El exsecretario de Hacienda bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño, Juan C. Puig, aseguró el martes que cuando dejó la agencia en el 2011 las arcas del gobierno estaban saludables para poder otorgar el acuerdo con Doral Bank por un reintegro de $230 millones. Sin embargo, expresó reservas sobre la conversión de un 'activo intangible del banco' en algo monetizable, como se hizo en el acuerdo.

Puig testificó ante la Comisión de Seguridad Publica y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción en la Cámara, que investiga el acuerdo de 2012 entre Doral y la agencia, actualmente litigándose enlos tribunales.

'Yo tuve que ver con tres presupuestos y se excedieron los recaudos…No puedo precisar si en algún momento dado había esa cantidad ($230 millones)…Algunas veces se excedía pero también habían compromisos', explicó Puig.

Bajo Puig, Hacienda acordó en2009 extender un acuerdo hecho con Doral Bank en 2006, en el cual se convirtió un sobrepago de impuestos hecho por el banco en un activo intangible para usar como crédito de impuestos futuros.

El exfuncionario dijo que no intervino en el acuerdo de 2009, sino que delegó la tarea a la Subsecretaria porque el acuerdo no conllevaba un desembolso de dinero sino una extensión de tiempo.

No obstante, durante su incumbencia participó en acuerdos de cantidades altas con otras corporaciones, pero ninguno otorgando un reintegro.

Aunque Puigaseguró que las corporaciones tienen derecho como cualquier contribuyente a recibir reintegros, pero convertir un activo intangible, como se hizo con Doral en algo monetizable, 'lo hubiese consultado el caso' con personas como la exsecretaria de Hacienda,Xenia Vélez y la subsecretaria Blanca Álvarez, ambas expertas en temas contributivos.

Puig declinó opinar sobre el acuerdo que se hizo con el banco en 2012 pero dijo que que si le hubiera tocado hacerlo, hubiera revisado el expediente del caso y hecho consultas.'No vine aquí a adjudicar las acciones de otros', recalcó.

Sobre la negativa de Hacienda para no pagar el millonario reintegro, Puig se expresó preocupado con la imagen del Departamento de Hacienda. 'La imagen y transparencia que debe existir, porque eso tiene efecto prospectivo sobre acuerdos, que son beneficiosos para el pueblo de Puerto Rico', mencionó.

Por otro lado, el ejecutivo en Asuntos Contributivos del Departamento de Hacienda, Jorge Luis Carrasquillo, dijo que el acuerdo hecho con Doral en el 2006 no permitía al banco solicitar un reintegro.

'En el acuerdo se reconoció un activo, también se acordó que no podía solicitar un reintegro como resultado de eso', sostuvo el funcionario.

Carrasquillo fue citado a la vista porque laboró en los acuerdos hechos con Doral en 2004 y 2006, así como en uno separado que se hizo en 2013, pero no en el acuerdo de marzo del 2012, objeto del litigio en el Tribunal de San Juan, ya que estuvo un mes enfermo en ese momento.

De hecho, reveló que su único contacto con el acuerdo del 2012 fue cuando se le pidió que buscara el expediente del mismo, el cual al presente está desaparecido ya que no se encontró en los Archivos de la Secretaria Auxiliar de Rentas Internas.'No se encontró ninguna información que diera por certera la existencia de ese acuerdo', dijo.

En el 2006, Hacienda y Doral convirtieron unos sobrepagos de impuestos hechos entre 1998 y 2005 en un activo intangible que permitióal banco usar esos pagos como crédito a impuestos futuros. La deuda de $889 millones se amortizó en un período de 15 años. Ese acuerdo se cambió en 2012 con un nuevo acuerdo en el que se reconoce que Doral sobrepagó impuestos y se acordó el reintegro.

Carrasquillo no supo decir los beneficios que obtuvo el gobierno de Puerto Rico de los acuerdos con Doral Bank en el que un 'deferred tax asset' se convierte en un reintegro.'Contributivamente no hubo ningún beneficio porque no se recibió ningún dinero…En el momento que tienes ganancias, la recuperas', afirmó.

Aún asó, dio a entrever la importancia de salvar el banco porque mirando la cartera de préstamos de Doral, habían actividades que iban a beneficiar a Puerto Rico como instituciones educativas, hospitales y viviendas, que se hubiesen afectado de impactarse negativamente el banco. En el 2010, cerraron tres bancos en la isla.

Añadió que se permitió la amortización a 15 años en vez de siete porque asíse establece en los estatutos federales.

Sobre el acuerdo que hizo la actual administración con Doral Bank en el 2013, Carrasquillóaseguró que fue uno 'totalmente aislado del acuerdo del 2012' ya que trata de un sobrepago hecho en 2012 por las varias instituciones que componen Doral de forma individual. El acuerdo se relaciona a un reintegro de $56 millones, que segúnCarrasquillo,estaba subestimado porque no se consideraron ciertos créditos contributivos.

El acuerdo del 2013 fue objeto de un debate con la minoría legislativa que desea que ese acuerdo sea parte de la investigación de la comisión.

La minoría, por voz del representanteJosé Enrique Meléndez, amenazó con llevar a mayoría a los tribunales por no haber compartido información sobre la investigación en violación a los derechos de las minorías legislativas.