Como un último recurso para que el Gobierno entregue información financiera de interes público, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el medio digital Sin Comillas radicaron el jueves una demanda contra el Secretario de Hacienda y el Comisionado de Instituciones Financieras, quienes se han negado a divulgar información que afecta la vida de puertorriqueños y puertorriqueñas.

Tanto el presidente de la Asppro, Rafael Lenín López, como la presidenta de Sin Comillas, Luisa García Pelatti, cuestionaron el doble discurso de la administración del gobernador Alejandro García Padilla, que ha sido enfática en la transparencia gubernamental mediante una orden ejecutiva, pero se ha negado a entregar documentos públicos de transacciones e informes financieros.

La demanda contra el Secretario de Hacienda sucede luego de que la periodista García Pelatti solicitara el 20 de noviembre de 2014 el informe de la firma KPMG sobre el sistema tributario del país, con relación a la Reforma Contributiva que se presentará el próximo año. El secretario negó el acceso al documento al decir que se trataba de un borrador, sobre el cual no se han tomado decisiones finales.

El licenciado FrankTorres Viada explicó que el derecho del acceso a la información es un mandato Constitucional, por lo cual La Fortaleza, al negarse a la divulgación, ha emitido un memorando que 'no tiene peso, ni validez alguna'.

'No existe razón válida alguna para que el Estado pretenda mantener en secreto(...) una información que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, que fue pagada con fondos públicos y que es esencial para que el debate de las ideas tenga lugar antes de la toma de decisiones', expresó el licenciado.

García Pelattiexplicó que es la primera vez en mucho tiempo que se hace un estudio del sistema contributivo del país, una información que resulta de interés público. 'Si no lo publican y la reforma contributiva se aprueba, cómo vamos a saber que el IVA(​Impuesto sobre el ValorAgregado) que van a implantar es el mismo que recomendaron?' , cuestionó.

'Hay decisiones que se pueden tomar por decisiones políticas que no se sostienen en el análisis, y es importante saber por qué estamos tomando esta decisión... y saberlo ahora porque una vez se aprueba el proyecto, lo único que nos queda es el derecho al pataleo', agregó la periodista, experta en temas de economía.

Pese a que siempre han habido trabas con el acceso a documentación pública, García Pelatti destacó la ironía de que este Gobierno llegó hablando de transparencia, mediante la firma de una orden ejecutiva para la liberación de data de las agencias. Dijo que aunque 'se han logrado avances, todavía queda mucho por hacer'.

En la tarde, la jueza Iris Cancio emitió una orden concediéndole cinco días al Departamento de Hacienda para comparecer y explicar por qué no debe concederse la solicitud de los demandantes.

Transacción UBS

La Asppro también radicó una solicitud de intervención en el pleito de clase contra la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) por negarse a divulgar información sobre el acuerdo al que llegó en octubre de este año, con UBS Financial Services (UBS) en el que esta última se comprometía a pagar $3,500,000 y ofrecía a restituir $1,681,742 a ciertos clientes, relacionados con Fondos Mutuos Cerrados.

La demanda original contra UBS fue radicada en agosto de 2012, por el presunto engañodel que fueron objeto los clientes de la firma, al invertir millones de dólares en un mercado artificial.

Tras el acuerdo al que llegó la firma con la OCIF, clientes como Ana De Jesús fueron obligados a firmar un documento so pena de desacato en que, en este caso, aceptaba la restitución de $20,000, cuando había sufrido pérdidas de hasta $60,000, según contó el licenciado Luis Miñana.

Lenín López mencionó que la emisión por parte de la OCIF de un comunicado de prensa el 9 de octubre de este año, 'es el mejor y más claro indicio y reconocimiento de la naturaleza pública del asunto, objeto de la investigación de esa oficina'. Accesar los detalles de la transacción permitiría que los periodistas fiscalicen a la oficina y evaluen si fue un acuerdo razonable, que hace justicia a los consumidores, o si por el contrario, se intentó de beneficiar a UBS injustamente.

El presidente de la Asppro hizo, además, un llamado a los periodistas para que formalicen la solicitud de documentos mediante cartas a jefes de agencia con plazos para que los entreguen, y que si no cumplen acudan a la Asociación para acudir al foro judicial.

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Demanda de Luisa García Pelatti por el informe sobre la Reforma Contributiva - NotiCel_9828

Demanda de Noticentro por información de la investigación contra UBS - NotiCel_9829