El juez superior de San Juan, Ángel Pagán Ocasio, seguirá evaluando si la Diócesis de Arecibo deberá entregar la información requerida por el Departamento de Justicia que contiene los nombres y datos de las presuntas víctimas de abuso sexual por parte de exsacerdotes.

La determinación del juez se conocerá del 21 de marzo en adelante, día que las partes, fiscalía y abogados del obispado, deberán entregar los informes finales para su evaluación y posterior decisión. El pleito surge luego de que Justicia le requiriera datos específicos al obispo de esa jurisdicción, Daniel Fernández Torres, sobre los presuntos perjudicados de abuso sexual y los agresores.

Ante la negativa del obispado, el líder religioso acudió al tribunal para impedir que el estado lo obligue a entregar información 'confidencial e interna' que culminó con la expulsión,por El Vaticanode seis sacerdotes de esa diócesis del 2010 en adelante.

Este viernes se celebró la continuación de la vista de interdicto preliminar, donde los abogados del obispo, Frank Torres Viada y José Andreu García, citaron al perito en derecho canónico, Elías Salvador Morales, como testigo. En su alocución, el vicario judicial, quien intervino en casos de agresión sexual, explicó que hay reglamentos eclesiásticos que prohiben que se comparta información con el estado.

Entre ellos, destacó los cánones 220, 1717 y 1455 del derecho canónico que establecen que el Tribunal Diocesano, quien atiende querellas dentro del seno de la Iglesia Católica, 'no dará a conocer los nombres del denunciante ni perjudicado'. Esas normas, también piden que la institución 'cuide la buena fama de una persona y que no la ponga en peligro'.

Otro documento que discutió el religioso fue un reglamento adoptado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, organismo que reúne a todos los obispados de la isla, que solicita que la Iglesia Católica mantenga 'confidencial la información que se discute sobre los casos de abuso sexual'.

Asimismo, Morales detalló en su testimonio que a las víctimas de estos actos se les advierte que la investigación será de naturaleza canónica y no civil, aunque no se le limita, ni prohibe, que estos acudan a las autoridades civiles para denuncias. Especificó que en el único caso que recurren a las autoridades del estado sería cuando el perjudicado es menor.

El testigo enfatizó en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan que si 'alguna diócesis da a conocer el nombre de la víctima sin su consentimiento, está violando el derecho canónico'.

Otro que se sentó en la silla de los testigos fue el vicario general de la Diócesis de Arecibo, Luis Alberto Colón Rivera. Este puntualizó que las investigaciones dentro de la institución son 'estrictamente confidencial y que el clero pontificio les impide divulgar información'.

'Esas personas (las víctimas) acuden a nosotros bajo una fe religiosa, teniendo la garantía de un proceso de transparencia y dignidad dentro del foro correspondiente. Cuando vienen donde mi me ven como un sacerdote y comienza un proceso de sanación', manifestó el vicario vestido con bata blanca y quien en todo momento durante su testimonio sostuvo un rosario en su mano derecha.

'Nosotros hemos cooperado con las investigaciones a tal punto que ayer, jueves, se procesó una persona con la información que entregamos', subrayó Colón Rivera al referirse al excura Edwin Mercado Viera, quien enfrentará la vista preliminar el 20 de marzo.

A pesar de la negativa de los dos líderes religiosos, ninguno estableció que exista algún reglamento que prohiba a la Iglesia Católica en Puerto Rico entregar información requerida por el Departamento de Justicia.

Por su parte, la abogada Claudia Juan García, quien representa al Departamento de Justicia, cuestionó por qué algunas diócesis entregan información y otras no. 'Cómo es posible que una diócesis, que pertenece a una misma Iglesia Católica, con un mismo reglamento y derecho canónico, pueda entregar información solicitada y otra no?', inquirió la letrada.

A la vista acudió el obispo Fernández Torres quien negó, a su salida de sala, que algún oficial federal se haya comunicado con él para investigarlo por denuncias de abuso sexual.