La Comisión Especial del Senado que investiga la compra de petróleo de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) refirió el martes al Departamento de Justicia la posible comisión del delito de apropiación ilegal agravada por parte de la compañía Petro West Inc., la cual suplió petróleo a la AEE entre el 2009 y el 2012.

La información la reveló el portavoz de la Mayoría, Aníbal José Torres, en conferencia de prensa junto con investigadores de la comisión.

Según Torres, la empresa sometió facturas a la AEE que no correspondían al pago de contribuciones municipales y ese acto le permitió obtener $1.4 millones en beneficios.

La compañía le pagaba a Peñuelas y Mayagüez .4% en contribuciones municipales pero le facturaba a la AEE .5% por ese mismo concepto, algo que encareció el costo de combustible. La compañía pagaba contribuciones municipales debido a que posee y maneja tanques de almacenamiento de combustible residual número seis en los dos municipios.

Esas facturas fueron firmadas por la Oficina de Combustible cuyo director era William Clark, una figura que ya ha sido vinculada a otras irregularidades.

Cesar López, principal investigador de la comisión, dijo que no se refirió a Clark a Justicia porque a esa agencia es a la que le corresponde hacer la investigación criminal correspondiente.

Según Torres, el contrato entre Petro West Inc. y la AEE establece que en el precio por combustible que se facture, se incluyan todos los impuestos y tarifas así como patentes municipales pero que se cobraba el .5%.

Además, Torres dijo que la investigación encontró que Petro West rindió su declaración de volumen de negocios a los municipios de Peñuelas y Mayagüez a razón del .4%. Además de apropriación, Petro West pudo incurrir en enriquecimiento ilicito.

La AEE le desembolsó a la empresa entre el 2010 al 2012 un total de $1.5 mil millones por la entrega de 13.5 millones de barriles de combustible. De esta cantidad, $7 millones, el equivalente al .5% del total, son por concepto de patentes municipales.

De otra parte, Torres informó que la AEE pudo haber violado la Ley 458 del 2000 que establece que ninguna entidad gubernamental puede hacer negocios con una persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado culpable de actos de corrupción.

Torres dijo que le envió una carta al director de la AEE, Juan Alicea, en la que le pidió que reevaluara el contrato por compra de petróleo con Petrobras, entidad que enfrenta investigación por actos de corrupción. Ese contrato fue firmado en septiembre.

Alicea contestó que el contrato con Petrobras fue posterior a las acusaciones de funcionarios; que cumple con la ley al requerir la divulgación mediante la presentación de una declaración jurada a esos efectos; que la Autoridad se ha visto afectada en su capacidad de salir al mercado y adquirir combustible por su situación fiscal por lo que compañías que venden petróleo le imponen condiciones más onerosas; que vigilan la situación de Petrobras; y que están solicitando propuestas para el suministro de combustible para las centrales de San Juan, Palo Seco, Aguirre y Costa Sur para la que esperan mayor participación de suplidores de combustible.

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