El administrador de la Región 2 de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en ingles), Dennis Romero, rechazó que dicha agencia federal le haya impuesto a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) nuevas regulaciones sobre el uso de los fondos que les dan, y afirmó que cualquier plan de reestructuración de los servicios que quiera hacer la dependencia local es una decisión interna del gobierno de Puerto Rico.

De esta manera Romero abordó la información que ha trascendido desde al menos un año de que supuestamente SAMHSA le estaba requiriendo a ASSMCA que tenía que enfocarse en la población no asegurada y en brindar servicios que no sean ofrecidos por Mi Salud o por los planes médicos privados, además de ejecutar los programas preventivos.

En entrevista con NotiCel, Romero sostuvo que las regulaciones sobre el uso de los bloques de las subvenciones que otorga SAMHSA a ASSMCA no han cambiado, por lo que toda apunta a que hay una confusión entre los distintos sectores del país sobre el alcance de dichas directrices. Menciona que uno de los requisitos de las subvenciones es que no menos del 20% sea destinado a brindar servicios preventivos de adicción a drogas y alcohol.

De hecho, Romero indicó que se le debe requerir a la administradora de ASSMCA, Carmen Graulau Serrano, que dé una explicación de por qué ha utilizado como justificación de que unas supuestas nuevas regulaciones de SAMHSA la estaban llevando a reestructurar los servicios que ofrece la agencia.

Aunque se le recordó que bajo el exadministrador de ASSMCA, Salvador Santiago, se intentaron hacer cambios en los servicios que ofrecen los Centros amparándose en la misma justificación, Romero catalogó como 'rumores' el que la agencia federal les hubiera impuesto nuevas regulaciones.

De otro lado, el funcionario federal no pudo abundar si SAMHSA le hizo algún señalamiento a ASSMCA sobre el uso de los fondos federales, y eso haya llevado a la agencia a reestructurar sus servicios al punto de delegarle a APS Healthcare Puerto Rico, sus funciones de brindar tratamiento ambulatorio y estabilización de síntomas. APS es actualmente la única proveedora de los servicios de salud mental de los beneficiarios de Mi Salud.

Al ser confrontada por este diario digital, Graulau Serrano reconoció que no había ninguna nueva regulación de la agencia federal, y planteó que su decisión estaba basada en unos señalamientos que recibió la agencia desde el 2011 sobre el usos del bloque de Subsidios de Servicios para la Salud Mental de la Comunidad, por prestar servicios a personas que son beneficiarias de otros programas que reciben fondos federales como lo es el de Mi Salud.

De acuerdo a Graulau Serrano, a poco más de un mes desde que llegó a ASSMCA, la directora de los bloques de Subsidios de Servicios para la Salud Mental de la Comunidad, Olinda González, le remitió todas las comunicaciones que habían surgido entre Santiago y SAMHSA, donde supuestamente le hacían 'la advertencia de que no podían utilizar esos fondos para prestar tratamiento a pacientes de Reforma. Obviamente la fecha final donde debimos haber implantado esto era en enero del 2014 porque entraba en vigor todo lo que tenía que ver con el ‘Affordable Care Act''.

En esa línea, Romero explicó que Puerto Rico decidió utilizar los fondos de la Reforma de Salud Federal para expandir el Programa de Medcaid. Ante esta decisión el Gobierno tiene que brindar 10 beneficios esenciales a través del Plan de Salud Gubernamental. Uno de estos beneficios tiene que ver con los tratamientos de salud mental y contra la adicción.

Sin embargo, Romero reiteró que 'nosotros le dejamos a cada estado como quiere implementar la Ley'.

A su vez, Graulau Serrano dijo que entre septiembre y octubre del 2013 Santiago le solicitó a SAMHSA que le permitiera a ASSMCA usar fondos del bloque de Subsidios de Servicios para la Salud Mental de la Comunidad para atender aproximadamente 5,000 pacientes que recibir servicios de tratamiento a través de la agencia.

'Y la respuesta del Gobierno Federal, que me parece que era del señor Dennis Romero, era que no se podía variar lo que establece la legislación federal', apuntó.

Graulau Serrano abundó que como este 1 de octubre empezó el nuevo año fiscal a nivel federal, pues tomó la determinación de implementar la reestructuración de los servicios que ofrece ASSMCA, para así evitar seguir utilizando los bloques de subvenciones que les da SAMHSA en actividades no autorizadas por la agencia federal, como lo es el 'double dipping'. Con esta movida la agencia busca brindar tratamientos de recuperación que aparte de sus centros se extenderán a Trujillo Alto y Cayey. Además, de reforzar el programa de promoción y prevención de los servicios de salud mental, y desarrollar los programas de calidad y licenciamiento.

La funcionaria admitió que hasta el momento SAMHSA no le ha hecho ninguna advertencia directa de que ASSMCA puede perder los $35 millones que reciben si no utiliza los fondos correctamente, más bien es un riesgo que está tratando de evitar.

Se supo que alrededor de $5.5 millones del bloque de Subsidios de Servicios para la Salud Mental de la Comunidad son utilizados por ASSMCA para financiar los tratamientos ambulatorios de sus centros.

Los otros cerca de $30 millones son del bloque de Subsidios para Tratamiento y la Prevención del Consumo de Drogas, y se usan para sufragar tratamientos, por ejemplo, en los centros de metadona. Graulau Serrano observa que solo 'una pequeña parte' de estos fondos se usó contrario a la regulación federal.

Por su parte, Romero destacó que cada año hay riesgos de que si el estado no aplica correctamente el uso de las subvenciones no pueda recibir los fondos. Sin embargo, no pudo afirmar si actualmente Puerto Rico está en riesgo de perder esos $35 millones.

Se le expuso a Romero que muchos pacientes de salud mental no quieren ser transferidos a APS porque alegan la empresa les pone obstáculos para recibir servicios, que se demoran hasta tres meses para darles una cita, que los encuentros de los pacientes con los médicos a penas duran 15 minutos, y que estos médicos a veces ni son psiquiatras y lo que están enfocados en expedir las recetas de medicamentos.

Pero Romero puntualizó que 'yo comprendo la preocupación, pero no puedo comentar si es bueno o malo que APS sea el proveedor. Esas son decisiones internas de ASSMCA, de ASES'.

Mientras, Graulau Serrano reiteró que al recurrir a APS está cumpliendo con la política pública de la administración García Padilla de que los servicios de salud se prestan a través de Mi Salud.

Esta resaltó que su plan es que APS brinde los servicios en los centros de ASSMCA con los mismos profesionales que allí laboran.

'Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que va hacer la aseguradora con nuestros pacientes en nuestras facilidades. En esa dirección nosotros vamos a tener personal constantemente en los centros evaluando la calidad. La aseguradora se ha comprometido en mantener los servicios que nosotros teníamos', argumentó.

Finalmente, Romero confirmó que recibió un correo electrónico de la senadora Rossana López León preguntando sobre el alcance de las regulaciones de SAMHSA y haciendo varios propuestas. Actualmente, Romero trabaja para ofrecerle una respuesta a la ex Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

Asimismo, aseveró que ha interactuado con el administrador de la Región 2 de los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Michael Meléndez, sobre las preocupaciones esbozadas por López León en su misiva.

En la misiva, a la que este diario digital tuvo acceso, López León le manifestó a Romero que de acuerdo a una investigación que hizo en el Senado se encontró que hay servicios y poblaciones que APS no está atendiendo.

Le propuso a Romero que SAMHSA le apruebe a ASSMCA llevar a cabo un plan piloto en las regiones de San Juan, Mayagüez y Moca, en donde ASES y la oficina local de Medicaid le asigne fondos a la agencia para brindar tratamientos preventivos y de calidad.

'La tarea más importante a superar es garantizar que ASSMCA asume toda la responsabilidad de emitir y poner en práctica la política pública y garantizar las acciones para mantener la excelencia en los servicios y en ofrecer una atención de calidad', sentenció López León en su carta.

Pese a esto, Graulau Serrano opinó que no se sentiría 'cómoda' de unir esfuerzo con López León para que ASSMCA reciba fondos de Medicaid porque eso sería ir contra la política pública que destina estos recursos para financiar Mi Salud.

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Carta de Rossana López León a SAMHSA y a CMS-NotiCel_9219