Al hablar de 'salud' es difícil desligarlo de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estipulado como un derecho fundamental que tiene cada ser humano de poder obtener un servicio oportuno, aceptable, asequible y de calidad.

Cuando en el 2010 el presidente Barack Obama, logró que se convirtiera en ley el Affordable Care Act (ACA), medida que permite que todos los ciudadanos en Estados Unidos tengan un plan médico y restringe las prácticas abusivas de las aseguradoras, todo parecía indicar que se estaban dando los pasos correctos para implantar lo que ha defendido la OMS.

La Reforma de Salud Federal, mejor conocida como el Obamacare, tiene tres objetivos principales: reducir el número de ciudadanos sin seguro médico, disminuir los costos generales en la economía por los servicios de salud y aumentar la disponibilidad y acceso a los beneficios y protecciones para las personas aseguradas.

Pero los preceptos de la OMS pudieran quedar en el olvido en Puerto Rico, ante la manera distinta que aplicará el ACA para los territorios de Estados Unidos, y la falta de voluntad de la administración de García Padilla, de defender el derecho a la salud de los ciudadanos en el país, por encima de los intereses corporativos.

En Puerto Rico se estima que al menos 300 mil personas no cuentan con un plan médico, lo que el Gobierno y hasta las aseguradoras han tratado de justificar con planteamientos simplistas como que los que no tiene seguro es porque no quieren.

Tal aseveración se muestra totalmente desligada de la realidad económica que viven miles de ciudadanos que tienen que escoger entre pagar el techo donde viven y llevar comida a su mesa, a comprar un plan médico.

Son en su mayoría jóvenes profesionales a los que se les ha denegado los beneficios de Mi Salud, en algunos casos por justificaciones tan incomprensibles como que se exceden de unos $100 en sus ingresos anuales. Pero a la misma vez estos ciudadanos no cuentan con los recursos económicos para adquirir un plan médico y/o por su edad ya no pueden estar dentro de la cubierta familiar de sus padres.

Para estos jóvenes adultos, la idea de adquirir un plan médico a precios asequibles a través de un 'Health Insurance Exchange', resultaba ser el vehículo principal para poder lograr estar asegurados.

A Puerto Rico se le asignaron en el 2011 unos $917,205 para llevar a cabo la investigación y planificación necesaria para establecer un Exchange, y determinar el modelo apropiado de operación. Sin embargo, este diario supo que ese trabajo nunca se concluyó.

Tampoco la Isla aprovechó la oportunidad de solicitar unos fondos federales que estuvieron disponibles para ayudar a establecer la infraestructura de un Exchange por fase.

De otro lado, a través de ACA a la Isla se le han asignado $925 millones que podrían ser utilizados para ofrecer subsidios o créditos contributivos a los ciudadanos que quieran adquirir un plan médico o por el contrario el Gobierno pudiera optar por inyectarle los fondos al Programa de Medicaid, que se prevé enfrente un desfase para el 2016.

En un reciente conversatorio celebrado por la Junta Editorial de El Nuevo Día, Ricardo Rivera, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), aseguró que proyecciones de sus actuarios y economistas establecen que los fondos de Mi Salud durarán hasta el plazo del 2019. Este argumentó que estas proyecciones han tomado en consideración un aumento anual de un 5% en los gatos por utilización y un crecimiento poblacional de un 2% dentro de los beneficiarios de Mi Salud.

No obstante, a menos de una semana de que venza el plazo impuesto por el gobierno federal para que Puerto Rico ponga a correr el andamiaje de un Exchange Federalizado si así lo decide, y que se le dé inicio al periodo de suscripción garantizada de las cubiertas que entran en vigor en enero 2014, la administración de García Padilla, se inclina a no establecer un sistema para proveer subsidios a los ciudadanos, cuyo financiamiento estaba cubierto con los $925 millones.

El exsecretario del Departamento de Salud, el doctor Francisco Joglar, había argumentado que el tranque con el Ejecutivo para el Exchange Federalizado se trataba de que el Primer Mandatario todavía tenía preocupaciones en torno a aspectos de financiamiento.

A pesar de insistencias de este diario digital ni Rivera ni Ángela Weyne, comisionada de seguros, quisieron confirmar oficialmente que el Gobierno decidió no establecer el Exchange Federalizado.

Este diario supo que se espera que en o antes del 1 de octubre, García Padilla haga una conferencia de prensa para admitirlo oficialmente y explicar las razones, que al parecer van en la dirección de que los fondos disponibles por parte del gobierno federal lo que iban a permitir era otorgar subsidios 'ínfimos' per cápita.

Lo que está claro es que si al 1 de octubre, Puerto Rico no pone a correr un Exchange Federalizado, los $925 millones asignados a la isla, tendrían que ser usados para el programa de Medicaid, o sea Mi Salud.

La situación se torna complicada porque a Puerto Rico a

igual que otros territorios de Estados Unidos, no le aplica el mandato individual, que obliga a las personas a tener un seguro médico o de lo contrario se le imponen penalidades contributivas.

Tampoco aplica el mandato patronal para obligar a los patronos con 50 empleados o más, el que tengan que proveer un plan médico a sus empleados a partir del 2015. Ambas cosas pudieron haber sido legisladas localmente si la Administración lo hubiera querido.

Según expertos, en ausencias de los mandatos y de un Exchange, y ante las nuevas regulaciones que protegen a los ciudadanos de tener un periodo de suscripción garantizada, que entre otras cosas impediría a las aseguradoras denegar cubiertas por condiciones preexistentes, esto provocaría lo que se conoce como el fenómeno de suscripción o selección adversa.

En otras palabras, en la medida que las aseguradoras se vean forzadas a acoger pacientes riesgosos y se reduzcan las posibilidades de que personas consideradas 'saludables' y que al momento no están aseguradas adquieran un plan médico, las compañías de seguros pudieran optar por aumentar los costos de las primas.

De acuerdo a María Levis, experta en asuntos de salud, el Congressional Budget Office ha estimado que el costo de las primas pudiera incrementarse sobre un 15% a las actuales, en los lugares donde no se establezca un mandato individual.

El resultado final sería que se reducirá el número de personas aseguradas en la Isla, ya que no podrían seguir pagando sus primas, y la cantidad de personas sin plan médico iría en alzada.

Hay que recordar que la comisionada de seguros, Ángela Weyne, emitió una carta al Departamento de Salud Federal el pasado mayo, solicitando sin éxito el que se excluyera a la Isla de las disposiciones en torno a la suscripción garantizada.

En una entrevista reciente con este diario digital, el presidente de Triple-S Salud, Pablo Almodóvar, planteó que en Puerto Rico se prevé que aumente la cantidad de personas sin seguro médico entre un 3% a un 5%, debido a toda esta situación.

Las proyecciones que ha hecho la firma de actuarios, Oliver Wyman, es que las primas de los planes médicos pudieran sufrir un alza en los costos de entre un 15% a un 30%, dependiendo del tipo de póliza, dijo.

'El impacto más grande va a ser en la póliza individual, porque no trae el beneficio de farmacia. Y los Essential Benefits te obligan a incluir una cubierta de farmacia como parte de tu ofrecimiento, efectivo en enero del 2014', observó Almodóvar.

Para minimizar la baja de afiliados a raíz de la implementación de las disposiciones del Obamacare, Almodóvar, dice que Triple-S ha sometido a la OCS para su aprobación alrededor de una veintena de productos adicionales, que son acordes a las bases de tarifación establecidas por la Reforma Federal.

Weyne no quiso confirmar ni rechazar si la administración planean ingresar algunas de las personas no aseguradas dentro del plan de Mi Salud.

Tanto Levis como Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), han afirmado que aunque Puerto Rico no establezca un Exchange Federalizado para el 1 de octubre, posteriormente podría crear su propio sistema de subsidios, lo único que tendrían que asumir la responsabilidad de todo su financiamiento.

Si la Isla nunca establece lo que algunos han denominado como un 'Exchange Criollo', el costo de las nuevas tarifas estaría en manos de los acuerdos que lleguen la Oficina de la Comisionada de Seguros (OCS) con las aseguradoras, poniendo en consideración elementos que repercuten a las finanzas de dichas empresas, y obviando el foco principal del Obamacare, que es que todos los residentes en la Isla cuenten con un plan médico.

De hecho, aunque a la OCS se le asignaron millones de dólares para la revisión de tarifas, todavía estos no han culminado dicho trabajo.

Los pasos más concretos que ha hecho esta administración en torno al Obamacare se manifiestan en la aprobación de la Ley 55 y la Ley 69 del 2013.

La Ley 55 entre otras cosas diagramó lo que Obamacare ha impuesto a las aseguradoras en torno al ofrecimiento de cubiertas que tengan un 'Essential Health Benefits', entre los que están los servicios ambulatorios, servicios médico-quirúrgicos, servicios de emergencia, hospitalizaciones, servicios de maternidad y cuidado a niños recién nacidos, servicios de salud mental y/o abuso de sustancias controladas.

Mientras la Ley 69 estableció un periodo de suscripción garantizada que comenzaría el 1 de octubre del 2013 hasta el 31 de marzo del 2014.

De acuerdo a Ángela Weyne, comisionada de seguros, esta limitación en el periodo de suscripción garantizada, tiene como fin evitar el problema de la selección adversa, sin tener que legislar para establecer los mandatos que requerirían enmiendas al Código de Rentas Internas.

Otras salvaguardas que dijo se han establecido para evitar un incremento en el número de personas no aseguradas es lanzar una campaña efectiva de orientación a la ciudadanía, establecer que cualquier aumento en las tarifas de las primas de sobre un 10% tiene que contar con el aval de la OCS, y limitar la proporción de los fondos obtenidos por el pago de primas que las aseguradoras destinan para gastos administrativos y ganancias.

La Ley 69 también creó una Asociación que agruparía a las aseguradoras, permitiéndoles así distribuir el riesgo por cumplir con las disposiciones de Obamacare, y que ha levantado cuestionamientos en torno a las aseguradoras que podrían formar parte de su Junta de Directores.