Un grupo de padres reclamó que se enmiende la ley de custodia compartida a los fines de que no sea discrecional para un juez o jueza su aplicación.

El profesor universitario Carlos Torrech dijo a NotiCel que su caso de custodia compartida se prolongó por cuatro años y que fue oneroso el gasto.

Para el manifestante, su caso ejemplifica la necesidad de que la Rama Judicial comience a aplicar la ley de custodia compartida, aunque en la actualidad el estatuto establece que es opcional.

'Queremos que la custodia compartida sea un derecho no que sea cada a cada caso, que no sea discrecional porque eso es lo que crea un poco de discrimen', sostuvo en entrevista con este diario digital.

Otro reclamo del grupo de padres es que se atempere la ley local a la del estado de Florida.

'Que cada padre de cada menor proporcionalmente aporta a su crianza, su enseñanza y la educación de sus hijos y básicamente esos son los reclamos de nuestra organización', añadió.

Alegó que desde que se implantó hace dos años la ley de la autoría del senador novoprogresista Carmelo Ríos solamente se han resuelto 28 casos en los que se ha concedido la custodia compartida.

'En la mayoría de los casos hace un proceso tan tediosos, por ejemplo yo tengo custodia compartida pero yo estuve cuatro años para que me dieran la custodia compartida. Y ese es el ‘rulling' y puede existir la ley, pero ahora mismo es discrecional del juez. Y no solamente es un proceso tedioso , es costoso. La mayoría de las personas no puede pagar un abogado un perito que vaya a testificar a su favor. Entonces se convierte en un privilegio para las personas que tiene los recursos económicos como se ha visto en este país no tan sólo en casos civiles, sino en los criminales', destacó el profesor universitario.

Los miembros de la organización Crianza Compartida de Puerto Rico, que se conglomeró frente a la estación del Tren Urbano de la Avenida Roosevelt, reclamó a la Administración de los Tribunales a que sea proactiva en la aplicación de la Ley 223 de custodia compartida.

Además de ser discrecional, la referida ley dispone que antes de conceder la custodia compartida un trabajador social analiza el caso para ver si es meritorio, lo que retrasa el proceso que se puede prolongar por varios años.