Desde que el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases, anunció esta semana que a partir del 1 de octubre de este año su oficina contará con una 'escuadra o grupo investigativo dedicado exclusivamente a las investigaciones de corrupción judicial', ha tenido que defenderse de múltiples ataques de quienes resienten la movida como una intromisión indebida en una rama de poder constitucional.

'El FBI va a ser bien agresivo al investigar todas las alegaciones de corrupción hasta las últimas consecuencias', sostuvo Cases, sin todavía dar más detalles sobre cómo se diferencian las investigaciones de corrupción judicial de otras pesquisas de corrupción. Pero información oficial del Departamento de Justicia federal revela más sobre los movimientos de este tipo de grupo investigativo.

Según la información oficial disponible, este tipo de grupo se maneja bajo la Sección de Integridad Pública de Justicia federal y, aunque no refleja estadísticas de casos altas, sus movimientos resultan impactantes.

De hecho, justo la semana pasada provocó titulares en Texas el que el exjuez estatal Abel Limas fuera sentenciado a seis años de cárcel federal tras encontrársele culpable de convertir su sala en una empresa criminal contínua al recibir pagos en efectivo por $257,000 a cambio de determinaciones judiciales. La evidencia del caso vino principalmente por interceptación de llamadas y fotografías encubiertas. Ante su convicción, el exjuez cooperó con las autoridades en otros cuatro casos relativos también al sistema de justicia en su estado.

Para el FBI, la corrupción judicial abarca 'jueces, jurados, y personal administrativo del tribunal, incluyendo secretarias, alguaciles, [y] oficiales de probatoria', según el material oficial. 'Esquemas de corrupción comunes incluyen pagos a personal judicial a cambio de la desestimación de cargos, reducción de delitos, fianzas, sentencias, relevos de multas, la devolución de propiedad incautada, y la concesión de condiciones favorables de probatoria', añade.

Para el jefe interino de la Fiscalía de Distrito de Bayamón, José Virella, sin embargo, el alcance de la corrupción en el sistema de justicia no es de la magnitud que se ha proyectado con este anuncio del FBI.

'En relación al anuncio que ha hecho el FBI, yo entiendo que cualquier iniciativa, siempre que sea coordinada con las autoridades locales en las que tengo entera fe, es bienvenida', fue la reacción inicial de Virella en entrevista con este diario digital.

'Sacar la manzanas podridas del sistema que, a mi juicio son pocas, es sumamente importante por lo que se trata esto. Si hay un sólo corrupto, que le caiga todo el peso de la ley y que lo saquen. Si hay dos lo mismo', sostuvo.

Virella dirige el ministerio público en la Región Judicial de Bayamón, a la que pertenecen el abogado defensor Ramón Negrón Colón y el fiador William Barreto, ambos arrestados por las autoridades federales por cargos de lavado de dinero relacionados con un caso criminal de asesinato que encaró en el foro local José Figueroa Agosto, mejor conocido como 'Junior Cápsula'.

'Yo entiendo que el tema de corrupción no es tan grande como parece. Lo que pasa es que hemos tenido noticias en estas últimas dos semanas de la remoción, desaforo de un juez y ahora el arresto de un abogado y un fiador. Yo puedo, por mi propia experiencia, decir que la mayoría de los abogados con los que yo litigio son personas decentes y tampoco puedo decir por el resultado de los casos que los jueces no lo sean también. Son personas justas', destacó el fiscal con 20 años de experiencia.

'Hay jueces de distintos temperamentos y, a veces, uno no está de acuerdo con la forma de decidir en situaciones específicas, pero de ahí a decirle que son corruptos, hay un trecho muy largo', sostuvo.

Virella se mostró preocupado por la proyección que están dando las autoridades federales de que hay corrupción en el sistema puertorriqueño de administración de la justicia.

'Si se pierde la confianza en la judicatura, se pierde todo honestamente. No podemos tolerar ningún tipo de corrupción, la más mínima que sea. El estándar que se les debe pedir a los jueces, abogados y fiscales es mayor en este sentido que al resto de la ciudadanía. Tiene que ser así… pero, en términos generales no creo que haya mucha corrupción aquí', insistió Virella.