La intervención de las autoridades federales, y el posterior cierre de un matadero en Naguabo -que fue reabierto hace poco más de dos semanas- han dejado al descubierto una serie de violaciones a varios reglamentos que afectarían incluso hasta la carne que va a parar a los comedores escolares del país.

El planteamiento surge luego de que fuentes informaran a NotiCel que el Servicio de Inspección para la Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Agricultura federal (USDA) visitó la planta Ganaderos Borges en Naguabo hace varias semanas para confirmar que en la misma se estaba mezclando la carne del país con la carne importada –sin inspección federal- para posteriormente ser vendida a los consumidores locales. Uno de los clientes de algunas de estas plantas es el Departamento de Educación, cuyo contrato de comedores escolares es financiado con fondos federales.

El movimiento federal puso en relieve una pugna en los sectores ganaderos del país, que denuncian que el hallazgo es el resultado de la falta de fiscalización por parte del Departamento de Agricultura (DA) de Puerto Rico.

'Eso es un delito. Estaban operando fuera de reglamento, estaban procesando sin inspectores y el punto de vista de nosotros desde el Fondo es que aquí no existe una reglamentación local que licencie los mataderos y prácticamente se está dependiendo de la poca inspección federal que existe. No existe una inspección local', expresó el agrónomo Rafael Rosado, director ejecutivo del Fondo para el Fomento de la Industria De Carne de Res de Puerto Rico (FFICR).

Rosado también indicó que esta compra sin control de carne importada 'disloca' la industria local porque, además del golpe económico debido a la poca o ninguna fiscalización estatal, la carne del patio se pierde y el resultado es la venta de un producto que, aunque está certificado antes de ser vendido, no compara con la frescura de la carne local.

Otras fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato, fueron más allá al asegurar que en ocasiones muchas de estas carnes procesadas ya no están frescas al momento de su venta.

'Obviamente para nada es comparable en términos de frescura, pasa la inspección de que es carne con calidad pero no tiene los parámetros de frescura de la carne local. Se compra carne a necesidad y conveniencia. No tenemos garantía de que esta gente esté inspeccionando. Por ley se supone que haya una oficina similar de reglamentación a la de la industria lechera, por medio de licenciamiento de multar, decomisar y hasta cerrar establecimientos. Estamos dotados en ley, pero no tenemos esa oficina' sostuvo. 'Con estas pruebas, cuál es la garantía de que la carne es de Puerto Rico o de alta calidad? Esto que está sucediendo en Naguabo, está pasando en otras plantas? Quién los fiscaliza? Son preguntas que se deben contestar'.

El agrónomo añadió que esta desatención no es algo nuevo, pues durante la última década, habiendo diferentes administraciones gubernamentales, la oficina ha permanecido inoperante.

'No hay una oficina de la reglamentación, punto. Esto se lo achacan unos a otros, no hay fondos, no hay personal. Ha sido una desatención heredada y continua', explicó.

Ante estas alegaciones, y aunque fuentes de este diario digital aseguran lo contrario, la secretaria auxiliar de innovación y comercialización agrícola del DA, Saritza Aulet, respondió que no estuvo al tanto del cierre del matadero en Naguabo hasta hace poco y expresó que el departamento está haciendo las gestiones pertinentes para garantizar el servicio de estas instalaciones bajo los parámetros legales.

'De mi conocimiento tengo que decir que esta situación es nueva. No tenía conocimiento', dijo, a la vez que aseguró que, contrario a lo que sostuvo Rosado, la Oficina del Coordinador de la Industria es la que está a cargo de hacer que las requeridas supervisiones se lleven a cabo. 'Sí, tenemos una oficina que está funcionando, se trabajan issues con regulaciones. Es una oficina que tiene recursos limitados y estamos ordenándolo todo'.

Explicó, además, que no hay manera de que lleguen carnes importadas a los comedores escolares.

'En comedores escolares trabajamos con carne local, directamente con el fondo de la carne de cerdos, y esta organización le ha pedido lo mismo al fondo de la carne de res para que sean ellos mismos los que nos ayuden en este proceso', indicó.

No obstante, Rosado insiste en que a pesar de que el departamento tiene conocimiento de lo que está pasando, y de que se incumplen leyes como la GIPSA, que establece el pago puntual por compra de ganado, se sigue 'premiando' a algunos agricultores con contratos millonarios como los de Educación.

Asimismo, expresó que si eventualmente las agencias federales emprenden una investigación extendida, como por ejemplo, hacia los comedores escolares y las carnes que se consumen ahí, podrían esperar otro tipo de acción legal en caso de que, como se alega, no estén cumpliendo con las disposiciones que aplican.

'Si el gobierno federal nota incumplimiento en algún proceso, por ejemplo en comedores escolares, esto repercutiría en sanciones serias (…) Esperaba escuchar a la secretaria de Agricultura pronunciarse, pero aquí nadie ha dicho nada. No se sabe si en la agricultura local, los van a multar, o si los van a investigar por lo menos', observó.

Hasta el momento, se ha informado que otros mataderos están en proceso de investigación por parte de las agencias federales, como por ejemplo el de Empacadora y Procesadora del Sur, de Carlos Cándido Rodríguez Alonso. Esta empresa actualmente enfrenta un caso por violaciones a la ley GIPSA.

Otros mataderos, adicionales al anterior, son: Hacienda Central en San Lorenzo, Hermanos Santiago en Yauco, Ganaderos Alvarado en Arecibo y el que actualmente fue cerrado, Ganaderos Borges en Naguabo.

NotiCel intentó comunicarse con algún empleado de este último tras su reapertura, pero nos informaron que no estaban autorizados a emitir expresiones.

En la fiscalía de Humacao el caso fue similar, pues indicaron que 'no ha llegado nada (de la investigación)' y aparentaban no tener conocimiento del incidente enNaguabo.

Empresa Pro-Sur y violación a GIPSA_3972