El viernes tuvimos en vitrina a un gobierno manipulador haciendo un despliegue de falta de respeto y fantochería para poder perpetrar a oscuras la Reforma Contributiva que podría signifcarle a usted tener o no tener empleo, quedarse o mudarse de la Isla, poder o no poder pagar sus medicinas, y poder o no poder garantizar el alimento de sus hijos.

El escenario fue la vista para dilucidar el reclamo de la periodista Luisa García Pelatti y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico para que el Departamento de Hacienda divulgue el informe de sus consultores, KPMG, que sirve de base para dicha reforma.

La actuación del Gobierno sorprendió por los nuevos niveles insultantes y antidemocráticos que lograron alcanzar con sus argumentos. Al principio de la controversia, el argumento era que el informe no era final sino sólo borrador, luego que tenían que esperar a que lo evaluara un comité asesor del Gobernador al que, como reveló NotiCel, también le escondieron el informe, y ayer, contra las cuerdas, el Gobierno reveló sus verdaderas razones: no lo entregan porque no quieren que el pueblo lo conozca y lo discuta, porque no quieren ponerse los pantalones largos de la transparencia para exponer su Reforma al más completo escrutinio público.

Pero también sorprendió una Judicatura cuya visión del acceso a la información está más cerca de la carrera de obstáculos, dilación y cortapisas que favorecen los estrategas y agencias de relaciones públicas del Gobierno, que del derecho constitucional amplio, claro, y vigoroso que ha reiterado nuestro Tribunal Supremo.

Ese derecho que todos tenemos por ser ciudadanos de este país parte de la premisa de que todo documento en poder del Gobierno es, de por sí, público y son contadísimas excepciones las que lo podrían convertir en confidencial. A dos meses de que se presentara la demanda y a pesar de todas las oportunidades que el tribunal le concedió para explicarse, el Gobierno no pudo proponer ninguna de esas excepciones. Esto hace preocupante la insistencia de la jueza Aileen Navas Auger de examinar el informe a pesar de que, al final del día, el Gobierno le confesó ayer que no lo quiere entregar para no contestar preguntas al respecto y para que el pueblo no 'prejuzgue'. Qué criterios decisionales espera encontrar el tribunal en el documento que sean más poderosos que esas admisiones del Estado?

La insistencia del tribunal en el examen en cámara, su constante recordatorio del 'privilegio ejecutivo' y la insinuación de que puede haber capítulos del informe que por no estar relacionados con la Reforma no tendrían que entregarse proyectan una visión limitada del derecho de acceso a la información que no compartiría cualquiera que conozca nuestra jurisprudencia al respecto.

El análisis judicial de esta controversia es sencillo. Hay una ley que declare ese informe confidencial? Hay algún peligro a la vida, o la salud del pueblo que el Estado pueda proteger mediante mantener oculto ese informe? Si la contestación es no, no hay justificación para el secreteo que no sea la intención antidemocrática de un Gobierno que se apresta a empujar una Reforma Contributiva que nos va a afectar a todos, con la menor cantidad de discusión pública sobre las alternativas, las bases, y el razonamiento de dicha reforma.

Farsa, tragedia, o las dos cosas. Esos fueron los destinos que el constitucionalista estadounidense James Madison previó que tendría aquel país donde no haya acceso a la información. Cuando uno mira el deterioro social, político y económico de Puerto Rico, alguien duda que ya estamos en farsa, tragedia, o las dos?

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