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Parcos AGP y Fiol Matta tras decisión del Supremo sobre retiro magisterial

Tanto el gobernador Alejandro García Padilla como la designada presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, fueron cautelosos en comentar sobre la reciente decisión que tomó el alto foro judicial sobre la Reforma de Retiro de Maestros donde declaran inconstitucional ciertas secciones de la controvertible legislación.

De un lado, García Padilla, dijo que todavía no había leído la decisión, pero que el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, la evaluaría de inmediato y si fuera necesario presentaría una reconsideración.

'Sí espero por el impacto que tiene sobre la viabilidad económica de nuestro país y lo terrible que puede ser para la economía y la realidad fiscal de Puerto Rico, en primer lugar que sea compatible con los precedentes que el propio Tribunal ha dictado en caso similares. Y en segundo lugar, que no deje lugar a duda de que no haya ningún matiz que torpedee la decisión firme de este pueblo en recuperar su prosperidad económica', determinó el Primer Mandatario.

Por su parte, Fiol Matta, manifestó que no podía comentar sobre la decisión.

'Es un asunto que ya se ha resuelto por el Tribunal, que de hecho todavía no es final y firme. Y que aunque lo fuera, las posiciones de los jueces ya están plasmadas en sentencias y opiniones diversas, y hay que recurrir a ellas para ver cuáles son las distintas posiciones', puntualizó.

De otro lado, la Unión General de Trabajadores (UGT) declaró en comunicación escrita que examina la posibilidad de peticionar recurso de revisión al Supremo de su caso sobre la Ley 3 de retiro de los empleados del Gobierno central ante la reciente determinación en el caso del magisterio.

Para el portavoz del PPD en el Senado, Aníbal José Torres, la decisión del Supremo presenta un nuevo reto para superar la crisis fiscal.

'Lamentablemente, la decisión revive el estado de urgencia que tiene el sistema, reduciendo las opciones hábiles para atender esa crisis. Obviamente, confiemos en que esto no provoque aún más daño a la situación crediticia del País y que en efecto, se puedan armonizar las necesidades de los maestros y la de todos los puertorriqueños con la búsqueda de soluciones reales que permitan la rehabilitación del sistema y no meras sugerencias que lo que hacen es prolongar su decadencia', afirmó Torres.

Mientras, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, encontró que la decisión por parte de la mayoría en el Supremo demuestra 'su enajenación de la situación fiscal del país'.

'Esta decisión pone en peligro la estabilidad financiera de nuestras familias, de las instituciones gubernamentales y de miles de maestros cuyo retiro ahora se ve nuevamente amenazado', advirtió Bhatia.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, criticó la decisión tomada por los jueces.

'Difiero con vehemencia y con gran preocupación de una decisión que se aleja de la realidad del país y afecta irremediablemente los esfuerzos que hacemos para recuperar la reputación económica de Puerto Rico y mantener un retiro digno para nuestros maestros de acuerdo a los recursos que tenemos', declaró por escrito Perelló.

Por su parte, la Delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes aplaudió la decisión al entender que la ley no sirve 'su propósito de adelantar la solvencia del Sistema de Retiro'.

Entretanto, la senadora por el Partido independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, destacó que, 'hay que lamentar que la protección que hoy el Tribunal Supremo concede a los maestros, se la negara antes a los empleados de gobierno central, igualmente afectados por los cambios a sus sistema de retiro'.

El Tribunal habría determinado que era constitucional la parte de la Ley 160 que elimina los beneficios especiales a los pensionados y que establece un nuevo esquema de pensiones para los nuevos maestros que entre al sistema.

Pero declaró inconstitucionales las secciones de la ley que trastocan el pago de pensión a los maestros que ya están pensionados o a los que comenzaron a cotizar antes de la aprobación de la ley en diciembre pasado.