El Senado ya está más cerca de aprobar una reforma energetica al estar ya casi concluida la evaluación de los proyectos sometidos por el Ejecutivo y por el presidente del cuerpo, Eduardo Bhatia.

Tanto el gobernador Alejandro García Padilla como Bhatia han estado encontrados en torno al tema de cómo reducir los costos energéticos y reformar la AEE al punto de que el presidente del Senado pidió a los senadores recientemente que no aceptaran reunirse con asesores de La Fortaleza que promovían los proyectos del Ejecutivo.

Ambos paquetes de propuestas ambicionan reducir el costo de energía y hacer que la AEE, la cual tiene una deuda acumulada de unos $9 mil millones, tenga una operación rentable.

El eje de la disputa entre García Padilla y Bhatia es que ambos han propuesto diferentes vertientes de un ente externo para regular la AEE y reducir tarifas. La propuesta de Bhatia consiste en una comisión que fiscalice a la AEE y regule tarifas. El Gobernador propone sustituir la Junta Reglamentadora de Comunicaciones por una entidad que regule las telecomunicaciones y asuntos energéticos así como una nueva oficina que se encargue de implementar política pública energética.

Bhatia ya se le había adelantado a García Padilla en noviembre al someter primero su propuesta reforma energética compuesta por siete proyectos y tres resoluciones de investigación.

La primera medida, el PS 837, propone crear una Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía de Puerto Rico para asegurar la implementación de la política pública energética del gobierno y fijar las tarifas eléctricas.

El Proyecto del Senado (PS) 838 que enmienda la ley de la AEE para establecer un mandato a la corporación pública de regirse por el Plan de Alivio Energético y responderle a la comisión reguladora.

El PS 839 establece que el Plan de Alivio Energético que tiene como política pública que la AEE reduzca tarifas energéticas, cumpla con leyes ambientales y rinda cuentas al darle legitimación activa a los ciudadanos para demandarla si no cumple con las leyes ambientales.

El PS 840 establece una nueva reglamentación sobre el programa de medición neta para cambiar los criterios de instalación de generadores de energía de uso privado.

Además, Bhatia radicó tres leyes de eficiencia energética. El PS 841 que crea la Ley de Eficiencia Energética Municipal para promover el ahorro energético en los municipios; el PS 842 es para establecer estrategias de ahorro energético en las agencias, y el PS 842 para promover la eficiencia energética en la Rama Legislativa. El paquete de proyectos de Bhatia incluye tres resoluciones de investigación para estudiar la viabilidad de separar la generación, transmisión, y distribución de energía, para evaluar alternativas energéticas y analizar todo lo relacionado al pago de la deuda de la AEE.

García Padilla, de otra parte, envió a la Legislatura en enero cuatro proyectos de ley para impulsar su política energética.

La primera de las medidas, el PS 881, busca enmendar la ley de la AEE para establecer como misión y mandato de la corporación pública el ofrecimiento de un servicio eléctrico confiable y transparente, cónsono con la protección del ambiente y basado en el costo real. Según la medida, la AEE debe adoptar modelos de negocios para reducir su dependencia a la venta de electricidad y diversificar sus fuentes de ingreso.

Además, declara que la política pública del ELA es la obtención de la autonomía energética y garantizar la seguridad de la infraestructura eléctrica. El proyecto dispone como requisito de ley que las reuniones de la Junta de Gobierno de la AEE sean transmitidas simultáneamente por Internet y exige a la Junta de Gobierno la adopción de un Código de Ética que rija la conducta de sus miembros y de su equipo de trabajo.

Asimismo, establece que la AEE debe implantar mecanismos de participación ciudadana durante el proceso para revisar las tarifas, y ordena que las tarifas sean revisadas cada dos años. La AEE tendrá que identificar las maneras más efectivas y económicas de hacer que la infraestructura eléctrica de Puerto Rico sea una sostenible integrando nuevas tecnologías.

El segundo proyecto, PS 882, sustituye la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones con la creación de la Comisión de Energía y Telecomunicaciones de Puerto Rico y sustituye a la Administración de Asuntos Energéticos por la Oficina Estatal de Política Pública Energética, cuyo director ejecutivo será el portavoz y asesor del gobernador en todo asunto de política pública energética.

Además de sus deberes y facultades en relación con la regulación y adjudicación de casos y controversias sobre el servicio eléctrico, la nueva junta tendrá todos los poderes, facultades y obligaciones que actualmente tiene la Junta Reglamentadora más poseerá autoridad para llevar a cabo inspecciones, investigaciones y auditorías, de ser necesarias, para alcanzar los propósitos de la ley.

Por su parte, la Oficina Estatal de Política Pública Energética se enfocara en establecer la política pública energética para el ELA en todas aquellas áreas que no estén en conflicto con la jurisdicción reglamentaria de la propuesta junta.

El tercer proyecto busca transferir al Departamento de Transportación y Obras Públicas las facultades de la Comisión de Servicio Público relacionadas con la regulación de las empresas de conducción por tubería, así como con la regulación de la transmisión, distribución y entrega de gas natural por tubería. El último proyecto busca eximir del pago de arbitrios a los carros eléctricos e híbridos.

De todas las propuestas, las más controvertibles son las que crearían un ente aparte para fiscalizar a la AEE.

Ya el Senado ha dicho que la propuesta del Gobernador que crearía una Junta para regular las telecomunicaciones y los asuntos energéticos no es viable ya que la misma ha recibido el rechazo de compañías de comunicaciones que entienden que ambos temas son altamente complejos y no deben ser atendidos los dos por una sola entidad.

La JRT, que se convertiría en una comisión reguladora de energía y telecomunicaciones, favoreció la medida del Gobernador por entender que está perfectamente capacitada para lidiar con ambos temas. El presidente de la JRT, Javier Rúa, dijo que la nueva comisión se financiará con cargos a compañías de telecomunicaciones y con cargos a productores independientes de electricidad para no afectar las finanzas de la AEE. Rúa dice que se puede lidiar con ambos temas porque hay tecnologías de información y comunicación que permitirán reducir el costo de energía a los abonados. El Puerto Rico Broadband Task Force expresó preocupación de que se pierda personal técnico experto en telecomunicaciones bajo la nueva entidad que propone el gobernador.

Liberty Cable Vision dijo que la propuesta del Ejecutivo debilitaría la industria de las telecomunicaciones.

'Liberty se opone al Proyecto por entender que el mismo, de convertirse en Ley, debitará los esfuerzos del gobierno en promover la competencia y estimular el mercado de telecomunicaciones y cable televisión en Puerto Rico y no cumplirá el propósito de regular adecuadamente la industria de energía', dice la ponencia.

No obstante, la AEE se opone a la creación del ente regulador externo como propone Bhatia porque objeta que se le quite a la corporación pública el poder de regular las tarifas a clientes debido a su responsabilidad con los bonistas.

El Centro para una Nueva Economía (CNE), por voz de su director de política pública, Sergio Marxuach, favoreció la propuesta de Bhatia por encima de la del Gobernador.

Según Marxuach, hay necesidad de crear un ente regulador externo a la AEE para que controle la conducta depredadora de 'grupos de intereses externos a la corporación que se benefician de la situación actual. De lo contrario podemos esperar que la AEE continúe utilizando plantas obsoletas; cobrando tarifas excesivamente altas; repartiendo contratos a diestra y siniestra; y negándose arbitrariamente a conectar al sistema a productores más eficientes'.

Marxuach destacó que estudios que ha hecho el CNE apuntan a la necesidad de una comisión reguladora independiente para proteger los intereses del consumidor; establecer y revisar las tarifas anualmente; aprobar los planes de expansión de capital; promover la transición a energías renovables; y supervisar el mercado eléctrico.

De otra parte, Marxuach se opuso al proyecto del Ejecutivo porque crearía un ente que regularía las telecomunicaciones y los asuntos energéticos a la vez porque la complejidad del sistema eléctrico requiere la atención de un ente regulador que tenga el conocimiento y los recursos necesarios para poder llevar a cabo su misión.

'La tarea de supervisar y fiscalizar a la industria eléctrica requiere de un organismo especializado que pueda dedicarse a ella a tiempo completo', dijo Marxuach.

El CNE notó que la propuesta comisión que propone el gobernador no podría regular tarifas.

'Nos parece que el mandato que se le otorga a la comisión en relación a las tarifas eléctricas y la resolución de disputas es terriblemente débil. Nos llama la atención que ni siquiera se le otorga a la Comisión la capacidad para dirigir el proceso de revisión y establecimiento de tarifas. La Autoridad de Energía Eléctrica seguirá determinando sus tarifas como hasta ahora, y solo vendrá obligada a radicar las mismas ante la comisión. Peor aún, la legislación propuesta penaliza a las personas que quieran presentar alguna querella o que quieran impugnar alguno de los procedimientos de la Autoridad, ya que le impone al querellante un requisito de prestar una fianza sin un tope o limite fijo', dijo Marxuach.

El CNE dijo que le preocupa que la propuesta del Gobernador autorizaría a la propuesta comisión imponer un cargo adicional a la tarifa de energía para cumplir con el pago a los bonistas de ser necesario.

De otra parte, a pesar de que las finanzas de la AEE están en precario, las subsidiarias de la AEE bajo PREPA Holdings tienen ganancias de sobre $16 millones.

Durante una vista senatorial el lunes, el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, reveló que Interamerican Energy Sources, una subsidiaria de PREPA Holdings que desarrolla proyectos de energía renovable y no renovable, está muy cerca de firmar un memorando de entendimiento con el gobierno de las Islas Virgenes de los Estados Unidos para hacer un cable submarino que lleve electricidad a Santo Tomás, isla que está todavía buscando financiamiento para el proyecto en el Congreso.

De paso, también reveló que se firmará un acuerdo este mes para hacer infraestructura para una compañía que manufactura vehículos eléctricos. Además, Alicea reveló que la AEE ya ha comenzado a ofrecer y vender su catálogo de servicios, productos e ideas para proyectos energéticos en otros países para expandir sus fuentes de ingresos.