La vista preliminar contra otro grupo de acusados criminalmente por el fraude electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo se pospuso en corte abierta luego que la defensa anunció que pedirá una reconsideración a un fallo adverso emitido la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones.

El juez superior de Bayamón, Alvin Rivera, accedió a la solicitud de la defensa, pero advirtió que el si el Tribunal de Apelaciones no paraliza los procesos la vista preliminar se realizará en las fechas ya separadas a esos fines que son: 30 de septiembre, 9, 26 y 29 de octubre.

El abogado defensor, Alexis Acevedo, dijo que el Tribunal de Apelaciones no entró en los méritos de sus argumentos sobre el principio de especialidad, de la Ley Electoral en este caso, y que sostuvo ante el magistrado que si el panel de jueces reconoce que aplica la ley especial y no el Código Penal, las acusaciones tendrían que ser desestimadas.

'También hay otra situación. Cuando se consolidaron los casos se atendió uno de los recursos y no los que nosotros radicamos que esbozamos lo mismo, pero bajo otro enfoque y así también lo entendió el juez porque él sabía por las mociones sobre nuestro enfoque. A esos fines, pues nosotros hemos decidido ir a recurrir en reconsideración', sostuvo fuera de sala otra abogada defensora, Ana Quintero.

Mientras, el fiscal Edmanuel Santiago, quien estaba preparado para desfilar la prueba, no presentó objeción a la posposición, toda vez que reconoce el derecho de la defensa a pedir la reconsideración.

No obstante, afirmó en que el ministerio público es quien tiene la razón, tal y como ha sido validado hasta el momento a nivel del foro de Primera Instancia y del Apelativo.

'Insistimos ya en varias ocasiones, de hecho el Procurador le contestó al Tribunal e Apelaciones, indicando que el principio de especialidad no aplica cuando las conductas (imputadas) no están cubiertas por la ley especial. Porque la ley se llame electoral y esto se da dentro de un contexto electoral no quiere decir que la ley automáticamente aplica, eso no es así. Si la ley no cubre por ejemplo un caso de asesinato que se dé dentro de un contexto electoral, pues entonces no puede quedarse impune simplemente porque la ley no diga o no mencione cómo se va a tratar un asesinato dentro de un contexto electoral, hay que recurrir a la ley general, que es el Código Penal', precisó el fiscal Santiago.

'Esa ha sido nuestra posición. El Tribunal de Apelaciones indicó que este no era el momento de entrar a hablar con respecto a eso, así que tendríamos que esperar a ver lo qué va a decidir ahora cuando ellos pidan la reconsideración', destacó.

El fiscal evadió contestar si la defensa podría prevalecer si llevan su reclamo ante el Tribunal Supremo, dominado por jueces nombrados bajo la pasada administración del Partido Nuevo Progresista.

'Nosotros no vamos a entrar en consideraciones políticas con respecto a la decisión de los jueces. Entendemos que el derecho es uno, sin entrar en política', destacó Santiago, quien adelantó que en caso del que el Apelativo falle a favor de la defensa, sería el propio ministerio público quien pediría una revisión al Supremo.

El jueves pasado, el Tribunal de Apelaciones declinó atender en esta etapa de los procedimientos la alegación de los imputados de que no se les puede encausar por delitos bajo el Código Penal de Puerto Rico, al amparo del principio de especialidad, y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para continuar con el procedimiento criminal contra los acusados. Se ordenó la celebración de Vista Preliminar en donde el foro primario determinará si existe causa para acusar a los peticionarios por los delitos imputados de perjurio, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos en violación a los Artículos 216, 219, 223, y 274 del Código Penal de Puerto Rico del año 2004.

Anteriormente, el juez Rivera, declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de los cargos contra el primer grupo de 29 acusados por el fraude electoral en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo.

Los 29 acusados enfrentan 110 cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia.

Hay otro grupo de 16 acusados cuyos casos son atendidos por el juez Pedro Saldaña, a quien la defensa también solicitó la desestimación de los cargos.

El presunto esquema de fraude consistió en que directores de dependencias municipales y empleados de nivel intermedio de Guaynabo visitaron urbanizaciones de clase alta de ese ayuntamiento para hacer un inventario de residencias de alquiler y que estuviesen a la venta para ser utilizadas fraudulentamente en las pasadas primarias del PNP.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, no fue acusado debido a que fue exonerado de toda responsabilidad por un comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó el fraude.

El informe, que contiene 183 páginas y un voluminoso anejo, señala que hubo 50 electores que cometieron fraude al realizar trasferencias ilegales de residencia para favorecer a ambos candidatos: Antonio Soto, el protegido de O'Neill y proclamado como vencedor; y el derrotado candidato, Ángel Pérez.