El Departamento de Justicia levantó bandera sobre aspectos constitucionales que podrían verse trastocados si se aprueba un proyecto de ley que busca que los imputados de delito paguen la totalidad de los gastos administrativos mensuales en los que incurre la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) en la supervisión electrónica.

El director ejecutivo de la OSAJ, Abid Quiñones, favoreció la medida y propuso enmiendas en vistas públicas de la Comisión de lo Jurídico, a las que sólo acudió el presidente del organismo legislativo, el representante Luis Vega Ramos.

El funcionario hizo referencia al caso del convicto Pablo Casellas Toro, quien tuvo que pagar el 75% del costo del dispositivo de posicionamiento global (GPS) que tuvo desde que se determinó causa para arresto en su contra en octubre de 2012 hasta que resultó convicto recientemente.

En entrevista con NotiCel, dijo que entiende que el aspecto constitucional señalado por Justicia es salvable.

'Básicamente en el aspecto que ellos levantan bandera es cuando se encuentra no culpable a ese imputado de ese delito porque ellos entienden que sería ‘taking', se le está apropiando ese dinero sin habérsele probado que fue culpable más allá de duda razonable. Yo entiendo que la OSAJ está dando un servicio, entiendo que sería razonable que nosotros pudiéramos mantener ese dinero en OSAJ', indicó Quiñones a este diario digital.

En cuanto al caso de Casellas, no tenía el número específico de cuánto gastó la OSAJ en su supervisión electrónica. El costo de un grillete de GPS es $9.25 diario. Casellas Toro cumplió con la ley al pagar $6.34 diarios por el dispositivo. El gasto administrativo de la supervisión física cuando estuvo hospitalizado no ha sido estimado.

'Es de los casos que como no incluye Ley 54 (de violencia doméstica), el imputado tenía que costear el dispositivo electrónico, en este caso era un GPS', precisó.

El presupuesto de la OSAJ es de $7.5 millones anuales y sus empleados supervisan a unos 5,000 imputados de delito diarios a través de toda la isla. De esos, entre 1,000 y 1,500 pueden tener algún tipo de monitoreo electrónico: el grillete regular y el de GPS. El regular tiene un costo de $2.34 diario.

'Si no se aprueba la medida, entendemos que eventualmente se va a crear un disloque en el presupuesto de la Oficina', defendió Quiñones.

En la audiencia, el representante legal de Justicia, quien leyó la ponencia del designado secretario, César Miranda, alertó que la medida propuesta podría, incluso, ser contraria a jurisprudencia federal. Por ello, abogó que en los casos en los que se determine que la persona es indigente no se les obligue a costear el monitoreo electrónico, porque para todos los efectos prácticos se le estaría violando su derecho constitucional a la fianza.

'El escollo que presenta esta medida es que ese sería el efecto para los imputados declarados indigentes, los cuales podrían ver eliminado el disfrute de ese derecho al no poder sufragar el costo total de supervisión electrónica', dijo el representante legal de Justicia.

'El otro aspecto que presenta este proyecto de ley es que se pretende eliminar el actual derecho de los imputados a que se le devuelva el dinero que hoy día se presta para el pago de parte de los costos de esa renta y monitoreo del sistema de supervisión electrónica ante un fallo de no culpabilidad. Esta enmienda propuesta posiblemente genere controversias adicionales de carácter constitucional, en específico, sobre la privación de propiedad sin un debido proceso de ley', sostuvo Justicia.

En términos similares se expresaron los representantes de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), que ofrece representación legal gratuita a los que no tiene los recursos económicos necesarios para pagar su defensa.

La SAL presentó estadísticas de la Administración de Corrección y Rehabilitación que indica que el 76.1% de la población sumariada no recibe ningún tipo de ingreso. Del grupo de sumariados que recibe algún tipo de ingreso, que fluctúa entre los $500 y los $3,000, nunca superó los $7,000 anuales. A ese grupo, por regla general se les imponen fianzas de entre $1,000 y $10,000.

Para la SAL las estadísticas de Corrección 'son reflejo de un sistema penal en el que la presunción de inocencia no se garantiza adecuadamente y la imposición de la fianza excesiva es la norma, en lugar de operar en calidad de excepción'.

'Si a las cantidades impuestas por concepto de fianza, añadimos el gasto total del Estado en el sistema de grilletes compulsorios que atiende esta medida, al que nos hemos opuesto contundentemente, la posibilidad de ejercer el derecho constitucional a la fianza sería prácticamente inalcanzable', sentenció la SAL.

Ante las ponencias presentadas, el presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico reconoció que la audiencia sirvió para conocer más del tema y requerirá de un análisis más concienzudo antes de aprobarse o no el proyecto en cuestión.

'Hoy salimos con más preguntas que respuestas, pero eso no es malo', afirmó Vega Ramos.