Pese a que la firma KPMG recomendó que las exenciones bajo la Ley 20 fueran revisadas 'particularmente con respecto a requerir niveles específicos de actividad económica', y que los beneficios concedidos bajo el estatuto debían analizarse periódicamente para un mayor rigor costo-beneficio así como 'ajustarse de ser necesario', el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, no consideró necesario adoptar la sugerencia para que formase parte del proyecto de la Reforma Contributiva. La firma Zaragoza & Alvarado, PSC., de la que el funcionario forma parte, se beneficia actualmente de uno de estos incentivos.

Por ello, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, refirió al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo a Zaragoza Gómez, luego de conocer la respuesta que el funcionario ofreció a NotiCel sobre su postura de no cambio a las leyes 20 y 22 para atraer inversión.

Zaragoza justificó mantener inalteradas estas medidas porque, 'van dirigidas a una actividad económica en específica, según lo que me informa el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (Alberto Bacó Bagué), es una de sus principales herramientas (para impulsar el desarrollo del país). Yo creo que hay que darle una espacio a esa legislación para poder evaluarlas con calma y entonces determinar si hay que hacerle ajustes'.

Previo a su confirmación en el Senado, Zaragoza Gómez se curó en salud al radicar ante la OEG una escritura para crear un fideicomiso ciego, en el que se incluyó la firma Zaragoza & Alvarado, PSC. Con esta acción, el Secretario buscó atender cualquier apariencia de conflicto de interés que se levantara hacia esa firma y las entidades Zaragoza Alvarado, LLC.; Alvarado Tax Business Advisors, LLC.; Alvarado Tax, LLC.; Z & A Realty, LLC.; Outsourcing Services, LLC.; Outsourcing Services, Inc.; Integral Corporate Solutions, LLC.; Integral Corporate Solutions, Inc.; T&P Realty, SE; e Interstate General Properties Limited Partnership, SE.

Según la OEG, 'el fideicomiso ciego es un mecanismo jurídico que sirve para aislar los intereses privados de los servidores públicos, creando un ‘muro' entre estos y su patrimonio, cuando los mismos pudieran generarle algún conflicto de interés. Dicho conflicto puede generarse cuando en sus funciones públicas, el servidor público debe adoptar decisiones en las cuales sus intereses privados pueden verse enfrentados contra los intereses públicos. Por lo tanto, la premisa subyacente que guía la constitución de un fideicomiso de esta naturaleza es que si la persona ha dejado en el fiduciario el manejo de sus intereses privados, sus actuaciones no estarían sujetas a un ataque colateral por cuestiones de conflictos de intereses o la apariencia de tal conflicto'.

Rosario detalló que con el fideicomiso es como si dichas entidades 'dejaran de ser tuyas por un tiempo… la persona tiene que tener gran confianza en el fiduciario (quien tendrá la custodia y administración de las empresas, hasta que en este caso, Zaragoza Gómez deje de ser un funcionario público)'.

De acuerdo a Rosario, debido a este fideicomiso, cualquier movida para renovar o alterar los incentivos de los que goza la firma Zaragoza <><><><>& Alvarado, PSC., tendría que ser manejada por el fiduciario y el Secretario no podría intervenir./p

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El mecanismo de los fideicomisos permitiría, sin embargo, que cuando el Secretario se reintegre a su práctica privada, se beneficie de cualquier crecimiento que haya tenido su participación en el negocio como resultado de su bonanza. Se trata de ganancias que la existencia del incentivo ayuda a aumentar./p

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En la opinión de OEG del pasado noviembre, cuando se levantaron cuestionamientos sobre conflictos de interés por el contrato de la firma Zaragoza Alvarado, LLC con el Departamento de Hacienda, no se desprende cuáles eran las otras entidades que aparte de TP Realty, SE; e Interstate General Properties Limited Partnership, SE; se le requirió al funcionario incluir en el mecanismo de inhibición.

Sin embargo, la mera movida de descartar la recomendación de KPMG sobre incentivos que le benefician fue motivo para el referido de la OEG.A su vez, el titular de Hacienda presidió el Grupo Asesor de la Reforma Contributiva, en el que también fue miembro Bacó Bagué. El Grupo presentó sus recomendaciones al gobernador Alejandro García Padilla previo a la radicación del Proyecto de la Cámara 2329, que una vez aprobado sería implementado por Zaragoza Gómez.

Durante el intercambio con este diario, el funcionario fue incapaz de precisar cuál fue la evidencia que presentó Bacó Bagué al Ejecutivo en relación a los empleos que se han creado ni a las inversiones que se han obtenido a raíz de estos dos incentivos.

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