Por razones que aún se desconocen, William R. Clark se ganó la confianza de los directivos de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) de ambos partidos al punto de que se mantuvo en el puesto de confianza de Administrador de la Oficina de Combustible desde el 1996 hasta su retiro este año. Su función se hacía sin reglamento, ya que la compra de ese material se manejaba como una subasta regular.

Clarkcomenzó a trabajar como ingeniero químicoen el 1987 en una de las centrales para luego ascender al puesto de confianza en el 1996. Según los que lo conocen, es oriundo de Vieques, proviene de familia humilde y está separado de su esposa. También se supo que se graduó de ingeniería del Colegio de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

El presidente de los Empleados Jubilados de la AEE, Ernesto Santiago, quien dijo que recuerda cuando Clark llegó a la AEE, destacó que no se le conoció afiliación política alguna.

'Fue investigado por ambos partidos y no encontraron nada así que lo dejaron como administrador', dijo Santiago.

No obstante, Clark está en el ojo público luego de que saliera a relucir en un programa televisivo que su recién fiesta de retiro fue un agasajo entre empleados de la AEE y suplidores de combustible de la corporación pública en un restaurante de Condado.

Se alega que los suplidores de combustible, a quienes se les ha apodado el 'Cartel de Petróleo' por alegadamente querer impedir que la AEE reduzca su dependencia de los combustibles fósiles, costearon la fiesta. El Senado y ya la Oficina de Ética abrieron investigaciones sobre el tema.

La celebración de Clark contó con la presencia de ejecutivos de Puma Energy, Petrobras América y Peerles Oil y PetroWest que suplen miles de millones de dólares a la AEE en combustible y gasolina.

Fuentes de la AEE proveyeron a NotiCel dos versiones de lo acontecido en la velada. Una de las versiones es que cada uno de los asistentes pagó lo suyo o entre $50 a $60. La otra versión es que fueron los representantes de las firmas suplidoras de combustible pagaron entre $50 a $60 cada uno para el agasajo.

Durante su incumbencia como administrador de la Oficina de Combustible, la AEE fue centro de al menos dos investigaciones.Según fuentes, Clark respondía al director ejecutivo.

La AEE no tiene un reglamento para la compra de combustible como tal pero si un Reglamento de Subastas. Dentro del mismo se establece que todas las compras mayores de $50,000 tienen que ir a subasta excepto en casos de emergencia.

Una auditoria del Contralor publicada en el 2002 y que cubría el periodo de 1998 al 2001, arroja un poco de luz en torno a las responsabilidades de Clark. La auditoría concluyó que contrario a las normas de política pública y de control interno, a octubre de 2000, Clark hizo funciones conflictivas entre sí; seleccionaba los posibles proveedores y les enviaba directamente las invitaciones a subasta; recibía y custodiaba las cotizaciones u ofertas sometidas por los licitadores; asesoraba a la Junta de Subastas en el proceso de las subastas; recomendaba a la Junta de Subastas la adjudicación de las subastas; enviaba las cartas de adjudicación; aprobaba las órdenes de compra expedidas a los proveedores; recibía, examinaba y aprobaba las facturas para pago sometidas por los proveedores y recomendaba al Director Ejecutivo la extensión de contratos a los proveedores.

Según la auditoria, la situación impidió AEE ejercer un control adecuado de las compras de combustibles. 'Además, propicia el ambiente para la comisión de irregularidades y dificulta que éstas se puedan detectar a tiempo, con los consiguientes efectos adversos para la AEE,' dijo.

Examinadas ocho subastas por $756,230,000 de las 14 subastas celebradas de enero de 1998 a diciembre de 2000 para la compra de combustible se encontraron varias irregularidades. Una fue que la AEE adquirió de dos compañías combustibles por $232,081,470 sin que existiera un contrato entre las partes. Se encontró también que la Oficina de Combustible no mantenía un registro actualizado de los contratos formalizados por la AEE para la compra de combustibles.

La auditoría también encontró irregularidades en 11 contratos para combustible Núm. 6 por aproximadamente $1,762,880,000 en donde la AEE usó los mismos laboratorios que usaban los suplidores para determinar la calidad del combustible.

En 29 de las entregas de combustible por $93,025,256 relacionadas con 33 facturas, la AEE contrató los mismos laboratorios que habían realizado las pruebas de composición química y de calidad para las compañías proveedoras del combustible para que éstos a su vez realizaran las pruebas sobre volumen de entrega de los combustibles recibidos en Puerto Rico. En cuatro de las entregas por $20,659,239, la AEE utilizó los mismos laboratorios, para que realizaran las pruebas sobre la composición química y la calidad de los combustibles recibidos.

'Esto representa un conflicto de intereses al ser el mismo laboratorio contratado por el proveedor quien certifica para la AEE el volumen de entrega y la composición química y de calidad de los combustibles suplidos a ésta', dijo el contralor.

Contrario a los contratos formalizados entre la AEE y las compañías proveedoras, en 5 facturas por $7,792,537 éstas suministraron los Certificados de Calidad sin el sello y la firma de un químico licenciado en Puerto Rico. La AEE tampoco se los requirió.

Bajo la incumbencia de Clark, la AEE también fue objeto de una investigación legislativa en el 2008 por parte de las Comisiones de Gobierno y a la de Salud de la Cámara de Representantes sobre la determinación de la AEE de utilizar combustible con un alto contenido en bióxido de azufre a sabiendas de los graves efectos de este compuesto químico sobre la salud de los puertorriqueños y de las millonarias penalidades a las que estaría sujeta por la Agencia Federal de Protección Ambiental.

La investigación encontró que dicha acción de usar otro combustible surgió de la carencia del producto necesario para satisfacer la demanda de las termoeléctricas. 'El entonces Director Ejecutivo le indicó a las Comisiones, que la Autoridad tenía dos alternativas, o reducía o cerraba las operaciones de sus plantas en el Área Metropolitana o utilizaban combustible con un mayor porcentaje de azufre de lo permitido por la EPA, arriesgando así la salud de todos los ciudadanos que residen en áreas adyacentes a las plantas de producción de energía', dice la investigación.

El informe fue referido a varias entidades, incluyendo al Departamento de Justicia pero la investigación alegadamente no prosperó porque cualquier delito ya había prescrito.