El presidente de la Unión Independiente Autentica (UIA), Pedro Irene Maymi, acompañado por otros grupos sindicales, informó el viernes de la radiación de una querella contra el representante Luis 'Narmito' Ortiz Lugo, por no inhibirse del proceso de votación de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno al ser empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La querella contra Ortiz Lugo fue radicada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y en ella se aduce que el funcionario es un empleado gerencial de la AAA, que actualmente disfruta de una licencia sin sueldo.

En la querella radicada el jueves por un operador de planta de alcantarillado de la la AAA, se plantea que como el legislador es empleado de la corporación pública tenía un 'craso' conflicto de interés a la hora de emitir su voto, por lo cual su abstención era un asunto mandatorio y no discrecional.

Según Irene Maymi, Ortiz Lugo emitió el voto decisivo para que la Cámara de Representantes pudiera aprobar el Proyecto de la Cámara 1922.

Ya la portavoz de la minoría en la Cámara, Jenniffer González, había adelantado a NotiCel que existían cuestionamientos con el voto de Ortiz Lugo.

De hecho, González habría planteado que Ortiz Lugo se debió haber abstenido de votar como lo hicieron los representantes Carlos Bianchi y Lourdes Ramos, también empleados del Gobierno.

De otra parte, Irene Maymídijo que hoy los sindicatos se aprestan a radicar un recurso legal en los tribunales para pedir que se detenga la puesta en vigor de la Ley 66, pues estos impugnan que la medida tuviera los votos para ser aprobada en la Cámara, dada la situación con Ortiz Lugo.

Según el líder sindical,Ortiz Lugo 'pudo haber pesado que pensara que con esta Ley iba a perjudicar a los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados'.

Irene Maymídestacó que la conducta del representante va en contra de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.

Por otro lado, aseveró que los sindicatos evalúan si van a radicar recursos legales aparte de este para cuestionar la constitucionalidad de la medida o cualquier otro elemento.

En otros aspectos, la presidenta de la Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), María Teresa Rodríguez, criticó que el Gobierno atente contra los beneficios de los empleados con la Ley 66, mientras persisten los exuberantes contratos y altos salarios a funcionarios públicos dentro de la misma institución bancaria.

En esa línea, Irene Maymí, expuso que durante este año fiscal la AAA ha otorgado $567 millones en contratos externos.

Mientras, señaló que datos de la Oficina del Contralor ponen sobre la mesa que el Departamento de Educación tiene $686 millones en contratos, la Autoridad de Carreteras y Transportación unos $165 millones, el Departamento de Hacienda unos $78 millones, la Autoridad de Puertos unos $137 millones, la Universidad de Puerto Rico unos $18 millones, la Autoridad de Transporte Marítimo unos $5 millones, la Autoridad de Energía Eléctrica unos $3,236 millones, y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles unos $35 millones.

'El dinero del país se está yendo en los contratos de los amigos de Alejandro García Padilla', sentenció Irene Maymí.

De acuerdo al líder sindical, la Ley 66 es una 'reforma laboral disfrazada' porque por un lado dice que va a reducir en un 10% los contratos dentro del Gobierno, pero otra parte elimina la cláusula de restricción de subcontratación que se estipulaba en los convenios colectivos, se elimina el derecho de antigüedad, y modifica dónde se diseminan las controversias laborales de manera que ahora está bajo la sombrilla de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento Laboral y de la Administración de Recursos Humanos (OCALARH).

También, planteó que unos 700 empleados transitorios de la AAA han recibido cartas de que sus contratos vencen al 30 junio, y que a partir de ese momento la corporación pública va a determinar silos extiende.

'Aquí se le cae la mentira de García Padilla de que no van haber despidos', puntualizó.

Tanto IreneMaymícomo Rodríguez, y el presidente del capítulo del Programa Solidaridad Utier (Prosol Utier) de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), Julio Vargas, insistieron en hacer un llamado a los servidores públicos a salir a la calle para lucha contra la derogación de la Ley 66.

Pero el líder de la UIAprosigue en mantener en secreto la fecha en que se daría comienzo a la huelga.

Por lo pronto, mañana se espera que los unionados de la ACT realicen su asamblea en donde se consultaría el voto de huelga.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes la representación de EDUCAMOS, de la Federación de Maestros y de la Unión de Trabajadores del Banco de la Vivienda.

Perellódefiende a 'Narmito'

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, aseguró el viernes que no existe razón alguna por la cual el representante Luis 'Narmito' Ortiz debiera haberse inhibido de votar sobre la recientemente aprobada Ley de Sostenibilidad, y que su voto contó como uno más de los 26 votos a favor que recibió la medida.

'Yo no sé quién los asesoró a ellos. Yo entiendo que el voto del representante Narmito Ortiz fue un voto, no fue el voto decisivo… fue un voto dentro de los 26 votos que aprobaron la medida', señaló Perelló, quien además aseguró que el legislador no enfrentaba ningún conflicto de interés al haber votado como lo hizo.

Sin embargo, los representantes Carlos Bianchi (PPD) y Lourdes Ramos (PNP) se inhibieron de votar sobre la medida argumentando que ambos conservan posiciones ejecutivas en corporaciones públicas que se verían afectadas por las disposiciones de la Ley de Sostenibilidad, por lo que existe un conflicto de interés.

Antes de ser electo, Bianchi ocupaba una posición gerencial en la AAA, mientras que Ramos ocupaba una posición en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ortiz también trabajaba para la AEE.

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