Aunque la forma atropellada en que se aprobó el controvertible proyecto que crea un mecanismo para reestructurar las deudas de las corporaciones públicas insolventes no es inconstitucional de por sí, abogados advirtieron que el gobierno se arriesga a que la misma contenga lenguaje inconstitucional al omitir una evaluación ponderada y sosegada.

La medida de casi 150 páginas fue aprobada por ambos cuerpos unas doce horas después de ser sometida por La Fortaleza el miércoles, el último día de aprobación de medidas en esta sesión. El Gobernador la convirtió en ley el sábado. La deuda de las corporaciones públicas forman el 40 por ciento de la deuda pública de Puerto Rico.

'A más difícil y complicada la ley, se abren las puertas para una declaración de inconstitucionalidad al no hacerse el estudio que pueda capturar esos errores…Pero eso es un defecto en el contenido', dijo el exsenador y constitucionalista, Eudaldo Báez Galib.

La licenciada Monín Berio, quien laboró en la comisión legislativa a cargo de la redacción de un nuevo Código Civil, destacó que no es la primera vez que la Legislatura descarga un proyecto para aprobarlo sin hacerle vistas públicas. En la práctica, eso se hace cuando es un proyecto con un tema que ya se ha estudiado o si es un proyecto cuya aprobación es importante.

'No es la primera vez que sucede y se permite en causas excepcionales', dijo Berio.

La Sección 17 del Artículo 3 de la constitución establece un procedimiento para aprobar proyectos, el cual permite que se apruebe un proyecto sin llevarlo a vistas públicas.

'Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita aComisión y ésta lo devuelva con un informe escrito, pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo', dice la constitución.

Tanto Báez Galib como Berio destacaron que después que se cumpla con los requisitos constitucionales, cualquier proyecto puede ser aprobado en un día.

'Esto es algo que ha ocurrido bajo todas las administraciones. La Constitución no establece limitaciones en cuanto al tiempo en que se tarde en aprobarse una medida sino en el contenido', dijo Báez Galib.

A preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de la ley, el exsenador expresó preocupación de que la medida esté entrando en una materia regulada por leyes federales, como la quiebra. 'Pero lo dudo porque esta medida lo que propone es la reestructuración de las deudas de algunas corporaciones públicas y no está hablando de quiebra', dijo.

De hecho, ya el mismo sábado se registró la primera demanda contra la ley en la que se plantea su inconstitucionalidad por lo mismo que adujo Báez Galib, que entra en el campo federal de las quiebras.

La licenciada Rosa Bell Bayrón, del Movimiento Unión Soberanista, dijo que el proceso de aprobación de la medida no fue uno prudente por ser un asunto complejo que tiene grandes consecuencias. 'Yo no tengo objeción a lo que se propone. El MUS ha propuesto la reestructuración de toda la deuda', dijo.

Debido a que el gobierno ha actuado tarde, se han tomado acciones que han afectados individuos y negocios a pesar de que la administración de turno sabe que la deuda es impagable.

El profesor de derecho, Carlos Ramos, dijo en entrevista televisiva que entiende que la ley podría ser impugnada porque impacta contratos con losbonistas y con los empleados públicos al permitir que se alteren convenios colectivos. La prohibición en contra del menoscabo de obligaciones contractuales es una protección contenida en las constituciones federales y estatales.

De otra parte, explicó que las disposiciones constitucionales relativas a la deuda y a quien hay que pagarle primero en caso de incumplimiento, se refiere a las deudas de obligaciones generales y no a las corporaciones públicas.'En términos constitucionales, las corporaciones públicas funcionan en teoría como compañías privadas aunque son parte del gobierno', dijo.

También dijo que un legislador podría impugnar la ley porque le da demasiados poderes al Ejecutivo, lo que podría ser una violación de separación de poderes.

La prisa con que se aprobó la medida de reestructuración de deuda, es prueba de que ya hay al menos una corporación pública que está al borde de la insolvencia. Según fuentes de NotiCel, y según los propios demandantes en el pleito contra la ley, esa entidad sería la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La Legislatura pudo haber aprobado la medida en la sesión que comienza en agosto o esperar a que el Gobernador convocara a una sesión extraordinaria, algo que no ha ocurrió.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández, dijo a NotiCel que con la excepción de la AEE, no hay ninguna corporación pública en peligro de insolvencia.

'Si hay alguna que está bien malita es la Autoridad de Energía Eléctrica… Las otras tienen soluciones', destacó.

Hernández dijo que la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se está trabajando con varias iniciativas, una de las cuales pasaría parte de sus deudas a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

En el caso de la Autoridad de los Puertos, la solución está en consolidarla con la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, ya que al beneficiarse de ciertas inversiones podría mejorar su estado financiero en al menos tres años.