Orlando Soto Ventura, el comerciante y dueño del restaurante Mesa Criolla en Moca, confesó que el sistema judicial lo convirtió de 'víctima a victimario' en el caso que este llevó contra el contable público autorizado Lutgardo Acevedo López.

En entrevista con el periódico El Vocero, Soto Ventura relata el calvario que ha vivido desde el famoso incidente del 23 de agosto de 2010, en el que supuestamente Acevedo López le apunto con un arma de fuego en medio de un altercado entre este y dos policías francos de servicio.

El suceso quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Aunque el contable fue acusado, por amenaza y por violar el artículo 5.15 que castiga el apuntar con un arma de fuego, lo cierto es que a Acevedo López, luego de más de dos años, no se le encontró causa.

En el reportaje, Soto Ventura relató que a pesar de la prueba, además de las sentencias impuestas a nombre Eliezer Vega Mercado y Elliot Medina Pellot, dos hombres que el día después de los hechos fueron a su negocio y le propinaron una golpiza supuestamente a nombre del contable, no fue hasta enero de 2011 que se presentó denuncia contra Acevedo López por la amenaza con el arma de fuego. Nunca fue acusado en relación a la agresión física al comerciante.

Mientras, el proceso judicial por el que sí fue acusado pone una vez más en evidencia la supuesta impunidad de la que gozó Acevedo López, mientras Soto Ventura llegó a ser acusado por desacato, arrestado e impuesto una fianza de $5 mil sin el derecho a pagar el 10%. La acusación de desacato ocurrió luego de que este hiciera expresiones a la prensa durante el proceso judicial en septiembre de 2011.

Incluso, el fiscal original del caso fue Joseph Esparra, quien eventualmente fue acusado por un Fiscal Especial Independiente (FEI) por cargos de soborno, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Ética. Y es que este habría sobornado al contable para usar sus influencias en el sistema judicial para lograr que el fiscal lograra ser nombrado como fiscal de distrito. A cambio, Esparra archivaría el caso de Acevedo López.

El juez original del caso, José Román Barceló, se inhibió porque conocía al contable. Luego, la jueza Johann Torres Toucet no halló causa para juicio contra Acevedo López.

Soto Ventura fue en alzada el 18 de agosto con el juez superior Jaime Rodríguez González, quien también se inhibió del caso porque Acevedo López era su contable.

El caso recayó en la jueza Marta Marchany Justiniano.

En septiembre de 2011 Soto Ventura fue entrevistado en el programa de Luis Francisco Ojeda y expresó que tuvo el consentimiento del fiscal Orlando Velázquez para hacer esta entrevista, reporta El Vocero.

Días después, la abogada de Acevedo López, Mayra López Mulero, solicitó la desestimación del trámite judicial y pidió sanciones contra Soto Ventura por la a WKAQ Radio y a dicho rotativo. Esto resultó en una orden de mordaza.

La jueza, aunque no desestimó, ordenó el procesamiento de Soto Ventura por desacato por las entrevistas, a pesar de que estas se hicieron antes de la orden de mordaza. Los cargos luego fueron archivados.

'La jueza Marchany Justiniano determinó causa probable contra Lutgardo, pero solo le impuso una fianza de $1,000. Nunca se le esposó, ni fue ingresado. En cambio, a mí que fui víctima de un delito violento por parte de Lutgardo, fui esposado y llevado a una celda y se me impuso una fianza de $5 mil. En ningún momento, luego de diligenciarse la orden de arresto fui llevado ante un magistrado para que se me hallara causa para arresto.

En efecto, pasé de ser víctima a ser acusado, Fui tratado como un criminal, sin prueba alguna contra mí y a pesar de ser la víctima del delito. Me humillaron', apuntó Soto Ventura a El Vocero.

A finales del 2011, el nuevo fiscal del caso pidió la inhibición de la jueza. No obstante, el juez administrador del Tribunal de Aguadilla, Manuel Hernández Acevedo, declaró no ha lugar.

Este es el mismo juez cuya residencia fue allanada recientemente por las autoridades federales.

Soto Ventura presentó una querella contra la juez, quien terminó por inhibirse.

Luego, el contable pidió que el comerciante fuera desarmado por este último supuestamente lo había amenazado a través de terceros.

'La solicitud fue sin fundamento en hecho o derecho. El tribunal refirió el caso a la Policía para que Lutgardo presentara una querella en mi contra. Luego de que Lutgardo presentara una querella en mi contra el 17 de febrero de 2012, la agente Ana Rivera López consultó con la fiscal Zulymar Méndez y esta le indicó que no había los elementos para desarmarme', expuso.

Sin embargo, en febrero de 2012 fue desarmado por órdenes del coronel Leovigildo Vázquez. Su arma le fue devuelta en septiembre de ese año.

Acevedo López no fue desarmado en esto en este incidente, pero sí fue desarmado luego de otro incidente el pasado mes de abril en un hotel de la zona este. Según supo NotiCel, éste pudiera perder la licencia.

Finalmente, en marzo de 2013, en una vista preliminar en alzada la jueza Iris Reyes Maldonado ratificó la determinación de no causa contra Acevedo López.

'Al presente, queda ante la consideración del tribunal dos cargos de delito menos grave por amenaza contra Lutgardo Acevedo López. Tengo serias dudas sobre si se hará justicia en este caso porque Lutgardo ha demostrado tener influencia sobre el proceso judicial y por las irregularidades en los procedimientos de este caso', aseguró el comerciante.