El Departamento de Familia enfrenta serias acusaciones sobre fallas en el manejo de las denuncias por abuso infantil, debido al incumplimiento con el procedimiento de investigación de querellas y a la falta de un seguimiento adecuado a las familias. La supuesta incompetencia del Departamento deja a los menores desprovistos de un plan de servicio, por razones tan simples como que el trabajador social no logró localizar a la familia.

La denuncia se hizo el lunes pasado como parte de una demanda federal de 30 millones de dólares por parte del padre de Dylan Díaz Salgado, el niño de dos años que, según un proceso criminal, fue asesinado por su padrastro en 2013. Henry Díaz Rivera, natural de Naranjito, mencionó que nunca fue informado de la situación de peligro en que se encontraba su hijo. Responsabilizó al DF por haber dejado al menor en un ambiente de maltrato, y por haber violado el protocolo establecido en la Ley 246 'para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores'.

La querella que hizo el personal médico que atendió a Dylan, cuando llegó con una fractura en la pierna, sumó un dígito a un total de 33,826 denuncias de maltrato recibidas durante ese año. De esas, sólo se investigaron 18,266 (o el 54%), debido a una acumulación de 42,000 casos del cuatrienio anterior. Esto significó que unos 15,560 niños o niñas no tuvieron respuesta inmediata, según el orden de prioridad que estableció la agencia.

La demanda estipula que el Departamento falló en asegurar un ambiente seguro y de bienestar para el menor. Más aún, establece que la agencia carece de la estructura para manejar la 'avalancha' de denuncias de abuso infantil que recibe.

Desde 2010, informes federales venían señalando que la Administración de Familias y Niños (Adfan) no estaba siendo eficaz en la prestación de servicios a las familias para evitar la remoción o hacer frente al riesgo de daño a los niños. Adfan no estaba, en otras palabras, cumpliendo con el deber para el cual se creó. Entre las razones, se estipulaba que los trabajadores sociales estabansobrecargadosy que no lograban establecer contacto directo con las familias en un periodo razonable de tiempo.

Ante esta necesidad, la secretaria Idalia Colón Rondón enmendó el manual de referidos para alinear los tiempos de respuesta conforme a cuan inminente fuera el peligro: entre menos de cuatro horas a un máximo de cuatro días. Reclutó a 202 empleados para servicio directo en Adfan. Anunció, además, una millonaria subcontratación con una compañía privada para que asistiera en la investigación de unos 6,500 casos. Indicó que usaría la asignación de un millón de dólares, que otorgó la Cámara de Representantes, para contratar personal externo que investigara los casos en atraso en las regiones de Caguas, Ponce y Humacao.

El asesinato de Dylan ocurrió, sin embargo, siete meses después de que asumiera el cargo como miembro del gabinete de García Padilla, y declarara una 'emergencia social' ante la cantidad de casos sin investigar. A juicio del demandante, la Secretaria no adoptó las medidas correctivas apropiadas para impedir unarecurrencia.

Siete meses después de haber realizado las modificaciones al procedimiento para recibir las querellas, el departamento cometió los mismos errores: la denuncia de maltrato de Dylan quedó estancada en el proceso burocrático, y el caso no se atendió con la prioridad que ameritaba. La incompetencia del Estado en ese sentido marcó la diferencia entre la vida y la muerte del niño.

La demanda también evidencia las fallas de comunicación entre las unidades de trabajo, las regiones y los trabajadores sociales cuando el supervisor demoró dos meses en referir la denuncia a la región de Morovis. Inconsistente con el protocolo del Departamento, el demandante alega que no se asignó una trabajadora social, ni se desarrolló un plan de servicio conforme al periodo de 30 días que estipula la Ley.

Más aún, una de las razones con que el departamento valida el cierre de un caso es que el trabajador social no localice a los involucrados. En el caso de Dylan, la trabajadora social supuestamente justificó que la madre custodia se había mudado. 'La Ley 246 establece que el Departamento de la Familia puede ir a la Policía o al Tribunal en auxilio. No se debería cerrar un caso de maltrato de menores bajo el argumento de que no se pudo localizar al padre o madre custodio sin haber agotado los recursos que provee la propia Ley 246', defendió la licenciada Carolina Guzmán Tejada.

Pese a que Colón Rondón admitió públicamente que hubo algunas irregularidades en el manejo del caso y suspendió sumariamente a tres empleados, nunca reveló los resultados de la investigación, ni las sanciones administrativas que finalmente se tomaron.

'El fracaso en identificar a los empleados involucrados en la investigación de abuso infantil que sufrió Dylan, significa que estos pueden seguir siendo empleados del departamento y otros niños pueden sufrir el mismo destino', lee la demanda.

El niño murió tres meses después de radicada la querella de maltrato, sin haber sido removido de su hogar. De los resultados de la autopsia, se reveló que murió como resultado de una hemorragia después de recibir una paliza que rompió su hígado y dañó uno de sus pulmones. También se encontró que no tenía comida en el estómago. Christian Serrano Chang, la pareja de la madre, fue sentenciado a 99 años de prisión luego de que un jurado lo hallara culpable. La familia de Serrano Chang ha defendido vehementemente la inocencia del convicto.

En enero de este año, Colón Rondón anunció la culminación de la investigación de las 42,000 querellas que supuestamente había dejado de investigar la administración anterior. Se encontró que el 10% de los casos del cuatrienio anterior tenían fundamento por maltrato al momento de la visita. Sin embargo, unos 11,760 casos se cerraron porque no localizaron a los involucrados, y otros 11,760 tenían información incompleta en el referido.

La Secretaria expresó que se han iniciado estrategias de prevención como el Proyecto Redes y el programa Familia en tu comunidad, con los cuales se busca movilizar a los trabajadores sociales a dar servicio directo en las comunidadescon un alto volumen de referidos de maltrato de menores, pobreza, desempleo, embarazo precoz, deserción escolar y alta incidencia criminal.

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Demanda contra Departamento de la Familia - NotiCel_8161