El designado secretario de Justicia, Cesar Miranda, no hará cambios en las posiciones claves en esa agencia, toda vez que le dio un voto de confianza a sus subalternos y espera que hagan un buen trabajo y con sentido de urgencia.

En entrevista con NotiCel, Miranda reconoció que el país siente la necesidad de que los casos se atiendan con mayor agilidad sin que ello signifique sacrificar las posibilidades de lograr que las y los acusados resulten convictos.

'En términos de personal yo no he hecho ningún cambio en verdad porque aquí hay un buen equipo y el Departamento tiene gente muy buena, tanto en el área de fiscalía, como en el área de litigio civil y en el aspecto administrativo', dijo Miranda.

'Verdaderamente yo aquí lo que quiero es que la gente trabaje, que eche pa' lante y obviamente todo el mundo va a tener mi confianza en espera de que haya una reciprocidad en términos del trabajo que se haga para el departamento. Si algún área falla y no cumple, pues entonces ya tomo alguna decisión, pero no voy a invertir gran cantidad de tiempo en cambios estructurales o de personal en este momento', destacó.

Miranda afirmó que continuará la política de 'cero impunidad' de la que hablaba el pasado secretario, Luis Sánchez Betances, aunque indicó que esa debería ser la regla siempre.

'La política de cero impunidad no debía no tener que articularse. Esa es la función de este Departamento. Aquí hay que enjuiciar a todo el mundo por igual y hacer todo el esfuerzo, con la mayor energía, con el sentido de urgencia que conllevan todas las investigaciones para que se procese a la gente, a aquellos que violan la ley sea quien sea, independientemente de su origen económico, social y de sus vinculaciones políticas', sostuvo.

Reconoció que hay una percepción pública de que no se trata igual a ricos y a pobres, pero aseguró que en el Departamento de Justicia esa diferenciación 'no puede tener cabida'.

'La ecuación para mí es bien sencilla: es que no puede haber diferenciación entre uno y otro caso. Es que tanto el pobre más pobre como el rico más rico deben tener la oportunidad de que el caso criminal o civil que los afecta se atienda con la mayor diligencia. Yo no puedo pensar que quepa ninguna posibilidad ni remota de que se discrimine en ese sentido', indicó.

'Para mí, el pobre que asesinaron en una barriada, esa familia necesita que el caso se atienda con toda la celeridad que reclama el que se haga justicia. Al rico que le ocurrió lo mismo, esa familia requiere lo mismo, el mismo tipo de trato. Yo no podría, por mis valores, por mi forma de ser, dormir tranquilo si acepto algún sentido de diferenciación entres unos y otros. Para mí todos los puertorriqueños, todas las puertorriqueñas merecen el mismo trato. Un trato de urgencia, un trato de justicia para sus reclamos', acotó.

Fue enfático al señalar que está tratando que los casos pendientes de solución se atiendan con igual celeridad con que se atendió el del asesinato de Carmen Paredes, del cual su esposo Pablo Casellas Toro resultó convicto y fue encarcelado.

Habla de casos sin resolver

Miranda se mostró un tanto frustrado por la falta de avance en el caso de la masacre de San Juan Park, caso del cual pidió un informe que ya evaluó.

En el triple asesinato, ocurrido el 19 de marzo de 2011, murieron Lorenis K. Mejías Contreras, de 30 años, quien se encontraba en su octavo mes de embarazo y sus hijos Néstor Manuel y Geremy Manuel García Mejías, de 10 y 8 años.

Las víctimas fueron apuñaladas y golpeadas en la sala del apartamento, en la víspera de la celebración de un ‘baby shower' próximo al alumbramiento de un varón. La mujer le había confesado a sus familiares que el padre era el agente Lisandro Rodríguez Berríos, asignado a la Liga Atlética Policiaca con quien tenía una relación y era casado. El agente también ha sido investigado como persona de interés en el caso.

'Es un caso verdaderamente traumático, es un caso de una brutalidad y una insenbilidad particular. Ya yo pedí un informe sobre ese caso, lo he evaluado en principio y tengo una serie de recomendaciones y señalamientos que hacer', afirmó.

'Es uno de esos casos que requiere que le pongamos la mayor urgencia, el mayor énfasis. Yo no puedo, sería irresponsable de mi parte, anticipar resultados, pero lo que no es aceptable para mí es que no haga el cien por ciento esfuerzo para que se esclarezca y en esa gestión estoy', sostuvo.

El titular de Justicia se mostró optimista en que el ministerio público prevalecerá en el proceso apelativo que se sigue en el caso contra el exgante de la Policía, Roberto Quiñones, a quien se le imputa el asesinato de la joven bailarina Yexeira Torres Pacheco, cuyo cadáver continúa desaparecido.

La fiscalía apeló una determinación de la jueza superior de Carolina, Berthaida Seijo, quien suprimió la evidencia científica sobre la sangre en el vehículo del acusado que fue registrada y esa prueba levantada sin una orden judicial

La bailarina desapareció en octubre de 2011 y fue vista por última vez, precisamente, en el vehículo de Quiñones, quien era su pareja consensual.

'Yo entiendo que el alegato presentado por Justicia es bueno y esperamos prevalecer. Es un caso donde yo tengo que percatarme más del detalle de lo que aconteció con la investigación inicial, pero a base de la información preliminar que tengo, pues en el Departamento confiamos en que las acciones se tomaron correctamente y que debemos prevalecer en el mismo', reconoció.

Miranda pidió espacio para contestar preguntas de otros casos porque no conoce en qué etapas se encuentran cada uno de los casos que han recibido exposición mediática.

El funcionario adelantó a NotiCel que a principios de la semana próxima se reunirá con los fiscales de Distrito para empaparse más de los casos pendientes en las diferentes regiones.

Uno de ellos es el del asesinato de la joven madre de Moca, Wilmarie González Hernández, ocurrido en junio de 2013.

En ese caso, el esposo de la víctima, Javier Loperena, se acogió a su derecho de quinta enmienda de permanecer callado para no auto incriminarse. En septiembre del año pasado, NotiCel publicó en exclusiva que Loperena podría ser acusado de negligencia por dejar accesible su arma de fuego a sus hijos, uno de los cuales es autista.

'Ese es uno de los casos que también tenemos que dar una explicación pública, la que sea. De hecho, no lo he discutido con el fiscal general en detalle porque, de nuevo, estamos esperando a que llegue al fiscal del área para que ese sea quien me deje saber', puntualizó.