Demandas millonarias por presunta persecución política en Las Marías
El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jose Aponte Hernández, denunció el martes una campaña de persecución, discrimen político y violación de derechos civiles por parte del alcalde de Las Marías, Jose Javier Rodríguez, en contra de sobre 30 empleados municipales.
'Las actitudes y acciones de persecución y discrimen político vuelven a ser la orden del día por parte de alcaldes del partido popular contra empleados identificados con el PNP, en esta ocasión en el municipio de Las Marías. Este alcalde popular, ha tenido que ser demando por su agenda politiquera contra funcionarios públicos, por no haber sido nombrados por la presente administración popular', indicó Aponte Hernández en un comunicado de prensa.
Según Aponte Hernández, las acciones del ejecutivo municipal llevaron a que un grupo de 34 empleados radicaran una serie de demandas millonarias en el Tribunal Federal contra este funcionario del Partido Popular Democrático (PPD).
Indicó que en el primer recurso (número de caso 13-1870), los empleados de carrera Alberto Crespo Muñiz y Luis Rodríguez Aponte alegan que alcalde implementó desde que asumió control de la poltrona municipal una 'campaña de persecución política' en contra de ambos que incluyó la eliminación de funciones y deberes, así como negrales el uso de equipo y sistemas necesarios para realizar tareas asignadas.
Además detalló que los demandantes además alegan que la Directora de Recursos Humanos municipal, Yadira Almodóvar González es parte activa del esquema, cambiando disposiciones de puestos para así perpetrar el discrimen. El dúo solicitó al Tribunal una compensación conjunta por sus agravios de 3 millones de dólares.
Por otro lado, señaló que el segundo pleito federal en contra de la administración de Rodríguez fue radicado inicialmente por un grupo de 22 empleados transitorios despedidos injustificadamente por el alcalde popular en enero de 2013. Este pasado enero, otros 12 trabajadores destituidos por razones político-partidistas se unieron a la demanda por discrimen.
'Hoy se evidencia una vez más, la mediocridad administrativa de los defensores del status quo. Como ellos no creen en la constitución federal, entienden que pueden obviar la protección en contra del discrimen. Hoy les decimos que estas actuaciones no van a pasar por alto', dijo el líder estadista.
El secretario de la Palma destacó que según se desprende de la demanda (número de caso 13-1875), los empelados cesanteados imputan que la administración de Rodríguez decidió el no renovar las designaciones a sus puestos por razones simplemente políticas, debido a que estos son votantes del PNP en Las Marías.
Todos estos empleados transitorios habían laborado en el municipio por espacio de entre tres y 14 años, según Aponte Hernández.
Entretanto, dijo ninguno de los ahora destituidos empleados tenía alguna amonestación en sus expedientes en o antes de recibir la notificación de que no serían renovados a otro término y que días después de las destituciones, el alcalde popular contrató nuevo personal, todos activistas del partido de gobierno, para llenar esos puestos.
De acuerdo con el representante, la demanda describe una instancia en la que Rodríguez informa a uno de los empleados despedidos que 'mi gente me ayudó y tengo que ayudar a mi gente', en referencia a la necesidad de remplazar a los trabajadores por personas afiliadas al partido popular. Para Aponte Hernández esta aseveración confirma que la motivación para el despido fue política.
Además de Rodríguez y Almodóvar González, fueron demandados el Director de Finanzas, Luis Pérez Rivera y la Directora de Ayuda a la Comunidad, Socorro Rodríguez Martín, según el también legislador.