Jonathan Rodríguez Ocasio, acusado en ausencia por el asesinato de una octogenaria y capturado en Nueva Jersey el 19 de septiembre, fue puesto en libertad luego de que, según indicaran medios estadounidenses, las autoridades puertorriqueñas no quisieran aceptar que Nueva Jersey asumiera los costos de extradición y dejaran caer el proceso.

Esta dejadez local provocó que se presentara una queja ante el FBI.

El Departamento de Justicia, en cambio, descarta que el motivo haya sido económico y alegan que el caso no procede debido a que el testigo principal decidió no cooperar con las autoridades y que 'no hay prueba suficiente en esta etapa para radicar acusaciones'.

Cuando se emitió la orden de arresto en los Servicios de Información de Justicia Criminal (FBI-CJIS, por sus siglas en inglés), sistema operado por el FBI para monitorear a los fugitivos, se había especificado que Puerto Rico podía extraditar desde cualquiera de los 50 estados norteamericanos. No obstante, luego del arresto de Rodríguez Ocasio, las condiciones cambiaron y se indicó que solamente se trabajaría el caso con el acusado en la Isla.

En entrevista con NotiCel, Christopher Leusner, jefe de la policía de Middle Township, en el condado de Cape May, Nueva Jersey, agregó que el escenario parece extraño si se toma en cuenta que el estado estaba dispuesto a asumir todos los gastos. El cambio de estatus, además, viola el protocolo y se ha presentado una querella ante el FBI.

'Cambiaron los requisitos de extradición. No nos dijeron que habían quitado los cargos (por falta de testimonio del testigo principal)', expresó.

Leusner también dijo que hasta el pasado viernes, día en que dejaron en libertad a Rodríguez Ocasio, éste figuraba como un sospechoso activo y que a pesar de que había hablado con funcionarios del FBI y algunos oficiales locales, seguía sin recibir respuesta.

Trascendió, además, que si se arresta al acusado fuera de Puerto Rico no sería posible sostener los cargos por asesinato debido al súbito cambio de estatus que excluye a Estados Unidos del proceso de extradición.

Cuando este diario digital le cuestionó al Departamento de Justicia si realmente hubo falta de comunicación entre las autoridades federales de Nueva Jersey y las de Puerto Rico, respondieron que no podían brindar datos adicionales a las expresiones de la fiscal Minerva Ramos, directora de Extradiciones.

Ante la inminencia de otra querella federal contra la Policía de Puerto Rico, NotiCel intentó infructuosamente de obtener una reacción del Superintendente Héctor M. Pesquera a través de su Oficina de Prensa.

De igual manera, el teniente Ferdinand Acosta, director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico, indicó a través de una portavoz que estaba familiarizado con el caso pero refirió las preguntas sobre el asunto al Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Datos adicionales del caso

Rodríguez Ocasio, de 25 años, fue uno de cuatro acusados ​​por robo domiciliario a una pareja de hermanos camuyanos el 30 de noviembre de 2009. Ana Martínez Marrero resultó muerta en el atraco tras ser estrangulada con un trozo de tela, mientras que su hermano, Jovino Martínez Marrero, resultó herido en los ojos y en el pecho. Ambas víctimas fueron amordazadas durante el incidente y los ladrones, luego de perpetrar el robo, cargaron con una cantidad de dinero desconocida.

Los demás acusados, Pedro Valentín Cabán y Alexis Aldiva Soto, permanecen tras las rejas luego de ser acusados ​por asesinato, asalto agravado, conspiración y robo agravado.

Rodríguez Ocasio, por su parte, enfrentaba cargos por agresión agravada, conspiración, robo agravado y violación a la Ley de Armas, además de una fianza de $2.5 millones.

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