Entre gritos y comentarios desde las gradas de parte de miembros de organizaciones sindicales, el Senado en aprobó en votación dividida la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado, la cual propone recortes en gastos de agencias y corporaciones públicas, y en los beneficios de los trabajadores hasta el 2017.

El proyecto fue aprobado con 15 votos a favor, 11 en contra y un abstenido.

Aunque hubo gritos, los trabajos se llevaron de forma más ordenada y con menos interrupciones que en le Cámara. El proyecto ahora regresa a la Cámara para que concurra con las enmiendas hechas por el Senado, que fueron pocas.

La minoría votó en contra de la medida, mientras el senador Ramón Ruiz Nieves se abstuvo por trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).Igualmente, la senadora popular Mari Tere González le votó en contra.

Entre las enmiendas más destacadas, se encuentra una en el Artículo 9 que trata sobre el congelamiento de plazas en la rama ejecutiva a menos que sea una plaza esencial. La enmienda exime del congelamiento de plazas aquellos puestos que sean necesarias como mecanismo de pareo para fondos federales o como requerimiento de obtener tales fondos. También se requiere a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tramitar en 30 días la autorización para un puesto que se pague con fondos federales.

Otra de las enmiendas establece que a partir del primer año de la vigencia de la ley, y en los tres años de la ley, toda corporación pública establecerá anualmente un proceso mediante el cual el director ejecutivo de la entidad y los representantes de sus respectivos gremios, evaluarán la situación económica. A raíz de eso, y si la corporación no opera con déficit y cuenta con una condición financiera estable, se podrá iniciar negociaciones de aquellas cláusulas del convenio colectivo que hayan sido congeladas.

Al final de la vigencia de esta ley, se reestablecerá el convenio colectivo vigente al momento de entra en vigor la ley por el término restante de vigencia y de forma prospectiva.

Aunque el portavoz de la mayoría, Aníbal José Torres, dijo que se había extendido el periodo de negociación con las uniones de las corporaciones, se dejó con el mismo periodo de extensión que ya había impuesto la Cámara.

Mientras, la senadora María de Lourdes Santiago, dijo que ni la oposición ni los trabajadores pretenden desconocer que hay una situación de crisis pero el reconocimiento de lo que ocurre 'tiene que ser bilateral y le toca el otro lado, al del gobierno, al que tiene la información y el poder y los recursos de actuar con un mínimo de transparencia y cientificidad'.

Además, catalogó la propuesta ley como la 'Ley de Despidos Ahora' porque serán miles los que se queden sin trabajo bajo sus disposiciones porque se eliminan empleados transitorios.

Santiago cuestionó, luego de haber aprobado la medida del senador Ángel Rosa para tratar de retener a los jóvenes de edad productiva que estén en el servicio público, 'De qué nos sirve si se acaba el servicio público?...Y por favor, se pueden ahorrar la letanía de que el que tenga una mejor idea que la traiga. Ha habido muchas mejores ideas. Para empezar no votar por la banda de incompetentes que nos ha traído hasta aquí. Pero también las medidas esenciales para enfrentar la crisis: la extensión y aumento de la contribución especial a las foráneas…'

Por su parte, la senadora PNP, Migdalia Padilla, destacó la improvisación al aprobar medidas que no resuelven la crisis fiscal. 'Lo que hacemos es castigando al empleado público. Todo lo que han traído estanca más y más al país…empobrece a la clase trabajadora'.

Entrentanto, el senador Thomas Rivera Schatz, quien habló luego que los unionados le pidieran a gritos, 'Tiburón di algo', afirmó que la medida toca muy livianamente los puestos de confianza y los contratos. Resaltó la ironía de que luego de haber criticado al PNP, el Partido Popular aprobó, 'más de 70 veces la Ley 7', una medida que resultó en el despido de cientos de empleados.

De otro lado, el senador Jorge Suárez, ante el abucheo de las gradas, dijo que se está garantizando el empleo de los trabajadores con la medida. 'Estanos enfrentando sin miedo, pero garantizando el empleo. Se dice que es un asalto al pueblo, algunos dicen, algunas personas…Estas medidas son precisamente las que le van a garantizar un presupuesto balanceado para echar el país adelante. De eso se trata de responsabilidad fiscal', dijo.

La propuesta ley sufrió numerosas enmiendas por parte de la Cámara que incluyeron nuevas disposiciones que obligan al recorte de contratos de arrendamiento, a la reducción de los gastos de agua y de energía, y a la provisión de informes financieros.

Una de las enmiendas fue al nombre de la propuesta ley, que ahora se llamaría 'Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico', porque es para declarar un estado de emergencia fiscal y adoptar un plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica de la degradación del crédito de Puerto Rico.

Como fue aprobada por la Cámara, la medida dispone para informes trimestrales de las agencias, medidas de reducción de gastos de la Rama Ejecutiva tales como la reducción de la contratación de servicios profesionales y comprados, ajustes en tarifas de servicios comprados y profesionales, reducción en la nómina de empleados de confianza, controles en la ocupación de puestos y destaques y traslados.

Primero, se reduce un 10% adicional a la nómina de confianza mediante disposiciones que eleven a estatuto las restricciones existentes, que no permiten reclutamientos adicionales hasta que no se logre una reducción en nómina de 20% en comparación con diciembre de 2012.

Segundo, se congela el reclutamiento y se limita principalmente a puestos que no son indispensables. Tercero, se prohíben los aumentos en beneficios económicos que incluyen aumentos de sueldo o aportaciones a todos los grupos de empleados, incluyendo empleados de confianza.

De igual modo, se prohiben los beneficios económicos extraordinarios, limitando a $600 el bono de Navidad y $200 el de verano; y quinto, se contempla una reorganización en la plantilla de maestros del Departamento de Educación debido a la reducción en el número de estudiantes.

La ley propone un método alterno de negociación a los empleados de agencias en torno a sus beneficios para evitar los recortes provistos en la medida. Unas siete uniones negociaron recientemente dichos cambios que esperan ser ratificados.

También se disponen varias medidas de reducción de gastos operacionales, excluyendo nómina, que totalizan $1,482 millones. Este renglón incluye, no solamente servicios, sino también, pago de utilidades y renta a corporaciones públicas tales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), entre otros.

Además, autoriza la reducción en tarifas de servicios comprados y profesionales sin necesidad de formalización escrita bilateral. A modo de ejemplo, los cinco programas con las asignaciones presupuestarias mayores en servicios comprados y profesionales son, en orden: las escuelas de la comunidad en el Departamento de Educación ($82 millones); Servicios de Salud a la Población Penal ($24 millones); Servicios Educativos Integrales a Personas con Impedimentos ($19 millones); Servicios a Confinados incluyendo alimentos ($19 millones); y Servicios de Salud de Discapacidad Mental ($16 millones).

El proyecto también modifica la estructura reglamentaria y fiscal de los programas de transporte escolar. El gasto de transporte escolar ha subido de aproximadamente $120 millones en el año fiscal 2010-2011 a una proyección de $185 millones en el año fiscal 2013-2014.

Finalmente, la ley dispone que las medidas de control de gastos, tales como limitación de reclutamiento, reducción de gastos de servicios, y medidas de administración presupuestaria, entre otras, apliquen a las corporaciones públicas.

Durante la vigencia de la ley, toda corporación pública deberá suspender las cláusulas no económicas negociadas en los convenios vigentes, incluyendo planes de adiestramiento, licencias con sueldo para seminarios, y concesión de días y horas libres con paga.

La medida suspende el criterio de antigüedad, en tanto y en cuanto sea contrario a lo dispuesto en la ley, o constituya una limitación para efectuar cambios en funciones, ascensos, descensos, reubicaciones, traslados, destaques u otras transacciones necesarias.

De otra parte, también se le exige a las corporaciones públicas restricciones en cuanto al pago de licencia por enfermedad y vacaciones.

Los ahorros generados por las corporaciones públicas relacionadas con la promoción del desarrollo económico serán aportados al 'Fondo de Promoción de Empleo y Actividad Económica', bajo la custodia de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico. Establece también un plan de pago en los litigios. Actualmente, hay $16 millones en multas para el caso de hacinamiento de cárceles Morales Feliciano, y el presupuesto tiene un fondo de $84 millones para el pago de esas demandas.

También se estableció que toda agencia deberá recortar sus gastos en empleados de confianza en un 20% del gasto vigente a junio del 2012.

De otra parte, se añadieron enmiendas que exigen a las agencias someter una lista de sus arrendamientos y los que obligatoriamente se deben mantener. 'La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá ordenar la no renovación de contratos de arrendamiento o la modificación de los mismos a su vencimiento y eventual otorgación, salvo cuando ello resulte en detrimento de un servicio esencial o acarrea un perjuicio económico mayor', dice la medida. 'En tal análisis, la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá, además, determinar la posibilidad de consolidar varias operaciones de varias agencias en un mismo local y renegociar los cánones y términos de los contratos de arrendamiento para lograr condiciones más favorables', añade.

Sobre las medidas de reducción de consumo energético y de agua, esta última deberá reducirse 15% en tres años. 'No se establecerán tarifas especiales ni preferenciales para el servicio de energía eléctrica a las Entidades de la Rama Legislativa, de la Rama Judicial y de la Universidad de Puerto Rico', dice la medida.