El plan de Alivio Energetico de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, pretende romper el monopolio de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) en la generación, distribución y regulación de energía electrica así como reducir los costos energeticos al ordenarle a la corporación pública que aumente la producción de energía renovable y que sea más eficiente.

Sin embargo, aunque las medidas le quitan a la AEE el poder de regulación y se lo delegan a otra entidad o comisión reguladora, se quedan cortas a la hora de separar la generación y la distribución. De hecho, una de las medidas, la Resolución 599, le ordena a la recién creada Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos Naturales hacer una investigación que viabilice romper o separar la generación y la transmisión y distribución de energía.

Las medidas también pretenden reducir el costo de producir energía a 10 centavos el kilovatio-hora de lo que actualmente cuesta que es de unos 22 centavos por kilovatio hora. Esta meta se llevaría a cabo al reducir la dependencia del petróleo y aumentar el uso de gas natural y fuentes renovables; al hacer la AEE más eficiente y al atender el problema del hurto. Bhatia ha dicho que pretende lograr esas metas en dos años.

Actualmente, según Bhatia, las cogeneradoras AES y Eco-Eléctrica producen energía usando gas natural y carbón respectivamente a un precio menor o igual a los 10 centavos por kilovatio-hora.

Para lograr sus objetivos, lo primero que hizo Bhatia fue radicar legislación que cambia la política pública del gobierno. El Proyecto del Senado 839 crea la Ley de Alivio Energético que no es otra cosa que declarar como política pública la generación de energía eficiente y a bajo costo y que las plantas de energía cumplan con la reglamentación ambiental que incluyen los estándares de mercurio, una meta con la que se debe cumplir para el 2015. La medida también declara política pública el reducir el hurto de energía, que cuesta millones a la AEE, al promover el uso de tecnología como la red inteligente. La legislación, además, da legitimación activa a los ciudadanos para demandar a la AEE para que se logren sus objetivos.

De otra parte, la propuesta nueva política pública promueve el aumento en el uso de energía renovable al requerirle a la AEE que utilice tecnologías para corregir la inestabilidad que la energía renovable causa en la red eléctrica.

No obstante, no menciona el problema de la capacidad de la AEE para absorber energía renovable en su sistema de distribución.

El director de la AEE, Juan Alicea, dijo recientemente que la AEE tiene 800 megavatios de capacidad disponible en la red para proyectos de energía renovable, de los cuales 200 megavatios han sido separados para clientes residenciales, comerciales e industriales que tengan placas solares en sus techos.

El corazón del paquete de medidas de Bhatia es el Proyecto del Senado 837 que crea la Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía de Puerto Rico para establecer, reglamentar y asegurar la cabal implementación de la nueva política pública energética. Esta comisión sustituiría a la Administración de Asuntos Energéticos.

Según Bhatia, como único organismo en control de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, la AEE es un monopolio que incurre en un sinnúmero de ineficiencias operacionales, gerenciales y administrativas cuyo costo al final del día es asumido directamente por el consumidor.

La propuesta comisión reguladora sería un ente independiente que establecerá y aprobará las tarifas energéticas de los generadores, transmisores y distribuidores de energía en la Isla, y fiscalizará todo tipo de operación, proceso y mandato relacionado con la eficiencia del sector energético del país.

Eso quiere decir que la AEE no podría usar el llamado ajuste por combustible para cobrarle a los clientes porque, según Bhatia, se tendría que establecer una tarifa fija.

De aprobarse la medida, la comisión tendrá jurisdicción primaria y exclusiva sobre todo proveedor de servicio de energía certificado que rinda servicios dentro del ELA y sobre toda persona con un interés directo o indirecto en dichos servicios.

Además deberá de 'promover la libre competencia entre los proveedores, buscar que se logren los objetivos de la ley, estabilizar los costos energéticos y controlar los precios y desarrollar estrategias para el mejor uso de los recursos energéticos'.

La Junta de Gobierno de la AEE estará sujeta a la supervisión de la Comisión y se enfocaría en el día a día de las operaciones de la corporación pública.

En ese sentido, el Proyecto del Senado 838 enmienda la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para imponerle nuevos mandatos para que sea más eficiente y reducir su deuda que se estima en unos $10 mil millones luego de la reciente emisión de bonos del pasado junio.

Además de establecer que la AEE y su Junta serán fiscalizadas por la nueva entidad reguladora, la medida le ordena a la corporación publica que presente periódicamente, ante la Asamblea Legislativa y publique de manera accesible en su portal de Internet información relacionada sobre sus ingresos, ventas, gastos, desembolsos, activos, deudas, cuentas por cobrar, y cualquier otra información financiera de la Autoridad;

Además, tiene que poner el precio por barril por tipo de combustible, el promedio del costo por kilovatio hora para cada sector de clientes, el costo de producción por kilovatio hora, todos los gastos operacionales, la distribución de generación por tipo de tecnología, y cualquier otra información operacional de la Autoridad.

La medida le quita a la AEE su poder de establecer tarifas y le impone presentar a la Comisión reguladora lo que se propone cobrar a los clientes para la aprobación de la Comisión.

También le impone maximizar el uso de energía renovable y ser más eficiente para cumplir con todas las disposiciones ambientales federales y estatales.

Además le da a 'todo ciudadano legitimación activa para iniciar una acción civil en su nombre en contra de la Autoridad ante cualquier foro judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para exigir el cumplimiento por cualquier acción u omisión de éstos con relación a las obligaciones dispuestas en la ley'.

El paquete de medidas de Bhatia incluye una nueva reglamentación de medición neta o net metering, programa que ha estado vigente desde el 2007 y que permite a los clientes de la AEE recibir crédito si produce más energía en su residencia o negocio de la que consume.

El programa actual de medición neta, que es implementado por el Reglamento 8374, adolece de defectos que han impedido su desarrollo, según Bhatia.

Algunos de los defectos son que la firma del acuerdo de interconexión con la AEE ocurre una vez se ha construido el proyecto y se han realizado las pruebas de aceptación, lo cual puede tener el efecto de imposibilitar el financiamiento necesario para poder construir estos proyectos.

Otro de los problemas es que se requiere que todos los generadores regulados bajo el Reglamento 8374 cumplan con requisitos técnicos adicionales y le permite a la AEE enmendar los requisitos aplicables a un generador por entender que el proyecto propuesto tendrá un 'impacto' en su sistema. Además, el reglamento no provee guías claras para permitir que un generador vuelva a interconectarse al sistema de la AEE cuando se haya requerido la desconexión del mismo por haber causado alguna 'degradación de la calidad de potencia del sistema eléctrico de la Autoridad', lo cual no se encuentra objetivamente definido en el reglamento.

Las otras tres medidas de Bhatia, los proyectos 841,842 y 843, promueven el ahorro de energía en los municipios, las agencias y la Legislatura. El paquete incluye además, la Resolución del Senado 601, que le ordena a la Comisión de Hacienda investigar la deuda de la AEE y evaluar alternativas financieras.