El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy enmiendas al Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en ingles) con las agencias federales para incluir a las regiones de Aguadilla y Humacao.

En conferencia de prensa, el Primer Mandatario alegó que se seleccionaron estas dos regiones porque entendían que se iba a lograr un mayor impacto luego de haber mirado las estadísticas de incidentes criminales en esas áreas.

Aún quedan sin incluir en el MOU las regiones de Arecibo, Mayagüez, Aibonito y Utuado.

Según García Padilla, los acuerdos con el gobierno federal han sido efectivos para reducir la cantidad de casos de asesinatos y la incidencia delictiva.

'Puerto Rico al día de hoy tiene 2,800 delitos Tipo I menos que el año pasado a esta fecha… No estamos de acuerdo con la meta que queríamos lograr, hay que hacer mucho más', indicó.

Éste aseguró que la iniciativa como Escudo Costero, ha ayudado a incrementar las incautaciones de drogas.

De otro lado, García Padilla dijo que durante la reunión con el equipo de seguridad pública estatal y con el componente federal, se discutieron posibles enmiendas a la Ley de Armas. Entre las enmiendas está el hacer compulsorio la pena de cárcel para las personas que sean detenidas con un arma ilegal o cometa un delito con la misma.

Otra enmienda es que contra el dueño de una propiedad donde en medio de una actividad otra persona utilice un arma ilegal, por ejemplo, para hacer disparos al aire, se pueda entablar en su contra alguna acción civil, sino reporta el incidente en un periodo de tiempo, de 24 o 48 horas.

El secretario de Asunto Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg, indicó que la primera enmienda a la Ley de Armas, es para atender la problemática de que individuos pudieran gozar en más de una ocasión de 'una alegación pre acordada, y coger un programa de desvió'.

La idea es que la personas tenga que cumplir entre 1 a 3 años en prisión.

'El lenguaje, básicamente lo que va a establecer es que los jueces a la hora de hacer de una alegación pre acordada entre fiscales y abogados de defensa, tendían que imponer una sentencia de cárcel mandatoria… No habría delitos menos graves', destacó.

Sobre las acciones civiles contra dueños de viviendas que no notifiquen el uso de armas ilegales, Colberg señaló que esto podría ser mediante multas o demandas.