Unos siete sindicatos que representan más del 85% de los empleados públicos unionados acordaron con La Fortaleza comenzar negociaciones para hacer ajustes en los beneficios y salarios en sus convenios como parte de la propuesta Ley de Sustentabilidad Gubernamental que decretaría una emergencia fiscal.

La Ley de Sustentabilidad Gubernamental permite extender recortes de gastos a las corporaciones y renegociar los convenios para imponer una reducción de gastos, cuya partida principal proviene de la suspensión de los aumentos, de la reducción de los bonos de Navidad a $600 en todas las ramas del gobierno, y de la eliminación del pago por exceso de enfermedad.

La negociación, que será centralizada, afectará unos 55 convenios que están vigentes, y sobre 42,000 empleados unionados bajo la Ley 45. Aquellos convenios que se están negociando al presente, se extienden por un año, según la propuesta ley.

'No solo es un proceso centralizado de negociación sino que los acuerdos a los que queremos llegar serán uniformes para que se aplique de manera uniforme a cada uno de los sindicatos representados….Los (sindicatos) que no estén le damos la bienvenida a unirse', expresó la secretaria de la Gobernación, IngridVila.

Pero elpresidente de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores de Estado, Federico Torres Montalvo, advirtió que el gobierno tendrá que justificar todas las contrataciones incluyendo las de empleados transitorios antes de que se intente recortar beneficios adquiridos en convenios colectivos.

'Tendrán que definir si a esos empleados se les van a crear los puestos. Si no hace falta el puesto que justifique crear la posición a la fecha de expiración (del contrato), pues expirará', dijo Torres Montalvo en conferencia de prensa.

Torres Montalvo sostuvo que espera que haya transparencia y que los recortes que se hagan en los contratos y nómina de empleados de confianza y las uniones sean equitativos.

Además, el líder sindicalno aseguró que se pueda ayudar a los empleados transitorios preservar sus trabajos porque cada una de las agencias trabaja con ese tipo de empleados de forma diferente. 'La mayor parte de los convenios colectivos bajo la Ley 45 dicen que los empleados transitorios no pueden ocupar puestos que tienen funciones regulares. Después de 90 días ya no puede ser transitorio, y hay que publicar el puesto y cubrirlo como establece el convenio si hay necesidad…Hay otro tipo de empleado transitorio en el Departamento de Educación que se trata de manera distinta', declaró.

La Secretaria declaró que se llevará un proceso paralelo de ajustes a los convenios con las corporaciones públicas cuyas negociaciones serán con las juntas directivas de esas entidades.

Sin embargo, Vilaaseguró que la situación laboral de los empleados transitorios no fue materia de discusión y ninguna de las medidas de presupuesto afecta las condiciones laborales de esos empleados.

De igual modo, se indicó que habrá una comunicación por parte de La Fortaleza a la Legislatura para que los distintos legisladores acaten lo que se decida en los acuerdos para que no haya declaraciones conflictivas.

'Quienes tienen la última palabra son los empleados', afirmó José La Luz, de Servidores Públicos Unidos.

Torres Montalvo dijo que los acuerdos a los que se lleguen como parte de la negociación será lo que prevalecerá en los convenios y no lo que indique la propuesta Ley de Sustentabilidad Gubernamental. 'Es un proceso alterno', dijo.

No obstante, los líderes reconocieron que aquellas uniones con convenios vigentes que no lleguen a acuerdos sufrirán los recortes establecidos por la propuesta Ley de Sustentabilidad Gubernamental.

El gobierno se propone hacer recortes de un 7.5% en cada una de las agencias como meta para recortar sobre $1,000 millones. Al preguntársele cómo los recortes propuestos afectarán las negociaciones, lapresidenta de la Federación Central de Trabajadores, Luisa Acevedo, dijo que ese por ciento se refiere al pote completo de recortes en la agencia y no solamente a los beneficios y salarios de los empleados unionados.

Como parte de la negociación, Torres Montalvo sostuvo que identificarán empleados públicos que no han recibido aumento en años debido a la Ley 7 y se asegurarán que la propuesta ley no será excusa para que no se continúen las negociaciones para nuevos convenios.

De otro lado, Acevedo dijo que el propósito del proceso es evitar que la ley aplique en todas sus partes a los convenios y que la parte económica esté regida por los convenios colectivos.

Los convenios continuarán existiend,o pero con las modificaciones, luego de que las matriculas de las uniones los ratifiquen, añadió Torres Montalvo.

Las uniones que participaron de la reunión fueron Servidores Públicos Unidos, Unión General de Trabajadores, Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores de Estado, UAW, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Federación Central de Trabajadores.

Mientras, el comité negociador del gobierno está compuesto porVila, el secretario del Trabajo,VanceThomas, y por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, CarlosRivas.

Ambos comités negociadores se reunirán cada miércoles, y la próxima reunión está pautada para el 14 de mayo.