Las acusaciones contra 75 personas vinculadas al fraude en los procesos de solicitud del Seguro Social comprenden una situación tan grave que no se descarta que se puedan complicar los procesos para que los futuros solicitantes obtengan los beneficios del mismo, según lo explicó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez.

Las autoridades federales celebraron una conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana en la Fiscalía Federal en Hato Rey junto al agente de la Oficina del Inspector General del Seguro Social (SSA-OIG, por sus siglas en ingles), Edward J. Ryan y Carlos Cases, agente a cargo de la División de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles).

'Si algún día nos incapacitáramos y tenemos que ir a buscar seguro social les aseguro que va a ser doblemente difícil y esto es gracias a estos individuos que están cometiendo fraude irresponsablemente', puntualizó.

A esto, Ryan añadió que se va a crear una unidad encargada de investigar las solicitudes del Seguro Social desde que son sometidas para así detener desde el comienzo cualquier intento de fraude por parte de los peticionarios.

Y es que este operativo, según lo explicado por la fiscal, ubica a Puerto Rico como el territorio 'número 1 o 2 en la nación' estadounidense en tener un caso de fraude tan grande en el Seguro Social, en el que los acusados presentaron pruebas acerca de padecimientos falsos, tanto físicos como mentales.

Ryansentenció que esto puede ser un caso más 'intenso de lo que se esperaba', por lo que la investigación es 'la primera, pero no la última', mientras que Rodríguez Vélezaseguró que la misma no se ha detenido y que se esperan más arrestos en las próximas semanas.

Los cargos sometidos a los arrestados, entre los que se encuentra un fisiatra, un médico generalista y dos psiquiatras, además de un exempleado de las oficinas del Seguro Social y otros 71 beneficiarios, se dan tras dos años y medio de investigaciones por parte del FBI en conjunto con la SSA-OIG, pues ya los médicos involucrados en este operativo eran sospechosos desde hace algún tiempo tras haberse estudiado y analizado la documentación de ciertos patrones, que fueron sometidos por el FBI de San Juan y la Policía de Puerto Rico. También se realizaron numerosas entrevistas, ejercicios de vigilancia y otras actividades que no se pueden detallar por estar en proceso de investigación.

El caso más impactante es el de Samuel Torres Crespo, acusado que comenzó a realizar estos actos fraudulentos desde que era empleado en las oficinas del Seguro Social –empleo que tuvo por treinta años- y se le ocupó una cifra millonaria, tanto en varias cuentas bancarias como en propiedades, distribuidas de la siguiente manera: seis cuentas con $1.4 millones cada una, cuatro cuentas a nombre de familiares con $166,448 dólares, una cuenta con sobre $100 mil dólares a nombre de Carmen J. Quiñones, que es 'una amiga muy especial' del acusado -según dijo el Superintendente de la Policía, Héctor Pesquera-, dos autos Porsche, de los cuales uno fue propiedad del jugador de la NBA, Scotty Pippen; dos motoras Harley Davidson pagadas en efectivo, dos autos BMW, uno de ellos valorado en $85,900, otro auto Toyota Camry y un Toyota Yaris. En su residencia, además, le fueron ocupadas cuarenta carteras marca Louis Vuitton y múltiples relojes de marcas famosas.

Torres Crespo ayudaba a someter documentos que justificaban enfermedades o síntomas médicos no existentes con el fin de que los solicitantes obtuvieran los beneficios del Seguro Social, para lo que cobraba desde un 25% hasta $6,000 del pago retroactivo hecho por la agencia a sus beneficiarios.

Se informó, además, que los doctores acusados hasta el momento, Wildo Vargas, Rafael Miguez Balseiro y Erica Rivera Castro, recibían de $150 a $500 dólares por someter reportes médicos fraudulentos a las oficinas del Seguro Social.

Los demás acusados, que recibieron ilegalmente los beneficios del Seguro Social, enfrentan cargos por la recepción de $2.1 millones de dólares en total. Todos se exponen a penas de hasta 5 años por cada cargo y no se ha descartado que dentro de las mismas oficinas del Seguro Social haya más personas involucradas en este esquema de fraude.

Rodríguez Vélez también dijo que hay 5 acusados con dependientes menores de edad, a los que evidentemente no se va a juzgar, pero que sí, podrían verse afectados una vez se les retire los beneficios.

'Las personas que saben que están cometiendo estas violaciones, los médicos que están cometiendo estas violaciones, por favor, llámennos y dígannos que están haciendo, si sus vecinos o familiares lo están haciendo. Les va a convenir más que esperen dos o tres semanas y que los tengamos que ir a arrestar', expresó la fiscal.

Asimismo, Ryan aprovechó para exhortar a la comunidad a denunciar cualquier acto de fraude o personas involucradas en este tipo de delito a la línea de la SSA-OIG, al 855-777-0821 o al 1-800-269-0271.