Entendidos en temas de Derecho en Puerto Rico y Estados Unidos expresaron serias preocupaciones de que el gobierno y compañías privadas que proveen grilletes electrónicos tengan la capacidad de husmear y grabar las conversaciones privadas de los imputados de delito que los portan.

El abogado experto en derecho constitucional, Carlos E. Ramos, afirmó que 'la pretensión del Estado de escuchar o grabar las conversaciones no autorizadas de un sumariado con su abogado a través de un grillete-GPS electrónico, constituye la más absoluta y crasa violación a los derechos constitucionales de esa persona'.

'Si esa acción la hace a través de una compañía privada, la violación se magnifica', advirtió el también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

'Están implicados cuando menos los siguientes derechos constitucionales: el derecho a estar asistido de abogado, el debido proceso de ley, la presunción de inocencia, el derecho de intimidad y posiblemente la prohibición contra las grabaciones telefónicas. El Estado estaría violando de forma crasa el privilegio abogado-cliente que provee la ley', dijo.

Ramos recordó que el Artículo II, en su Sección 11, de la Constitución de Puerto Rico, le garantiza a los ciudadanos el derecho a estar representado por el abogado de su selección en los procesos criminales y la Sección 10 del mismo artículo prohíbe cualquier tipo de interceptación telefónica.

Agregó que si es un grillete que puede operarse como un tipo de 'micrófono abierto' desde un centro de mando sin el conocimiento del usuario, eso podría ser una violación crasa de los derechos constitucionales de cualquier acusado… y el derecho a la Primera Enmienda a expresarse y asociarse.

El experto destacó que tanto la compañía que suple los grilletes como el gobierno se arriesgan a ser demandadas por violación de derechos civiles y hasta hay personas que pueden haber incurrido en actividades prohibidas por nuestro Código Penal.

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