El allanamiento de sus oficinas por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ayer propina un golpe de imagen a la candidatura independiente de la licenciada Alexandra Lúgaro que la puede afectar directamente en el primer obstáculo para cualquier candidato independiente: el recogido de endosos.

Las autoridades federales allanaron las oficinas en Trujillo Alto de América Aponte y Asociados, el negocio que Lúgaro heredó de su madre, así como que ejecutaron otras 16 órdenes de allanamiento en otros 12 municipios con relación a una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos.

La pesquisa abarca a compañías que proveen los servicios de tutoría y ayuda suplementaria que se supone incidan en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, pero que han estado bajo análisis precisamente por supuesta inefectividad de sus servicios.

NotiCel confirmó que otra de las firmas allanadas fue Action to Build Changes, cuyo presidente es Juan Ángel Martínez Romero y su socio es Ernic Ortiz, hermano del excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Eder Ortiz.

El golpe federal viene justo cuando, por disposición de la Ley Electoral, Lúgaro debe estar enfrascada en el proceso de recoger endosos, o firmas del público a favor de su candidatura, un obstáculo que existe para los candidatos independientes, pero no para los candidatos bajo partidos establecidos.

Los aspirantes a candidato independiente para gobernador, como Lúgaro, necesitarían recoger unos 26,882 endosos para poder correr ya que eso sería el 3% de la cantidad de votos que obtuvo el candidato ganador a la gobernación en la elección pasada, Alejandro García Padilla, quien ganó con 896,060 votos.

El límite para entregar el 50% de los endosos es noviembre de este año, y, un mes después, en diciembre, se acaba el plazo para el restante 50%.

Al momento, Lúgaro no ha dicho si la acción de ayer altera su plan para la candidatura independiente.

Además de ser elector hábil, todo candidato a gobernador, ya sea independiente o de un partido político, tiene que cumplir con los requisitos constitucionales de haber cumplido a la fecha de la elección los treinta y cinco años de edad y sea y haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico.

El Artículo 8 de la Ley Electoral establece que los partidos políticos establecerán los requisitos para que los aspirantes puedan cualificar para un cargo público electivo, excepto en aquellos casos que la aspiración sea a través de una candidatura independiente. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) establece los requisitos para que un aspirante se convierta en candidato de manera independiente y estos incluyen que establezca su intención de aspirar a una candidatura completando bajo juramento un formulario informativo de la Comisión con el fin de iniciar el proceso de candidaturas.

Se le exige a todo candidato una certificación del Departamento de Hacienda que declare el cumplimiento por parte de la persona de la obligación de rendir su planilla de contribución sobre ingresos en los últimos cinco años y las deudas existentes, si alguna. En caso de que la persona tenga deuda, la certificación informará sobre la existencia de un plan de pago y que se está cumpliendo con el mismo. En caso de que la certificación requerida declare que la persona no ha rendido planillas y se trate de una persona que no recibió ingresos o residió fuera de Puerto Rico durante los últimos cinco años o parte de éstos, la persona vendrá obligada además, a presentar una declaración jurada que haga constar tales circunstancias.

Los candidatos tienen que presentar una certificación del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales que declare que no tiene deuda por motivo de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. En caso de que la persona tenga deuda, la certificación informará sobre la existencia de un plan de pago y que se está cumpliendo con el mismo.

Se le exige que se haya sometido a pruebas de dopaje para la detección de sustancias controladas de conformidad con las directrices que establezca la Comisión a petición del partido político al que pertenezca el aspirante. En los demás casos, la Comisión determinará por reglamentación los contornos de este requisito. En la elección pasada fueron pruebas de cabello. En el caso de los candidatos independientes, la CEE estableció los laboratorios adonde tenían que ir.

Lúgaro ya admitió en un programa de radio que en algún momento usó marihuana.

El candidato debe presentar un certificado de antecedentes penales que refleje que no ha sido convicto de delito grave o menos grave que implique depravación moral y una declaración jurada de que no ha sido convicto por estos delitos en otras jurisdicciones, ya sea estatal o federal.