La contralora Yesmín Valdivieso divulgó el lunes un informe de auditoría que revela 16 hallazgos que incluyen deficiencias en las operaciones fiscales y desviaciones en el control y la administración de los fondos públicos en el Municipio de Villalba.

La auditoría contempla el periodo entre el primero de agosto de 2007 y el 30 de junio de 2010 bajo la administración del exalcalde, Waldemar Rivera Torres, quien fue nominado para ser juez.

El resumen de los hallazgos del informe M-14-05, incluye posible apropiación de fondos públicos por una persona ajena al municipio; déficits presupuestarios en los fondos operacionales del municipio así como sobregiros; compras de bienes y servicios sin solicitar las cotizaciones requeridas, compras adjudicadas a licitadores que no fueron los mejores postores y la inclusión de marcas particulares de equipos en las especificaciones de una compra.

Por otro lado, el documento señala transferencias de crédito entre partidas presupuestarias contrarias a la ley y otras irregularidades y pagos por adelantado a un promotor contratado para la producción de espectáculos artísticos. También se señalan cuentas por cobrar atrasadas por patentes municipales y otros arbitrios.

Deficiencias relacionadas con la preparación de las conciliaciones bancarias y con los cheques; incumplimiento de la ley sobre el envío de contratos a la Oficina del Contralor y fondos asignados por la Legislatura que no fueron depositados en una cuenta bancaria especial, también figuran en los señalamientos de la contralor.

Además se mencionan deficiencias relacionadas con la composición de la Junta de Subastas y con las actas y expedientes de subastas; falta de facturas, certificaciones y otros documentos e información en comprobantes de reembolsos; así como préstamo de equipo pesado a otro municipio sin un acuerdo escrito y sin la aprobación de la Legislatura Municipal.

Entretanto, otras irregularidades contenidas en el documento son la falta de controles en las operaciones de los almacenes y el garaje municipal; funciones conflictivas realizadas por una empleada municipal y expedientes de personal incompletos; falta de fiscalización por parte de la Unidad de Auditoría Interna y recursos económicos en fondos especiales y en cuentas bancarias con saldos inactivos.