Líderes comunitarios de Guaynabo denunciaron hoy lunes la insistencia del Municipio en derogar la designación de comunidad especial a 14 comunidades especiales en el área, lo cual daría luz verde a la expropiación de sus habitantes.

El líder comunitario de la barriada Vietnam, Alfonso Lugo Parrilla, denunció 'atropellos' del alcalde Héctor O'Neill García quien, con el propósito de construir un proyecto turístico, ha expropiado familias de comunidades especiales que reciben, por ley, la protección contra desahucio.

La Ley 232, que otorgó apoyo adicional a los residentes de comunidades especiales, dicta que un proyecto de construcción del Municipio tiene que recibir el aval de tres cuartas partes de los vecinos del sector y de la Legislatura Estatal antes de firmar una sentencia de expropiación o demolición.

En el 2010, el proyecto del Senado 1575, impulsado por Roberto Arango, intentó derogar por completo la Ley de Comunidades Especiales, para que los alcaldes tuvieran luz verde para encauzar 'la ruta que debe seguir un pueblo para progresar', dijo entonces. En aquel entonces, la Cámara de Representantes le cerró el paso al proyecto.

El municipio de Guaynabo radicó en el 2007 una demanda judicial contra el Gobierno exigiendo que una sentencia declaratoria dejara sin efecto la designación de las comunidades especiales en su municipio. El argumento, que aún hoy sostienen, es que no se produjo la debida consulta al alcalde y su equipo de trabajo.

'Él sí participó a través de cartas. Además, su opinión no era firme y final, porque esto era un programa de gobierno y no de municipio. Un programa que vino por fin a hacer justicia social a las comunidades. Todos pasamos por el debido proceso para el perfil socioeconómico y demás, para recibir los beneficios', sostuvo José Luis Oyola, portavoz de la comunidad Los Filtros.

Según ambos líderes comunitarios, el alcalde ha respondido a las trabas con 'abusos continuos' a las comunidades, los cuales han cobrado la forma de recortes a los servicios básicos. 'El servicio es muy malo. Hay pasto arropando las aceras, zanjas con aguas negras que son un vivero de mosquitos. Son tantos los ataques que han surgido, que de verdad no vivimos en paz aquí', agregó Lugo Parrilla.

Oyola coincidió en que el alcalde ha profundizado la 'marginación de las comunidades', privándolas de servicios básicos. En su comunidad de Los Filtros, contó, desde el 2006 no reciben servicio de mantenimiento de caminos y aceras, y son los vecinos del sector quienes asumen la labor de preservar la higiene del entorno.

'En el caso de Vietnam, la destrucción de las casas, los tubos botando agua, la cablería eléctrica peligrosa para los niños que juegan. Todo ese deterioro para después llevar la cara fea que él mismo ha producido, cuando lo que tiene que buscar es la forma de reunirse con las comunidades y que seamos partícipe del desarrollo', sostuvo.

Aparte del deterioro físico de su sector, ambos líderes comunitarios manifestaron desasosiego por el deterioro emocional de sus habitantes. Viven con miedo, dijo Lugo, casi no pueden dormir por el temor de que los despiertan para desahuciarlos.

'Este es nuestro habitat, nuestro sistema de vida, aquí hemos vivido por años, ganándole terreno al mar - hay hasta 7 y 10 pies de relleno para poder construir nuestras cosas- después de tanto sacrificio, Vietnam y 13 comundiades más están en peligro de extinción', sostuvo Lugo Parrilla.

El residente de Vietnam desconfía que el alcalde tenga planes reales de construir una obra pública, en vez de ofrecer el terreno como suelo fértil para la construcción de un condominio de lujo. Parte de esa desconfianza se debe a que las expropiaciones en su comunidad, aunque no han sido forzosas, se alimentaron de 'marañas' del Municipio, opinó, para convencer a las personas de abandonar sus hogares.

Muchos de ellos, trasladados al complejo Villa Concepción I, se han enfrentado a vicios de construcción en sus nuevas residencias, y se quejan además de recibir un cheque de expropiación que no cumplía con la palabra del Municipio. 'Pero ya firmaron el documento, ya no podemos hacer nada', dijo con pesar el portavoz.

Líderes comunitarios de diversos sitios de la Isla asistirán también al juicio que se efectuará los días 18 y 19 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal de San Juan. 'Las 742 comunidades especiales a nivel de toda la Isla ya están alerta. Si le sucede algo adverso a nuestras comunidades, crearía el precedente para que otras comunidades puedan verse afectadas', advirtió Oyola.