Varios alcaldes populares echan chispa por la medida de la Administración García Padilla que fusionaría la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) con la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en ingles), dándole facultad a esta última agencia para establecer la manera en que los municipios dispondrán de los desperdicios en sus ciudades, en una movida que se entiende favorece a la planta incineradora de Arecibo, Energy Answers.

Uno de estos es el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suarez, quien aseguró a NotiCel que el Proyecto del Senado 1062 es un atentado contra la Ley de Municipios Autónomos, planteamiento con el que coincide el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, José 'Josian' Santiago Rivera.

A juicio de Cintrón Suárez, 'esto atenta contra la autonomía municipal porque el que debería decidir a qué negociación podría llegar es el municipio, y eso sería una imposición del Estado al municipio. Por qué el Estado no auxilia a los municipios en la búsqueda de que (sus vertederos) puedan estar en cumplimiento? Por qué no tenerlos distribuidos (los desperdicios) y que sea más costo efectivo, que alimentar solamente a una compañía? '.

A su vez, Santiago Rivera, observó que, 'en este caso, si te ponen una camisa de fuerza, que es a un solo lugar donde tú vas a llevar la basura, a un costo que te impone una empresa privada, estás maniatando los municipios en el sentido de que no nos permite entrar en la competencia de libre mercado, que se da a través de la solicitud de propuestas a las compañías que operan vertederos o a un mecanismo de subasta. Esa es una facultad que te da la Ley de Municipios Autónomos, de tú buscar el mejor precio'.

De otro lado, Cintrón Suarez, explicó que la preocupación es que mientras su ayuntamiento enfrenta una orden de cierre de su vertedero, la que piensa tratar de frenar con una propuesta para expandir las celdas de su sistema de relleno sanitario para alargar su vida útil 30 años, el Gobierno Central quiere imponerle cómo y dónde va a disponer de la basura, quitándole a su vez la posibilidad de negociar directamente con la empresa a la que se le encargaría el procesamiento de dichos residuos. Reiteró que si se sigue el plan del Ejecutivo, 'eso encarecería los costos al municipio. No es un secreto que los municipios han tenido una carga impositiva onerosa, y esa sería una adicional que tendría el municipio para de una manera tener que pagar el trasbordo desde Guayama al punto X donde se decida enviar'.

La situación resulta complicada para el ayuntamiento dado que la farmacéutica Eli Lilly and Company, Inc., anunció su cierre para el próximo año, lo que le representa la pérdida de $2.8 millones en patentes municipales.

Según el estimado preliminar, la carga para Guayama sería de $1.5 millones anuales, basándose en un costo diario de $5,715, que al mes se traduciría en $125 mil. Los estimados toman como partida que se transporten entre 105 a 110 toneladas diarias de basura, los empleados, y el proceso de disposición final de los residuos, explicó Cintrón Suárez. El estimado no cuenta los gastos por el cierre del vertedero, que pueden rondar en unos $240 mil anuales, lo que a 30 años equivale a $7.2 millones.

En esa misma línea, el asesor del municipio, Miguel 'Mickey' Ray Chacón (presidente de The Earth Group, Inc), estipuló que si en cambio se inicia la expansión del vertedero en una o dos celdas, el costo apenas llegaría a $1 millón. El Alcalde, afirmó que actualmente tiene un espacio disponible de 25 cuerdas de terreno para expandir el vertedero, una iniciativa que contempla hacer mediante una Alianza Público Privada (APP).

Además, Cintrón Suárez, quiere ampliar el Programa de Reciclaje en el municipio para ubicarlo en el Parque Industrial Machete, pero aún no consiguen la aprobación de PRIDCO para el uso de las facilidades.

De acuerdo al líder municipal, la orden de cierre del vertedero la expidió la Junta de Calidad Ambiental (JCA) el pasado cuatrienio a través de la Resolución 11-16-5. Una vez llegó a la poltrona municipal, el 30 de septiembre de 2014, la agencia le notificó sobre dicha orden, y le indicó que al mes siguiente se vencía el término para someter el Plan de Cierre del vertedero, que actualmente es operado por la empresa López Enterprises Group, Inc. Los desperdicios sólidos del municipio son recogidos y transportados al vertedero de Guayama por Mr. Waste inc.

A raíz de esta comunicación, Cintrón Suarez, sostuvo una reunión con la presidenta de la JCA, Laura Vélez Vélezel pasado 9 de octubre en la que también participaron el asesor del Gobernador en Asuntos Municipales, Eduardo Vergara; Ray Chacón; el director del Departamento de Obras Públicas Municipal, Ramón Conde; y el representante Luis ‘Narmito' Ortiz Lugo.

Tras esta reunión, Cintrón Suarez, le presentó a la JCA una solicitud para extender el término en que el municipio debe someter un Plan de Cierre. El pasado 10 de noviembre la agencia le aprobó 90 días adicionales para presentar dicho plan. Los 90 días vencen el próximo 8 de febrero de 2015.

Guayama no es el único municipio afrontando órdenes de cierre de sus vertederos. Pero mientras esto ocurre, Cintrón Suarez, está molesto porque a costa de los municipios se quiere beneficiar a la empresa Energy Answers, pues el Gobierno central persigue que toda la basura se destine a dicha planta.

La nueva entidad estaría bajo PRIDCO, que determinará si Guayama tiene que transportar su basura a dicha planta o si de lo contrario tendría que llevarla a la nueva celda de Peñuelas o al vertedero de Salinas.