mayores controles en la otorgación de estos incentivos. En concreto los consultores contratados por el Departamento de Hacienda recomendaron mayor fiscalización en la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico (Ley 73) y la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios (Ley 20). Incluso, sugirieron más requisitos de actividad económica para cualificar para los beneficios de la Ley 20 y hasta plantearon la eliminación de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (Ley 22).

Las recomendaciones de KPMG son cónsonas con la Plataforma del PPD, en la que se esboza que se evaluarán todos los incentivos contributivos 'para reenfocarlos fundamentalmente hacia la creación de empleos… Actualmente existen numerosas excepciones, exenciones y créditos contributivos, lo que hace que nuestro sistema tributario sea complejo; donde la exención se convierte en la regla. De igual forma no existe un análisis donde se evidencie cuándo y cómo los beneficios contributivos logran los objetivos deseados. Nos proponemos simplificar el sistema de incentivos contributivos y asegurar que se logren los objetivos por los que fueron otorgados, siempre salvaguardando las obligaciones contractuales previamente adquiridas'.

Hay que destacar que bajo el Reglamento del PPD se obliga a todos los candidatos electos a que defiendan los postulados del Programa de Gobierno de dicha colectividad.

'Obviamente si no está dentro del Plan de Gobierno (lo dispuesto en el proyecto de Reforma Contributiva), no es una obligación de los legisladores tanto de Cámara como del Senado de votarle a favor. Ahora, si dentro del caucus hay un compromiso de caucus, pues vienen obligados ellos a tomar una determinación de si le van a votar en contra, si le van a votar a favor o si lo llevan a votación….El criterio de cada uno de los legisladores es un elemento de conciencia. Sobre todo, de si ellos entienden que lo que ha presentado el Gobernador es positivo, pues tienen la libertad de votarles a favor. Si entienden que esas no son las alternativas, que pueden surgir otras ideas, que claro obviamente han surgido, y pueden modificar el Proyecto, cada cual asume su responsabilidad. Yo no le voy a indicar a mis senadores, ni a mis representantes, que le voten en contra a un proyecto. Cada cual asume su responsabilidad', puntualizó Hernández Torres.

Finalmente, Hernández Torres, reafirmó su postura en favor de que se le incrementen los impuestos a las corporaciones foráneas que repatrian sus ganancias, que la aportación adicional que tendrían que hacer los ciudadanos para evitar un impago sea una mínima, que se controlen la otorgación de decretos de exención contributiva a las empresas -lo que a su juicio es un 'mantengo corporativo'-; que se resuelvan las limitaciones por la condición política de Puerto Rico, incluyendo el problema con las leyes de cabotaje, y que los municipios colaboren con el Gobierno Central para combatir la evasión contributiva, entre otros.

Ni José Aponte Dalmau (alcalde de Carolina), ni Carmen Yulín Cruz Soto (alcaldesa de San Juan), ni William Miranda Torres (alcalde de Caguas), contestaron a la petición de entrevista cursada por este diario digital.

Reglamento PPD - NotiCel _11562