La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, dijo el martes que su oficina investiga al exsecretario de Hacienda, Jesus Mendez, y al exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza, luego de haber recibido información de que ambos funcionarios no ofrecieron sus limitaciones en empleos en el sector privado cuando solicitaron las opiniones a la agencia.

Rosario también dijo en conferencia de prensa que todavía no ha concluido la investigación contra el exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, pero la investigación ética de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) desembocó en una querella contra el exsubdirector Iván Toledo.

La funcionaria también aclaró que su oficina ofreció orientación a Somoza y a Méndez sobre las limitaciones que enfrentaban a la hora de ocupar puestos en el sector privado. Indicó además que no se le otorgaron dispensas.

Méndez solicitó orientación para ser miembro de la Junta de Directores de Doral Bank y Oficial Senior de Doral Financial Corporation.Según Rosario, Méndez inicialmente no ofreció la información de que trabajaría con Doral Bank, y no fue hasta que la OEG le preguntó verbalmente si tenía una oferta que lo admitió. Méndez solo informó que regresaría a trabajar a la banca porque había trabajado en la industria financiera por 20 años.

De igual modo, Méndez le aseguró a Ética que no estuvo involucrado en ningún acuerdo entre Doral y el Departamento ya que los delegó a la Subsecretaria y al Secretario Auxiliar de Rentas Internas.

En opinión emitida el 15 de noviembre del 2012, Ética le informó que no había impedimento para laborar con Doral, pero se le advirtió que no podía asesorar al banco en asuntos en los cuales había intervenido como secretario y que tenía que esperar dos años desde su separación del servicio antes de intervenir en asuntos entre Doral y el Departamento de Hacienda. 'El problema es que aparentemente hay dudas y ante la duda saluda. Así que lo envié a investigación. Han asignado dos abogados que más conocen de materia contributiva', dijo Rosario.

La investigación se centra en si Méndez otorgó trato preferencial a Doral, y si el contrato cumplió con los reglamentos.

La actual Secretaria de Hacienda Melba Acosta anuló el acuerdo entre la agencia y el banco alegando que no tiene evidencia de que la insitución financiera hizo sobrepagos de impuestos que justifiquen un reintegro de $230 millones.

De otra parte, Somoza solicitó uno consulta para ser contratado por el bufete Iguirra Oharriz Attorneys and Counselors at Law, quienes tiene contratación relacionada al caso de Morales Feliciano sobre hacinamiento en las cárceles.

Según Somoza, delegó las tareas relacionadas a dicha contratación al subsecretario con la excepción de uno de los contratos que databa del año fiscal 2011-12. La Oficina le explicó que no había impedimento para trabajar con el bufete porque había pasado más de un año desde la contratación, pero le advirtió que tenía que esperar dos años antes de poder representar a clientes de ese bufete ante el Departamento de Justicia.

No obstante, la oficina abrió una investigación luego de que le llegara información de que Somoza había firmado los contratos del bufete. La persona que le dio la información, quien fue un reportero, posteriormente se retractó, pero la funcionaria dijo que la investigación continúa.'Si un periodista me dice que tiene frente a sí los contratos firmados por él, pues tengo que investigar', dijo Rosario.

De otro lado, la Directora dijo que la querella contra Sánchez Betances está en proceso adjudicativo. El caso está siendo evaluado por Lourdes Velázquez Cajigas.

La querella le imputa violaciones de ley por acudir a la escena en la que su amigo, el abogado Jaime Sifre, quien fue detenido por conducir mientras hablaba por su celular y en estado de embriaguez.

Por último, Rosario informó que la investigación relacionada a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) desembocó en una querella contra el exsubdirector de la entidad Iván Toledo, a quien se le imputa utilizar su puesto para fin privado, conflicto de intereses, omisión del cumplimiento de un deber impuesto por ley o reglamento, y poner en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.

Una exempleada había alegado que tanto el director como el subdirector estaban ocultando información a la Junta y que se había violentado la ley.En la conferencia, Rosario criticó a la Legislatura por querer retirar fondos a las agencias anticorrupción, incluyendo a la Oficina del Fiscal Especial Independiente.'Sé que los corruptos allá afuera quieren verme con moscas en la boca', afirmó. 'Y hablo, y hablo alto, y eso no le gusta a la gente'.

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