ASES se lava las manos con los servicios de salud mental
El director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera, se distanció de la solicitud del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio para que se reabra el pleito federal Navarro Ayala, pero tronó contra la senadora Rossana López León por señalar que su agencia no cumple con fiscalizar los servicios de salud mental de los indigentes.
Rivera dijo a NotiCel que le corresponde al Tribunal Federal decidir si reabre el histórico pleito, y tocaría a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) atender el asunto porque el foco de este caso eran los servicios ofrecidos en el Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras. Asimismo, destacó que el Departamento de Justicia tendría injerencia al ser la agencia que representaría legalmente a ASSMCA.
En el caso judicial se extendieron salvaguardas a los servicios pre y post hospitalización ofrecidos en el Centro de Salud Mental de San Patricio, donde se entiende que APS podría estar brindando los servicios ante la nueva directriz de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) sobre el uso de los fondos federales. No obstante, el funcionario argumentó que al momento sería 'especular' el concluir que si el Tribunal reabre el caso y reasigna un monitor federal, este tendría jurisdicción sobre ASES.
'Nosotros ya tenemos nuestro monitor federal y se llama CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid)', sentenció Rivera.
De otro lado, aseguró que el argumento del Grupo de que los servicios ofrecidos por la privatizadora APS Healthcare Puerto Rico son desintegrados, es un elemento que se está atendiendo en el nuevo proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) de Mi Salud, que nuevamente integra la cubierta de salud física con la mental. Esto ya se intentó en el pasado y no resultó porque los servicios de salud mental y su presupuesto quedaban diluidos y rezagados ante los de salud física.
Rivera evitó emitir comentarios sobre las alegaciones del Grupo de que los servicios ofrecidos a través de APS son de pobre calidad.
'Esa es la opinión de ellos y yo, con mucho gusto como he dicho en el pasado, si tienen información, ejemplos, que nos los hagan llegar y nosotros enseguida tomamos cartas en el asunto y se arregla lo que se tenga que arreglar', determinó Rivera.
Sin embargo, el funcionario no titubeó en diferir sobre los hallazgos del informe parcial de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado que preside López León, en el que se concluyó que ASES no cumplía con su función de fiscalizar a APS ni en hacer valer la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408 de 2000).
Según Rivera, ASES completó 16 auditorías a APS, que evaluaban aspectos como la Red de Proveedores, la implementación del sistema récord electrónicos, el proceso para la radicación de querellas y apelación, el área de fraude y abuso, la educación a los proveedores, referidos, entre otros. Además, se estableció un plan de visitas a las clínicas de APS.
Asimismo, Rivera planteó que se han atendido quejas de los pacientes sobre el despacho de medicamentos y la obtención de citas.
De hecho, el funcionario, opinó que en vez de recomendarle a la Legislatura que se designe a un monitor externo para velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales entre ASES y APS, lo que la Senadora debiera hacer es buscar que se le asigne a la agencia más recursos tras el recorte presupuestario de $2 millones que sufrieron este año.
'Con esos $2 millones pudiéramos haber reforzado aún más todo el área de Cumplimiento y todo el área de Calidad y todo el área Legal para nosotros poder tener más poder de fiscalizar… Con el monitor no se resuelve nada, porque el monitor no va a ensuciarse las manos haciendo el trabajo de campo. Tú lo que necesitas son manos para hacer el trabajo de campo, para aumentar las visitas que tú haces a las clínicas, para aumentar las personas que supervisan todos los planes de acción correctiva. Desmantelando una agencia para crear otra, eso no resuelve el problema', argumentó.
Hay que recordar que en junio de 2013 ASES extendió por un año el contrato a APS a pesar de la oposición que 'tenazmente' presentó un mes antes el entonces administrador de ASSMCA, Salvador Santiago, en una reunión de la Junta de Directores de ASES.
De hecho, el mismo día que se hizo pública la renuncia de Santiago, el funcionario le entregó una carta a Rivera para que dentro del primer proceso de RFP de Mi Salud se estableciera que ASSMCA fungiría como el proveedor preferido sin importar la entidad que se seleccionara para administrar las regiones del Plan de Salud del Gobierno.
La justificación de su petición era que los pacientes de salud mental estaban siendo 'pobremente' atendidos, que los servicios para esta población eran limitados y únicamente a través de APS, que los servicios no se centraban en el paciente, que se ponían requisitos 'excesivos' para la obtención de servicios y de medicamentos, y que no se contaba con programas de prevención que fueran efectivos.
'La APS no cumple con los programas preventivos, indicadores de calidad de cuidado, integración del cuidado, ni intercambio de información para facilitar el desarrollo, monitoreo y cumplimiento con la política pública', afirmó Santiago.
Además, Santiago abogó para que ASSMCA retomara 'su rol rector para emitir política pública, fiscalizar los servicios, facilitar la integración del sistema, y mejorar los indicadores de calidad de cuidado en la población'.
Sin embargo, Rivera, observa que si ASSMCA es proveedor de Mi Salud no puede asumir al mismo tiempo la función de regulador.
Parte de lo esbozado por Santiago en su carta del pasado 22 de enero, quedó también constatado en el informe de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado radicado la semana pasada.
Asimismo, desde agosto de 2013 este diario supo que Santiago buscaba reformar la prestación de servicios ofrecidos por ASSMCA ante las nuevas regulaciones de SAMHSA sobre el uso de los fondos federales. La agencia federal le solicitó a ASSMCA enfocarse en la población no asegurada, y en brindar servicios no brindados por Mi Salud a través de APS o por los planes privados. Además que tuvieran dentro de sus funciones la ejecución de los programas preventivos.
Mientras tanto, la nueva administradora de ASSMCA, Carmen Graulau Serrano, busca que APS brinde los servicios a los pacientes de los centros de salud mental de la agencia para supuestamente evitar que se pierdan unos $35 millones que les asigna el gobierno federal.
López León ha aseverado que dialogó con el administrador asociado de la Región 2 de CMS, Michael Meléndez, para que se le autorice a ASSMCA el que puedan manejar fondos de Medicaid y de esta manera evitar que deleguen sus funciones a APS en los centros de San Patricio, Moca y Mayagüez.
De acuerdo a Rivera, la Legisladora no quiso entregarle a Meléndez el informe parcial radicado por la Comisión porque todavía no ha sido acogido por el Senado.