Lío de las Fiestas de la Calle San Sebastián llega al tribunal federal (documento)
El Comite de las Fiestas de la Calle San Sebastián, Inc. radicó durante el último día de 2014, una demanda contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, por supuestamente violar el derecho de marca, así como los derechos constitucionales de la libertad de religión y la libertad de expresión.
La primera demanda que surge contra el Municipio durante los 45 años de la festividad, continúa escalando el conflicto que se lleva extendiendo desde los últimos meses, por el control en la gestión de estas Fiestas.
En esta última movida, el Comité establece que desea asegurar que el municipio no elimine el aspecto religioso y tradicional del festival, para convertirlo en una oferta mucho más comercial, y condenan una supuesta censura que ha habido, al impedirles celebrar los espectáculos culturales y artísticos.
Los demandantes recurren al Tribunal Federal para que el municipio desista del uso de los nombres, 'Fiestas de la calle San Sebastián', 'Fiestas de la calle' y 'San Se', que son marcas que registraron durante el mes de noviembre, en el Departamento de Estado. 'El demandante es el único propietario de la misma y no ha dado ninguna autorización al acusado para utilizarlos', lee la demanda.
Más aún, acusan a la Alcaldesa de querer comercializar y obtener ganancias de las marcas que ellos registraron, a través de prácticas deshonestas e injustas, por supuestamente engañar la opinión pública al aparentar que trabajan en conjunto al comité, o incluso hacerse pasar por el comité, en términos de sus funciones.
Expresaron que el registro de la marca se hizo con el único propósito de 'proteger el derecho del comité a producir las fiestas como un festival de origen religioso y cultural', bajo el alegato de que el Municipio ha querido intervenir con la organización y hasta intentado cambiar la naturaleza de las mismas.
El Comité establece que Cruz Soto les ha limitado y excluido en la participación del evento, como represalia por las expresiones que hizo el expresidente, Andrés Rodríguez Vera, en una emisora de radio, en contra de la instalación de barras en las plazas del Viejo San Juan. Mencionan que en una reunión, en marzo de 2014, la Alcaldesa les apuntó con el dedo al cuestionarlos por decir que ella había convertido al Viejo San Juan en una barra. Acto seguido, les indicó que les reduciría la cantidad de kioscos de 27 a 12.
Destacaron que la alcaldesa les ha expresado directamente su interés de que las Fiestas pertenezcan al Municipio, y que así lo ha hecho constar al acaparar incluso la organización de los eventos musicales, para lo cual contrató este año a Spanish Broadcasting System.
Los hechos se remontan, sin embargo, a 2013, en que Cruz Soto asumió el cargo. Casi un año después de la celebración de las primeras fiestas bajo su mandato, el Municipio le pidió al Comité que le entregara el dinero de los patrocinios, que habían excedido sus gastos, como compensación por el gasto de $1,300,000 en que había incurrido el Municipio en el evento. El Comité se negó.
En la demanda, resaltan una vara de doble filo, dado a que el Municipio contrató a la compañía privada, Buena Vista Group, y no pidió que esta devolviera las ganancias que habían obtenido del evento, que el Comité 'había creado y establecido durante más de 40 años'.
Hay incluso algunos señalamientos con relación a cómo el Municipio ha invertido su parte de ganancia, ya que en el contrato con Buena Vista Group se establece que los recaudos de los brazaletes, de algunos de los kioskos y de un por ciento de la distribución de las bebidas, irían al parque Luis Muñoz Marín, que luego fue arrendado a una compañía privada.
El contrato con Buena Vista Group fue de $86,000, en 2013, y $134,014, en 2014. Eso en adición a los recaudos que obtuvieran de las ventas.
Según el recurso presentado por la abogada Jane Becker Whitaker, los demandados tendrían que pagarle a la organización $1,500,000 en compensación por daños sufridos, tanto por daños punitivos, gastos de abogados, y cualquier otro beneficio permitido por ley.
La vista para ver el caso está pautada para el 7 de enero.
Demanda Comité vs. Carmen Yulín_10193