Los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albadalejo, quienes impugnaron en el tribunal sobre 100 nombramientos de jueces, fiscales, y miembros de junta hechos en las postrimerías de la Administración Fortuño, más notoriamente el de la exlegisladora Liza Fernández, solicitarán al Tribunal Supremo que deje sin efecto su sentencia de la semana pasada en la que desestimaron el pleito y les impusieron una sanción de $10,000 por temeridad.

Además, un grupo apoyado por la Coordinadora Sindical de Puerto Rico convocó para una marcha este miércoles a las 11:30 am desde el Colegio de Abogados hasta el Tribunal Supremo para asistir a la presentación de la moción de reconsideración.

Para esto, los abogados José R. Varela Fernández, René Torres Platet, Johnny Hernández Ruiz, Hiram Lozada, y Ángel M. Rivera Rivera se constituyeron en la Comisión Para La Defensa Comité De Abogados Contra La Censura De Los Derechos Del Ciudadano (CoDDC).

Según la moción de reconsideración a ser presentada, el Supremo se equivocó al resolver el caso con el método expreso de certificación en vez de esperar a que todas las partes fueran emplazadas y a que el Tribunal de Primera Instancia viera la prueba. De hecho, resaltan que el Supremo ni siquiera esperó a que los abogados demandantes comparecieran para argumentar sobre la expedición de la solicitud de certificación.

En cuanto a la sanción de $10,000, sostienen que se aparta dramáticamente de lo que han sido los criterios que el Supremo ha aplicado tradicionalmente para imponer sanciones, incluyendo que el caso sólo duró siete días por lo que los demandados no habían incurrido en gastos de honorarios sustanciales, y que, en el caso de Fernández, ella misma se sometió al tribunal voluntariamente sin esperar el emplazamiento.

Fernández no realizó un solo trámite en Instancia y su única gestión fue la presentación de la solicitud de certificación y documentos asociados a ella. Presentó la certificación un martes y al lunes siguiente ya tenía una sentencia a su favor. Ese historial procesal no justifica la determinación de temeridad que hizo este Tribunal', argumentaron.

'La sanción de $10,000 en honorarios de abogados por supuesta temeridad de los recurridos es desde todo punto de vista excesiva, exagerada, injusta y tiene efectos perniciosos sobre la práctica de la profesión legal en Puerto Rico. Ya hemos discutido que no es procedente por no cumplir el requisito de temeridad. Pero aún si hubiera temeridad –lo que enfáticamente negamos- la cuantía es desproporcionada a la luz de los hechos específicos del caso', añadieron.

Los abogados también solicitaron que la sanción sea retirada por el efecto intimidante que la misma puede tener en otros abogados a la hora de presentar pleitos donde se reclamen derechos.

'La imposición de sanciones tiene el efecto de intimidar a los ciudadanos y a sus abogados ('chilling effect') para que no cuestionen las actuaciones de los funcionarios de gobierno. Esta sanción es claramente una medida devastadora para el sistema democrático que prevalece en nuestra sociedad', dijeron sobre este punto.

'Como la experiencia apunta a que los escasos trámites que ella realizó no cuestan lo que la sentencia impone como sanción, hay que concluir que el fundamento de la misma y de su cuantía es no solo castigar a los recurridos por su 'atrevimiento', sino advertir a otros posibles 'atrevidos' para que no alcen su voz cuando entiende que se ha cometido una violación de ley o una injusticia. La suma impuesta tiene ese efecto disuasorio y es, por tanto, un baldón contra el principio de acceso a la justicia', concluyeron.

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