El expresidente de la Cámara de Representantes, Jose Aponte Hernández, refirió al Secretario de Justicia federal, Eric Holder, la contratación por parte de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) del cabildero Charles R. Black, debido al posible uso ilegal de fondos públicos.

Aponte Hernández además exigió que se revisen todas las gestiones realizadas por Black hasta el momento, muy especialmente aquellas vinculadas al asunto del estatus político de la Isla para identificar si promovió una agenda contraria a la expresada por los votantes el pasado noviembre.

Según el líder estadista, el caso contra PRFAA y su contratación del conocido cabildero congresional, surge luego que el propio director de dicha dependencia admitiera en una entrevista con un diario que la función de Black es ‘promover la política pública del gobernador y la Legislatura que rechaza que la estadidad haya ganado el plebiscito de estatus de noviembre'.

'Los records indican que PRFAA contrato a Black y su firma, Prime Policy Group, para cabildear a favor de los intereses de Puerto Rico. Aunque el uso legítimo de cabilderos es parte del proceso legislativo de nuestra Nación, estos no pueden ser usados contra la voluntad del pueblo, especialmente cuando existen unos resultados oficiales de ese deseo. El pasado noviembre, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico votaron en un plebiscito oficial por la opción de la estadidad. La contratación de Black para hacer gestiones en contra de esta voluntad es inmoral e ilegal', señaló Aponte Hernández mediante un parte de prensa.

De acuerdo a la Oficina del Contralor, PRFAA otorgó el 3 de julio un contrato (número 2014-AF0001 por la cantidad de 300,000 dólares) a Black para gestiones de ‘servicios legales'. El mismo tiene una vigencia de seis meses.

El representante novoprogresista envió la pasada semana senda carta al titular de justicia federal solicitándole una pesquisa de los contratos y acciones del cabildero republicano.

En la carta, el expresidente cameral indicó a Holder que, como el principal fiscal de los Estados Unidos, él tiene la responsabilidad de iniciar una investigación sobre el alegado uso de recursos del estado para ir contra los intereses del pueblo, especialmente porque PRFAA tiene acceso a varias asignaciones federales a través de diversos programas.