Finalmente le tocó el turno. Se trata del secretario de Educación, Rafael Román, quien adelantó a NotiCel que hoy comparecerá ante la comisión cameral que evalúa la posibilidad de implantar un plan decenal en el sistema público de enseñanza que dirige el en este momento.

'El miercoles yo estoy en las vistas del plan decenal y no sabemos cuántas horas dure eso (mi ponencia)', señaló Román en primicia a NotiCel.

El titular de Educación reiterará allí las reservas públicas que ha hecho, principalmente en cuanto a que sea un ente privado quien establezca la política pública.

Román ha mostrado reparos con que sea la denominada 'Comisión transectorial' la encargada de elaborar la política pública del plan decenal, facultad que es exclusiva del titular de Educación.

'Lo que sí no puede ser negociado y constitucionalmente así está (establecido), es que a quien le corresponde establecer la política pública del país es al Secretario de Educación de turno, no tiene que ver conmigo y validar ese proceso' destacó.

Román opinó que la Cámara de Representantes tiene que trabajar en las recomendaciones que hizo el Departamento de Justicia sobre los visos de inconstitucionalidad de la legislación propuesta.

'Ese es un asunto que el proyecto tiene que arreglarlo, si no se arregla, si no se enmienda, si no se trabaja con esos aspectos constitucionales podríamos tener problemas', expresó Román.

En su comparecencia a las vistas camerales, Sánchez Betances estableció que sería inconstitucional delegar en una entidad privada poderes constitucionales reservados a la Legislatura y al Ejecutivo.

'El contenido de la medida que nos concierne, es menester indicar que, según consta del texto actual en la pieza legislativa, somos de la opinión que podría estarse violentando el procedimiento estatuido en la Constitución y el Código Político para la aprobación de política pública mediante la intervención de las Ramas Legislativas y Ejecutiva. Además, entendemos que la Asamblea Legislativa estaría delegando su poder constitucional de diseñar la política pública en el campo educativo por los próximos 10 años a entidades privadas. En ausencia de enmiendas dirigidas a corregir tales defectos, la medida aprobada en su día, podría enfrentar impugnaciones constitucionales', estableció Sánchez Batances.