Tras lograr la aprobación ayer de la Ley 118 de 2013, que devuelve a los Tribunales la jurisdicción para atender pleitos de clase sobre servicios de telecomunicaciones, el autor de la ley, senador Ramón Luis Nieves, radicó una resolución para investigar el trámite legislativo que en el 2005 había cambiado la jurisdicción de estos casos a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT).

La ley 138 de 2005 también había establecido que el tope de compensación para la clase demandante de cualquier compañía de telecomunicaciones sería de $5 millones, o no más de medio por ciento de los activos de la compañía. Con la ley 118 se elimina el tope de compensación.

"Como consecuencia de la Ley Núm. 138-2005, la industria de las telecomunicaciones obtuvo el privilegio de ser el único sector comercial en donde sus usuarios y consumidores estaban obligados a radicar pleitos de clase en una agencia administrativa, y no en los tribunales como ocurre con las demás industrias. Además, la industria de telecomunicaciones obtuvo el privilegio, por nueve años, de que los demandantes en un pleito de clase estuvieran sujetos a un tope de $5 millones en la compensación por los daños sufridos. Los que saben de pleitos de clase entienden que esta suma es ridícula cuando se está persiguiendo que miles de consumidores sean resarcidos por actuaciones ilegales de una compañía", sentenció el senador por el Partido Popular Democrático (PPD).

Nieves también recordó que, "En 2005, existía solamente un pleito de clase radicado en los tribunales de Puerto Rico. La PRTC, hoy Claro, logró en que la legislatura PNP de entonces los complaciera alterando la vigencia de la Ley 138-2005, convirtiéndola en retroactiva, para que trasladaran ese único caso a una agencia administrativa, y limitarle a $5 millones la suma que podían recuperar los consumidores de telecomunicaciones."

La investigación que ha solicitado el senador busca obtener una explicación de parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara sobre las razones que tuvieron para aprobar la ley 138.

"La Representante Jennifer González y la delegación PNP en la Cámara les dieron la espalda al pueblo, como consumidores, para defender los intereses millonarios de la compañía Claro. Con esta investigación, el pueblo sabrá toda la verdad, y, de ameritarlo, sus resultados serán referidos a las agencias correspondientes", concluyó el senador Nieves.