El portavoz del Partido Independentista en la Asamblea Municipal de San Juan, Adrián González, denunció el domingo que la Legislatura de la capital ha aprobado una 'versión aguada' de un proyecto de sindicalización para empleados municipales que los pone en una posición debil y hasta criminaliza el derecho a huelga.

El proyecto de ordenanza permite a los empleados municipales seleccionar un representante exclusivo para negociar sus convenios colectivos con el Municipio, pero González recalcó que la medida es una copia aguada de la fallida Ley 45 de 1998 de sindicalización de empleados públicos.

La medida, cuya copia no estuvo disponible pese a múltiples pedidos de NotiCel, fue aprobada con el respaldo de la mayoría de los legisladores municipales del Partido Popular Democrático (PPD) y el rechazo de las dos delegaciones de minoría, el viernes. El domingo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, celebró una conferencia de prensa donde sostuvo que la misma es un 'paso de justicia social y de avanzada' y precisó que la ordenanza obliga a los empleados que no quieran afiliarse tendrán que pagar comoquiera el 50% de la cuota que se establezca, según medios de prensa.

'Lo peor que tiene es que criminaliza el derecho a la huelga e incluso hacer expresiones a favor de otros empleados gubernamentales que estén en huelga', reaccionó González en declaraciones escritas.

Al igual que la referida ley de sindicalización, la versión capitalina impide a los empleados negociar beneficios de retiro, lo cual dijo fue lo que puso un tropiezo a la clase trabajadora al aprobarse la Ley 3 sobre reforma del sistema de pensiones de los empleados públicos.

Además, González dijo que la ordenanza municipal faculta al Municipio a escoger los mediadores cuando medie un tranque entre el sindicato y el patrono en cuanto al convenio.

'Crea la figura del 'Comisionado de Asuntos Sindicales'. Básicamente, esta persona tendrá la última palabra en cuanto a certificación de los sindicatos, descertificación, y otros asuntos serios. Esta persona será seleccionada por la Alcaldesa y ni siquiera pasará su nombramiento por el cedazo de la legislatura municipal. En resumen crea unos súper poderes al municipio que ponen a los trabajadores y trabajadoras en una posición débil frente al patrono,' dijo González.

El PIP favorece la sindicalización 'pero bien hecha, no a medias ni en perjuicio de los trabajadores,' declaró.