Una medida con apoyo tripartita radicada por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, ordenará a la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo en el Senado a investigar el procedimiento seguido por el Departamento de Educación (DE) con los estudiantes del Programa de Educación Especial que serán reubicados en otras escuelas debido al cierre de su plantel.

La Resolución del Senado 842, a la cual se unieron como coautores la senadora del Partido Popular,MariTereGonzález, y el portavoz delPNP,LarrySeilhamer, señala en su exposición de motivos que la determinación de cerrar cerca de cien escuelas públicas y hacer la notificación ya al fin del año escolar afectará más dramáticamente a los estudiantes del Programade Educación Escolar.

'La ley obliga a que, antes de finalizar el año escolar, esté preparado el Programa Educativo Individualizado (PEI) de cada niño, en el que se consigne, como uno de los elementos principales, a qué escuela asistirá el estudiante. Si a fin de año escolar se cierra la escuela, el efecto inmediato es dejar a esos niños sin ubicación, y en muchos casos, sin servicios relacionados, como terapias ocupacionales o del habla. Se trata, además, de la desintegración de auténticas escuelas de la comunidad, que lo son no por decreto de ley, sino por el genuino compromiso de las familias y vecinos', dijo Santiago Negrón en un comunicado de prensa.

La senadora independentista señaló que ante lo intempestivo del anuncio de cierres de escuelas, se violentaron trámites establecidos por mandato constitucional y estatutario que se deben seguir en el caso de los niños y niñas con diversidad funcional.

La portavoz del PIP hizo además un llamado a la reconsideración de los cierres de escuela, señalando que las consideraciones deben ir más allá de lo económico.

Por su parte, la senadora Mari Tere González, presidenta de la Comisión, reiteró su compromiso con esta población y puntualizó que el incumplimiento con los acuerdos contractuales establecidos entre el Estado y las partes involucradas conllevaría el pago de multas por contravenir con lo concertado.

'Sobre este particular, la Secretaria Auxiliar de Educación Especial del Departamento de Educación, señora Doris Zapata, expresó que el Departamento pierde millones de dólares pagando las multas radicadas por los padres de los estudiantes como consecuencia del incumplimiento con los estatutos que salvaguardan los derechos de los estudiantes de educación especial'.

Añadió que muchas de las escuelas que se pretenden cerrar atiende en su matrícula a una gran cantidad de estudiantes con Síndrome de Down y Autismo, los cuales reciben terapias ocupacionales, psicológicas y del habla dentro de sus actuales planteles; contrario a las escuelas en las que se pretende reubicar a estos estudiantes, que no cuentan con las facilidades necesarias para atender las condiciones particulares de esta población.

De otro lado, Seilhamercuestionó,'Por qué esta decisión se ha notificado tan tarde a los afectados dejándolos fuera del diálogo? Teniendo como resultado esta urgencia para conseguir a último momento una nueva escuela que tal vez no tenga las facilidades que esta población requiere, teniendo en cuenta que cada niño tiene unas necesidades particulares', sostuvo.