Los abogados unionados de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (UIASAL) criticaron las enmiendas a la Ley de Armas de Puerto Rico porque constituyen un gran retroceso en los derechos de los acusados.

El gremio de abogados sostuvo que la ley firmada la semana pasada por el gobernador Alejandro García Padilla va en contra del derecho constitucional a la rehabilitación, al eliminar el beneficio de probatoria a los primeros ofensores.

'En un país donde se critica el funcionamiento de los tribunales y en donde se habla tanto de acceso a la justicia, lo que se busca es seguir limitando la función de los fiscales', sostuvo en un comunicado de prensa Antonio Guarionex Torres, presidente del gremio.

Indicó que, a estas alturas, el gobierno debería haber aprendido que, con altas penas y la penalización de cualquier acto, no se resuelve el problema de la criminalidad.

'Ya es hora de que adoptemos medidas que vayan dirigidas a rehabilitar y a intervenir remedialmente y no punitivamente, si es que queremos una mejor sociedad', dijo.

Por otro lado, advirtió que la nueva ley, además de eliminar el beneficio de probatoria a los primeros ofensores, criminaliza también la posesión de propiedades al exigir que los dueños, dentro de un plazo de 48 horas, tengan que informar a la Policía de Puerto Rico si en su propiedad se realizó algún disparo, y de no hacerlo el dueño tendrá que pagar una multa de 1,000 dólares.

El gremio observó que la nueva ley afecta también el buen funcionamiento de los tribunales porque le quita a los fiscales la facultad de discernir caso a caso, porque se eliminan las alegaciones preacordadas en esos casos y el ministerio público está atado a una ley de aplicación automática.