Seis trabajadores sociales y una tecnico psicosocial denunciaron el lunes el patrón de hostigamiento laboral que lleva a cabo la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, desde el pasado agosto cuando de manera arbitraria les cambio el horario de trabajo a turnos rotativos, lo que ha impacto adversamente la prestación de los servicios.

Los siete empleados laboran en el Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS), la línea telefónica de orientación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Según Brenda Rosario González, los cambios han redundado que algunos compañeros trabajen de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., mientras otros laboran de 3:30 p.m. a 12:00 a.m. y 12:00 a.m. a 8:00 a.m. El problema es que los turnos ahora son rotativos las 24 horas, por lo cual se les dificulta darle seguimiento a los casos que ya tenían asignados y se coloca a las participantes en una posición de revictimización al tener que hablar sobre sus problemas con otro trabajador social, lo que implica un retraso en la intervención.

De acuerdo a Rosario González, los cambios ocurrieron luego de que el personal se negara a proveer sus números de celular personal a los clientes y la OPM no quisiera continuar pagando los celulares prepagados comprados por los empleados.

La génesis de la controversia se dio el pasado junio, cuando la OPM les informó a los empleados que ya no les pagaría el diferencial a las personas que trabajaran fuera del horario laboral, incluyendo los fines de semana y días feriados. Además, se les indicó que los celulares que tenían asignados para canalizar llamadas fuera del horario laboral quedarían suspendido debido a la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66).

Ante esto último, los empleados propusieron el uso de celulares prepagados, pero la OPM se negó a continuar emitiendo los pagos de dichos servicios, e insistió que los funcionarios les proveyeran a sus clientes sus teléfonos personales, cosa que se negaron.

De hecho, Rosario González, alegó que hubo una reunión en julio en la que participó Vázquez, y se les indicó que 'era o lo brindábamos (el celular personal) o simplemente se hacían los cambios de rotación. Bajo la amenaza de que podíamos perder nuestros empleos porque habían otras personas preparadas disponibles para ocupar nuestros espacios o traslados a otras instituciones. Que no podíamos convertirnos en piedras de tropiezo'.

Los empleados llevaron su reclamo al Tribunal, pero el juez Ángel Pagán Ocasio, desestimó la demanda aduciendo que carecía de jurisdicción para dilucidar la controversia y que el foro apropiado era la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Sin embargo, los empleados acudieron al Tribunal de Apelaciones para apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia, proceso que no ha concluido.

Paralelo a esto, la Comisión de Normas y Prácticas de la Profesión del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, llevó a cabo otro procedimiento.

Según el presidente del Colegio, Larry Alicea Rodríguez, esta Comisión determinó que se les estaban violando los derechos laborales de autonomía profesional y el derecho a la garantía y preservación de sus funciones laborales a estos empleados.

Esta determinación se refirió a la Comisión de Querellas y Arbitraje, para que hagan acercamientos directos a la OPM, con el fin de que haya un cese y desista en el patrón de hostigamiento laboral y represalias hacia los empleados.

En cuanto a CASP, todavía están pendientes todas las apelaciones presentadas por los empleados.

'El problema de CASP es que es un foro muy recargado de trabajo donde están pendientes miles de casos. Y donde los casos duran más que en los tribunales…El requerir que agoten remedios administrativos en CASP le ocasiona un daño irreparable en la medida que se violan sus derechos constitucionales y sus derechos laborales como empleados y empleadas de la agencia. No hay remedio más eficaz que el que puede emitir un tribunal', puntualizó el licenciado José Torres Valentín, abogado de los empleados, a preguntas de este diario.

Procuradora alega sigue directrices

Por su parte, Vázquez, manifestó a NotiCel que la decisión de no pagar el diferencial a los empleados que trabajen fuera de su horario laboral es que los fondos federales del programa STOP, bajo el Violence Against Women Act (VAWA), no permite el uso para dichos fines. En verano, personal de dicho programa visitó la Isla y determinó que 'esa era una doble compensación y no se podía seguir pagando los diferenciales de los trabajadores sociales'. Asimismo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no autorizó el uso de fondos estatales para emitir los pagos de diferencial.

En cuanto al uso de celulares, afirmó que la propia Ley 66 prohíbe el uso de fondos públicos para pagar por dichos servicios.

'El turno que los trabajadores sociales hacían de 12:00 a.m. a 8:00 a.m. lo hacían desde sus casas en turnos rotativos, con la utilización de un celular el cual era pagado con fondos estatales y fondos federales', apuntó Vázquez.

Según la funcionaria se intentó sin éxito que La Fortaleza y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorizara el pago de celulares.

'Obviamente yo no puedo irme por encima de la Ley. No puedo pagar celulares… Todas estas conversaciones fueron dialogadas con ellos (los empleados)', aseguró.

De acuerdo a Vázquez las alternativas que restaban era que los empleados incurrieran en los gastos de los servicios de un celular prepagado o de lo contrario la agencia tenía que establecer un plan de turnos rotativos para mantener la línea telefónica en funcionamiento.

'Las determinaciones mías no fueron ni unilaterales ni arbitrarias ni sin notificación. Esos turnos eran para empezar en julio, y buscando alternativas para que ellos no se vean afectados, luego de agotarse los recursos, es que se empieza en agosto', sentenció Vázquez.

La funcionaria rechazó que con los turnos rotativos no se les esté dando el debido periodo de descanso a los empleados.

Y afirmó que los trabajadores sociales no debieran estar colocando a las participantes es una posición de volver a narrar su historia con un nuevo profesional.

'El que lo esté haciendo, lo está haciendo mal. Y lo está haciendo contrario a las instrucciones. El procedimiento es que se le coge la información, se le resuelve el problema que ellas tengan en ese momento, pero de ninguna manera es para volverlas a entrevistar, porque ellos saben que ese no es el procedimiento', indicó.