La solución a la crisis del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) todavía no se ve en el horizonte.

Se espera que hoy los líderes legislativos se reunan con el gobernador Alejandro García Padilla para discutir el propuesto aumento al impuesto al crudo del petróleo para paliar pagar las deudas que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tiene con el BGF y que amenazan la liquidez de éste, informó el Senador José Nadal Power.

El jueves pasado, útimo día para aprobar medidas, la Cámara de Representantes dio luz verde a la creación de un fondo para ayudar a la ACT que no fue acogida por la Cámara Alta mientras que el Senado aprobó legislación que transfiere deudas de la ACT a la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI) pero que los representantes no acogieron. Las medidas fueron aprobadas debido a la falta de votos para aprobar el aumento en el impuesto al crudo ya que varios legisladores desean que primero se vea la Reforma Contributiva para ver si el alza hace falta.

Nadal Power dijo a NotiCel que todavía existe mucha preocupación sobre la crisis en el BGF. El gobierno desea llevar al mercado una emisión que se haría por medio de AFI para pagar unos $2,200 millones en líneas de crédito de la ACT con el BGF.

'Hay preocupación con la crisis en Carreteras… el préstamo y si pasa de un interés del 8% y si habrá dinero para pagar', dijo Nadal Power.

De otra parte, la Cámara no concurrió el domingo con las enmiendas hechas en el Senado al Proyecto de la Cámara 2191 que incrementa a un 3% el cargo especial de las remesas o transferencias electrónicas. El Senado enmiendó la medida para dejar el cargo en un 2% pero amplió la base a la cual se aplicaría.

El cambio hecho en el Senado dispone que 'se establece un cargo de dos por ciento que deberá cobrar y pagar todo Negocio de Transferencias Monetarias, por cada transferencia monetaria, según dicho término se define en esta Ley, tramitada o completada por medios electrónicos, cheque, giro, fax, transporte aéreo o por otros medios, desde la jurisdicción de Puerto Rico, incluyendo cualquiera de sus municipios, hacia alguna entidad, persona o empresa'.

El lenguaje de la ley original decía que 'se establece un cargo de dos por ciento que deberá cobrar y pagar todo Negocio de Transferencias Monetarias, por cada transferencia de dinero, tramitada o completada por medios electrónicos, cheque, giro, fax, transporte aéreo o por otros medios, desde la jurisdicción de Puerto Rico, incluyendo cualquiera de sus municipios, hacia alguna entidad, persona o empresa en el extranjero, incluyendo la jurisdicción de Estados Unidos'.

De otra parte, se nombró el comité de conferencia que creará una versión única de las enmiendas al Código Penal del 2012. El senador del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, denunció que como parte de las enmiendas se despenalizó el incesto ya que ahora solo se penaliza si es sin consentimiento, lo cual abriría las puertas para que las relaciones incestuosas consentidas sean legales.

El senador Miguel Pereira, quien dirige la Comisión del Código Penal en el Senado, dijo que el lenguaje se arreglará en comité de conferencia pero que la idea es permitir a los primos hermanos casarse ya que actualmente tienen que ir a un juez a solicitor permiso para casarse.

'El incesto sigue siendo illegal', dijo.

De otra parte, se creó un comité de conferencia para ver la propuesta Reforma Electoral.

El Senado no concurrió con unas enmiendas sometidas por el representante Luis Vega Ramos que prohiben que los comisionados electorales y otros funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones puedan contratar con el Gobierno, ni cabildear con el Ejecutivo, ni la Legislatura mientras ocupen esos puestos políticos, y además, que se permita la coligación de candidaturas, es decir que un mismo candidato pueda unirse a dos organizaciones políticas en un evento electoral para expandir las opciones que la democracia da a los ciudadanos. La reforma, en esencia, acorta el período eleccionario al establecer que las primarias serán en mayo del año eleccionario, reduce la cantidad de endosos requeridos para correr a puestos políticos y limita el acceso a los fondos públicos de financiamiento de campañas políticas.