Tras menos de dos horas de reunión, los sindicatos denunciaron una presunta falta de apertura del Ejecutivo de acoger sus propuestas, mientras la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, insistió que los directivos de las corporaciones públicas estaban en la mejor disposición de sentarse a negociar y llegar a los ahorros propuestos de entre $200 a $250 millones que contempla la Ley de Sustentabilidad Fiscal.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y portavoz de los sindicatos en la reunión, Ángel Figueroa Jaramillo, detalló que durante la reunión efectuada en La Fortaleza solicitaron que se les presentara el ahorro proyectado con la Ley de Sustentabilidad Fiscal, dada la cláusula estipulada por la Cámara de Representantes con la aprobación del P. de la C. 1922 el pasado viernes en relación a la eliminación de las restricciones para la subcontratación, los traslados y las disposiciones de antigüedad, pero el Gobierno no quiso proveerles dicha cuantía.

También expuso que el Ejecutivo tampoco quiso acoger la petición de los sindicatos para que se introdujera una enmienda al proyecto en aras de que una vez pase la crisis fiscal, retrotraer los derechos que hubieran sido renegociados.

'Ahí el país puede ver la intención nuestra de aportación a esta crisis fiscal. Se negaron a que esa cláusula se incorporara como algo que se vuelva al momento de hoy, los derechos que nosotros hemos adquirido por más de 70 años. Ahí el país puede evidenciar que la intención real no era atender la crisis fiscal que ellos alegan tener, es quitar los derechos a la clase trabajadora', determinó.

Ante esto, indicó que los sindicatos no veían una disposición real del Gobierno para enmendar o retirar el P. de la C. 1922, por lo que se retiraron de la reunión.

Por su parte, el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) y también portavoz de los sindicatos, Pedro Irene Maymí, alegó que tampoco había disposición para sentarse a negociar con los grupos que representan a los policías, a los maestros, a los bomberos, y a los empleados gerenciales, que no formaron parte de los acuerdos alcanzados con los sindicatos de la Ley 45.

NotiCel preguntó si habían sentido que el Ejecutivo les había hecho perder el tiempo, a lo que Figueroa Jaramillo manifestó que, 'yo creo que no, porque le damos la información a ustedes (en referencia a la prensa) de lo que ocurrió aquí. Yo creo que ninguna inversión de reuniones se pierde el tiempo'.

Por su parte, Irene Maymí, aseveró que los planes para efectuar mañana la asamblea general en el Coliseo Cosme Beitia Salamo en Cataño, en donde se consultaría un voto de huelga a los miembros de la UIA, continúan.

De hecho a preguntas de este diario digital, Figueroa Jaramillo, abundó que al momento casi todos los sindicatos tenían votos de huelga aprobados, con excepción de la UTIER, la UIA, y el sindicato que representa a los empleados de la Autoridad de Carreteras y Trasportación (ACT).

Como ya había publicado NotiCel, mañana martes tanto la UTIER como la UIA celebrarían sus asambleas generales para solicitar voto de huelga a sus matrículas.

En el caso de la UTIER, la asamblea sería en el Coliseo Roberto Clemente.

Al ser cuestionado por la prensa de cuándo pudiera ocurrir la huelga, Figueroa Jaramillo se limitó a responder: 'creatividad' y 'ser impredecible', a la vez que responsabilizó al Ejecutivo si los sindicatos concretan la huelga.

'Nosotros vamos hacer una lucha por cosas concretas. Yo no tengo que dar una lucha para afectar a nuestro pueblo. Esta es una lucha contra un gobierno insensible, que hoy quedo evidenciado frente a ustedes (en referencia a la prensa)', dijo.

En la reunión también había representación de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (UITICE), de UNETE, de la Unión de Empleados de Oficina de la Autoridad de Edificios Públicos, de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, de la Unión Independiente de Empleados de la Administración de Terrenos, de la Unión de Trabajadores del Banco de la Vivienda, de la Unión de Empleados de las Lanchas de Cataño, de la Unión Independiente de Empleados de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Federación Central de Trabajadores, de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO), representantes de los distintos sindicatos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, de la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico (UDEM), de EDUCAMOS, y de la Unión de Empleados Profesionales Independiente de la AEE (UEPI).

De hecho, el presidente de UEPI, Evans Castro, señaló que si el Senado aprueba la medida se afectaría la estabilidad del sistema eléctrico del país debido a la avalancha de sobre 1,000 empleados experimentados buscando jubilarse, que de irse la luz en medio de la huelga, la corporación pública no contaría con el personal suficiente para reestablecer el servicio de electricidad a los abonados.

En una conferencia posterior, Vila, acompañada por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas; el presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), José Pagán, y directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), y de otras corporaciones públicas, rebatió los argumentos de los sindicatos.

Vila argumentó que el propósito de la reunión convocada desde la semana pasada, era de 'lanzamiento al proceso de diálogo', y descartó que tuviera como fin negociar las enmiendas que proponen los sindicatos. Esta fue enfática que el proceso de negociación tiene que darse entre los sindicatos y los directivos de sus respectivas corporaciones públicas.

Al ser abordada por la prensa de por qué no se incluía una cláusula que estableciera que una vez culmine la crisis fiscal se le devuelvan los derechos a los trabajadores, Vila insistió que no era necesaria dicha enmienda porque la medida ya contemplaba que los ajustes son temporeros y tienen una efectividad de 3 años.

De otro lado, planteó que los sindicatos pidieron que las corporaciones públicas fueran excluidas de la Ley, pero el Ejecutivo les hizo claro que todos los sectores tenían que aportar para solucionar la crisis fiscal del Gobierno.

Según Vila, la Ley de Sustentabilidad Fiscal contempla un ahorro de $1,400 millones, de los que entre $200 millones a $250 millones representaban los ajustes en las corporaciones públicas.

De acuerdo a la Secretaria de la Gobernación, los sindicatos han requerido una información más detallada sobre el impacto a las corporaciones públicas, que asegura están dispuestos a proveer.

Al ser cuestionada por la prensa si el Gobierno estaba preparado para posibles apagones del servicio de electricidad o la suspensión del servicio de agua de cara a la huelga, Vila, afirmó que, 'los directivos de las corporaciones públicas están en la disposición y están disponibles para sentarse a dialogar con los sindicatos. Si ellos rechazan esa oferta que se les está haciendo, eso es prerrogativa de ellos. Referente a los servicios a la ciudadanía, las corporaciones públicas tienen planes de contingencia para asegurar que esos servicios no se afecten'.

Más temprano, Figueroa Jaramillo opinó en entrevista con NotiCel que las expresiones hechas esta mañana por el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, de que no daría paso a ninguna enmienda que se acordara en la reunión entre el Ejecutivo y los sindicatos, 'demuestra claramente que no había ninguna intención de diálogo, que solamente era para engañar al país haciendo creer por parte de los cuerpos legislativos que querían una apertura de diálogo, aquí desenmascara claramente de que la intención de ellos era imponer una medida que es con efecto mucho mayor a la famosa Ley 7'.

Pero pese a las expresiones de Perelló y del portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres, Figueroa Jaramillo sostuvo que seguirán buscando entablar un diálogo con el Ejecutivo y por esto participaría de la reunión con Vila. De hecho, detalló que el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, no ha contestado una petición de reunión realizada desde el pasado viernes.

'La única contestación que hemos recibido son las expresiones del Portavoz de la Mayoría, indicando que el Proyecto se va aprobar comoquiera', destacó.

Según el líder sindical, si hay alguien que está perdiendo el tiempo con la postura de la Legislatura es el propio Ejecutivo.

'Si finalmente se aprobase la Ley (en el Senado) la lucha va a continuar como hemos dicho siempre', puntualizó.

Al filo de la 1:00 p. m. los grupos sindicales comenzaban a llegar a La Fortaleza para la reunión pautada con Vila pautada para la 1:30 p.m.

Posteriormente, los sindicatos se reunieron a las afueras de La Fortaleza para realizar un caucus para asuntos procesales.

Al volver a entrar al área de registro de La Fortaleza, Figueroa Jaramillo aseveró a la prensa que estaban 'optimista' con la reunión y posible negociaciones con el Ejecutivo.

Por su parte, Irene Maymi señaló que compartía el mismo sentir de Figueroa Jaramillo, y reiteró que estaban en La Fortaleza 'por el bienestar del país'.

Al ser cuestionado de si esta reunión detendría el paro de 24 horas que la UIA ha convocado para el martes, este apuntó que 'la bola está en la cancha de Fortaleza'.

Entretanto, aún con los acuerdos a los que se puedan llegar con el Ejecutivo, Figueroa Jaramillo indicó más temprano que la asamblea pautada seguía en pie, por la contradicción que representa el que los líderes legislativos digan que no van acoger ninguna enmienda al P. de la C. 1922.

'A menos que ellos decidan excluir a las corporaciones públicas de la Ley, pues sería un tema de consideración (para cancelar la asamblea general)', sentenció.

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