El magistrado federal Marcos López ordenó el lunes que el alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, permanezca preso hasta que se celebre el juicio en su contra.

'A esta Corte no se le pudo convencer de que si se le da libertad bajo fianza al acusado, este se abstendría de intentar intimidar a testigos nuevamente. El récord demuestra con claridad y robusta evidencia que no hay combinación de condiciones que razonablemente aseguren la seguridad de la comunidad y de otras personas. Esta conclusión tiene un precedente (cita el caso del convicto alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes). Por esta razón, se concede la solicitud de la Fiscalía de mantener al acusado en prisión sin derecho a fianza.

El pasado 15 de julio, el magistrado federal anunciaba que se reservaba el fallo en la vista para la determinación de fianza en el caso por corrupción en contra del Alcalde, a quien se le imputan cargos de soborno, extorsión y obstrucción de la justiciatras ser acusado por un gran jurado federal la semana pasada por solicitar de manera ilegal donativos políticos a contratistas a cabo de concederles contratos municipales.

Rivera Correa fue arrestado e ingresado en el Centro Metropolitano de Detención el jueves de la semana pasada pendiente de la vista de determinación de fianza.

Durante la vista, el fiscal federal Charles Walsh argumentó delante del magistrado López que debía a Rivera Correa debía negársele la fianza debido a que éste representa un riesgo para la seguridad, no solo de los testigos en el caso, sino también para la comunidad. Como evidencia del carácter violento del alcalde, Walsh presentó en corte varios segmentos de las distintas grabaciones que investigadores del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) hicieron de conversaciones entre Rivera Correa y el co-conspirador número uno (CHS1), a quien se identifica en las grabaciones como 'Juan Carlos'. Las grabaciones fueron validadas por el agente Edwin R. López.

'Tú no le guardas rencor? Si yo lo cojo… lo mató! Ese es un cabrón de la vida… Ese es el verdadero traicionero; al que tu le das ayuda y te responde con mal', se escucha a Rivera Correa decir acerca del CHS2 (identificado como 'Pumarejo') en una grabación fechada en abril de 2012.

Más adelante en la grabación se escucha a Rivera Correa decir que le pasaría 'el carro por encima' a Pumarejo, a quien se identificó como exempleado del municipio de Barceloneta, y quien supuestamente colaboró con las autoridades federales en la investigación en contra del convicto exalcalde Sol Luis Fontanes.

Walsh argumentó además que el Alcalde de Río Grande también profirió amenazas en contra de Juan Carlos (CHS1) cuando le decía directamente a éste que 'si tú te metes a chota, tú te jodes.Tú sabes lo que hay que hacer. Hay que mantenerse herméticamente… yo no sé nada. Si tú dices algo… Te jodiste!... Si no dices nada… no te pasa nada', se oye decir a Rivera Correa en una grabación de abril de 2014.

En las grabaciones presentadas en corte, también se escucha Rivera Correa proferir amenazas en contra de Alejandro Carrasco –abogado que mantenía contratos con varios municipios, incluidos Barceloneta y Río Grande– también por supuestos rumores de que colaboraba con el FBI.

No obstante, en su contrainterrogatorio Morales Olivero logró que el agente López admitiera que las expresiones de Rivera Correa podían tener más interpretaciones de las que él [López] les había dado en su testimonio inicial, incluso que pudieran entenderse como un consejo entre amigos.

López admitió además que aún cuando el alcalde había hecho amenazas en contra de al menos dos personas, el FBI solo se limitó a dejarle saber a Pumarejo que llamara al agente a cargo del caso si notaba 'algo sospechoso' en su entorno. En el caso de Carrasco, el agente López debió reconocer que él no tenía conocimiento personal de que el abogado estuviera colaborando con el FBI, y que esa información se la había dado el agente a cargo del caso. A preguntas del abogado defensor, López admitió que no sabía de dónde el agente había sacado tal información, o si se la había 'inventado'.

Tanto el Alcalde como el licenciado Carrasco podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel si son hallados culpables.

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